Colombia
Marisol Rojas, cónsul de Colombia en Londres, fue destituida por no cumplir con los requisitos necesarios para el cargo
A través de sus redes sociales, la exfuncionaria agradeció a todos los colombianos por el apoyo brindado durante su labor.
Este sábado, 11 de noviembre, se dio a conocer la decisión de la sección quinta del Consejo de Estado, que determinó la destitución de Marisol Rojas Izquierdo, como cónsul general de Colombia en Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Este hecho se dio por obra del magistrado Omar Barreto, quien anuló el decreto 211 de 2023, que avalaba el nombramiento de la funcionaria, pero se vio frustrado, tras conocerse que Rojas, no cumplía con los requisitos necesarios para ejercer el cargo.
Cabe mencionar, que Rojas ya se había trabajado para el Estado, cuando hizo parte de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de la Alcaldía de Bogotá. Además, es bastante cercana al presidente de la República, Gustavo Petro, pues durante el acto de posesión presidencial, fue ella, quien se encargó de la jefatura de protocolo.
“A mis queridos Connacionales solo les puedo dar gracias por la acogida y el gran trabajo que hemos adelantado desde @consuladoloncol. Siempre he sido una profesional y en mis más de 20 años al servicio de los colombianos he sido responsable y comprometida con mi trabajo”, fue el pronunciamiento de la exfuncionaria para sus compatriotas en este país.
Y añadió: “Un trabajo enfocado a la transformación de vidas, de frente contra la corrupción y entregada a la construcción de esa paz tan anhelada y necesaria para nuestro país”.
A mis queridos Connacionales solo les puedo dar gracias por la acogida y el gran trabajo que hemos adelantado desde @consuladoloncol . Siempre he sido una profesional y en mis más de 20 años al servicio de los colombianos he sido responsable y comprometida con mi trabajo. https://t.co/iZMRu96TsP
— Marisol Rojas I (@M_RojasI) November 11, 2023
Los 100 nuevos puestos de la Cancillería
decreto que publicó la Cancillería, en el que se muestra que el ministerio creará más de 100 nuevos cargos: “Es necesario modificar la planta de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, con la creación de nuevos empleos para satisfacer las necesidades actuales de recurso humano, para cumplir con sus funciones y competencias”, señala el documento.
Los empleos estarán a disposición de Álvaro Leyva y es firmado por él mismo, además del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del director del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Augusto Manrique. Esos nuevos cargos van desde la contratación de profesionales universitarios de grado 1 hasta auxiliares de Misión Diplomática de grado 26.
También, el documento señala que esos nombramientos se dividen en tres áreas: la primera, el Despacho del Ministro de Relaciones Exteriores; el segundo, el Despacho de jefes de misiones diplomáticas, y el tercero, oficinas consulares y la Planta global. En la primera habría 24 nuevos cargos, en la segunda 36 y en la última 65.
¿Y los pasaportes?
El Ministerio de Relaciones Exteriores y la multinacional Thomas Greg & Sons se verán las caras el próximo 30 de noviembre, en una audiencia que se llevará a cabo en la sede de la Procuraduría General, donde se discutirá la decisión del gobierno de decretar desierto el proceso de licitación para la elaboración de pasaportes que ganó la compañía.
A la mesa de negociación llega Thomas Greg con la pretensión de que la Cancillería revoque la resolución que declaró desierta la licitación pública que la multinacional ganó, pese a ser la única oferente.
Para Thomas Greg en caso de que el Ministerio de Exteriores no cese en su intención de dejar sin piso la licitación, espera el pago de $107 mil millones por “la vulneración a sus intereses y derechos”, dado que ganó la convocatoria.
La multinacional, que durante varios años se ha encargado de la impresión de los pasaportes de los colombianos, sostiene que la Cancillería incurrió en “actuaciones administrativas ilegales y falsa motivación en las resoluciones 7485 y 7540 al no existir situaciones que impidan una escogencia objetiva del adjudicatario y como consecuencia no había lugar a la declaratoria de desierta”.
El Ministerio Público advirtió de eventuales “fallas” en el proceso para la estructuración de las compañías seleccionadas para quedarse con un contrato que bordea los $600 mil millones.
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