Miembros del Congreso de los Pueblos realizan, nuevamente, bloqueos en varios puntos de Bogotá

Bogotá volvió a ser escenario de bloqueos viales por parte de los miembros del Congreso de los Pueblos, quienes por segundo día consecutivo se han movilizado para exigirle al gobierno hacer frente a la grave crisis social y humanitaria que atraviesan diversas regiones del país.

En la mañana de este miércoles, 5 de junio, los protestantes bloquearon la carrera 15, entre calles 35 y 37, cerca de la sede de la Nunciatura Apostólica, lugar que de hecho se tomaron ayer. Asimismo, obstaculizaron la carrera octava, entre calles 12b y 12c, en sentido norte-sur, generando afectación vial en la calzada. Punto en el que está ubicado el Ministerio del Interior.

Por su parte, las autoridades de las Secretarías de Gobierno y Movilidad ha hecho presencia en el lugar para controlar la situación. Además, recomendaron tomar la carrera 10 para evitar el congestionamiento.

Sin embargo, Bogotá no sería el único punto donde el Congreso de los Pueblos ha hecho presencia, pues de acuerdo con el medio Red+, los indígenas y campesinos que forman parte de este colectivo también se tomaron dos entradas de la refinería de Barrancabermeja, donde cuentan con el apoyo de la Unión Sindical Obrera (USO), informó.

El sur del departamento del Cauca, exactamente en la vía Panamericana, también es punto de protesta. De hecho, se instalaron hasta cambuches en ese lugar.

Según Red+, en la vía Quibdó-Pereira, en jurisdicción de Tabor, Chocó, también se sumaron a la denominada ‘Movilización Nacional por la Vida’, igual que en el departamento del Cesar, entre Aguachica y Pailitas, en la Troncal de Oriente.

¿Qué es lo que exigen?

Un comunicado de la organización el Congreso de los Pueblos señaló que los manifestantes le exigen al Gobierno Nacional el cambio en la doctrina de la seguridad nacional, el desmonte del paramilitarismo que con sus crímenes afecta a varios territorios del país y mecanismos urgentes de protección de líderes sociales y demás comunidades del país, que siguen siendo asesinados pese a que el presidente Petro prometió en campaña darles una mejor seguridad.

“Comunidades de distintas regiones del país ejercemos el derecho constitucional a la movilización y la protesta social para ser escuchados y exponer ante el Gobierno, en representación del Estado, un pliego de negociación que recoge el sentir de la población colombiana, que ha sido afectada por el genocidio en curso”, anotó uno de los párrafos del comunicado.