Por 'cartel de enfermos mentales', condenan a exgobernador de Sucre, Julio César Guerra

La Contraloría condenó este lunes al exgobernador de Sucre, Julio César Guerra Tulena, a devolverle al Estado 2723 millones de pesos dentro de un caso de corrupción conocido como el 'cartel de enfermos mentales'.

Según un comunicado de la Contraloría, el exgobernador "fue encontrado responsable fiscal por haber firmado y autorizado pagos por $2398 millones a la Clínica de Rehabilitación Nuevos Amaneceres de Sucre" con documentación falsa en casos ocurridos entre septiembre de 2014 y diciembre de 2015.

Además, dice la Contraloría, "nunca se practicaron los tratamientos facturados a enfermos mentales y personas con drogodependencia".

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El caso se originó por pagos irregulares efectuados por la Gobernación de Sucre a empresas de salud que presentaban documentación falsa y no se corroboraba la existencia de los pacientes y los tratamientos que supuestamente recibían.

El fallo también alcanza, en forma solidaria, a los exsecretarios de salud de Córdoba Nayibe del Carmen Padilla y Efraín de Jesús Suárez, a seis funcionarios y contratistas de esa misma dependencia y al propietario y representante legal de la Clínica de Rehabilitación Nuevos Amaneceres de Sucre, Ernesto González.

En la investigación, el propietario de la Clínica confesó el montaje que se hizo para lograr estos pagos, cómo inventó pacientes y cómo "contrató un psiquiatra con un título en Argentina sin homologar para que falsificará la firma de un colega y avalará así la supuesta atención a los enfermos mentales".

Las irregularidades que dieron lugar a la investigación penal se detectaron tras una auditoría que practicó la Contraloría para conocer la inversión de recursos de la salud pública.

Por ello, la Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías resolvió los 11 recursos de reposición interpuestos contra el fallo y confirmó la decisión de implicar al exgobernador por el uso indebido de recursos de salud destinados a atender a población vulnerable.

El proceso de responsabilidad fiscal contra Guerra Tulena lo abrió la Contraloría en octubre de 2017, fecha en la que advirtió que de ser encontrado "responsable fiscal" el exgobernador tendría que responder con su patrimonio por haber sido el representante del departamento en el momento en el que ocurrieron los hechos.