Por retrasos en contratación del ICBF se podrían afectar más de 1 millón de niños, alerta la Procuraduría

Las demoras en la contratación de los servicios del Programa de Primera Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) tienen en riesgo a por lo menos 1.2 millones de menores en el territorio nacional que esperan su continuidad.

Las alertas las prendió la Procuraduría luego de un barrido hecho por distintas zonas del país evidenciando los graves problemas que enfrenta la entidad con los procesos de selección de operadores, suscripción de contratos y el inicio en la ejecución de los mismos, lo que ha generado graves inconvenientes a los derechos de los niños, niñas y madres gestantes.

Durante las diligencias de seguimiento, el organismo de control ha observado la falta de planificación y capacidad del ICBF para implementar el nuevo modelo de contratación del servicio y los desafíos que esto implicaba, mostrando una brecha significativa frente a la importancia que requiere la continuidad del Programa de Primera Infancia.

La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública también verificó que, desde finales de 2023, el ICBF debería haber avanzado considerablemente en los procesos de contratación. Sin embargo, esto no ocurrió y, por el contrario, empeoró la situación al no tener un plan alternativo para garantizar la prestación del servicio.

Un ejemplo claro de la preocupante realidad se observa en el departamento de la Guajira, donde al menos 44 mil menores de la comunidad Wayúu están sufriendo la ausencia del Programa de Primera Infancia. Este programa incluye educación inicial, alimentación nutritiva, apoyo a las familias, entornos seguros y espacios para los niños y madres gestantes.

La incertidumbre aumenta y genera gran preocupación para el ente de control al conocer que de 1.325 zonas ofertadas para que el ICBF presté sus servicios, a corte del 26 de febrero de 2024, se han declarado desiertas 240 zonas y de las restantes que resultaron elegidas ni siquiera se han suscrito los respectivos contratos ni se ha iniciado la ejecución de estos.

Ante el preocupante panorama, el ente de control instó nuevamente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF- a que agilice la contratación de los servicios en pro de la defensa los derechos de la población infantil.

Grave denuncia de la Directora del Icbf sobre corrupción y falsificaciones dentro de la entidad

Mediante varios mensajes en su cuenta de X, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Astrid Rodríguez, denunció que existen varios hechos de corrupción dentro de la entidad que incluyen incumplimientos de contratos, falsificación de documentos y hasta pagos indebidos.

Según explicó la directora, los hallazgos se dieron tras la realización de una auditoria forense a la contratación realizada junto a la secretaria de transparencia del gobierno nacional.

Se encontraron que se pagaron nóminas por valores más altos pagados a los colaboradores, esto sumado a que muchos de estos contratos presentan incumplimientos en cuanto al número de niños atendidos, según los cupos otorgados y pagados.

“En algunos contratos adjudicados años atrás, existían proyectos que se debían ejecutar en un lapso específico, lo realizan en menor tiempo, evitando así el pago a proveedores; sin embargo, se materializaba el cobro al instituto como si se hubiese hecho en el tiempo establecido”, explica Cáceres.

Adicionalmente, se habría encontrado presunta documentación falsificada en la revisión de los documentos con la finalidad de soportar experiencia de los operadores que atienden a la primera infancia.

“Encontramos contratos de operadores que tristemente han tenido mayor cantidad de casos de muertes de niñas y niños asociados a la desnutrición. Con estas instituciones, el ICBF ha dejado de contratar, promoviendo el control a la veeduría ciudadana. Además, organizaciones o fundaciones con contratos para la atención de la niñez que han tenido relación directa con clanes políticos”, reveló la directora general.