Reforma a la salud: agremiaciones, exministros y pacientes le piden al gobierno de Gustavo Petro retirarla

El lunes 15 de mayo, un grupo de 62 actores, entre ellos exministros, pacientes, usuarios, entre otros, expresaron su preocupación frente al actual proyecto de la reforma de la salud del presidente Gustavo Petro.

Por medio de una declaración que firmaron usuarios; la comunidad Bethemitas; el presidente de la Andi, Carlos Felipe Escobar, y líderes de opinión pública, como el exministro Fernando Ruiz y Alejandro Gaviria, presentaron fuertes argumentos en contra de este proyecto que hoy cursa en el Congreso, por lo que exigen retirarla.

“Se solicita respetuosamente al Gobierno nacional, el retiro del Proyecto de Ley 339 de 2023 y que, atendiendo la invitación del Señor Presidente Gustavo Petro, de construir las reformas entre todos, se convoque a una gran mesa nacional para un debate amplio, con la indispensable evidencia técnica y científica, con la participación ciudadana y de las organizaciones del sector salud, que no sea un mero formalismo” (sic), aseguran.

Asimismo, en medio de sus declaraciones, añadieron que no es claro que la reforma a la salud contribuya al progreso en el Derecho fundamental a la salud, pues, en cambio, “pone en riesgo los avances adquiridos en el goce efectivo del derecho a la salud, entre ellos, la libertad de escogencia por parte de los ciudadanos de su asegurador”.

Por su parte, el exministro de Salud Ernesto Samper y embajador de Colombia ante la Unesco, Augusto Galán, dio a conocer otros argumentos con los que piden retirar el proyecto de ley.

1. La reforma a la salud que propone el Gobierno no resuelve los problemas de cobertura y acceso que se presentan en los territorios. Fragmenta y desarticula los niveles de atención, afecta su integralidad, no garantiza la continuidad de los tratamientos de los pacientes y elimina la función de agencia para el paciente, lo cual se traducirá en barreras de acceso para la población.

2. Dispersa funciones de agenciamiento y gestión integral de riesgos en diversos agentes públicos. Crea así confusión en los roles y las responsabilidades frente a los pacientes y el sistema, por lo que no garantiza la sostenibilidad financiera del sistema y, por el contrario, rompe la protección financiera que para el Estado significa la unidad de pago por capitación (UPC).

3. Esta reforma tiene un modelo de pago que combina el subsidio a la oferta, el pago por servicio y la capitación. Así, no tiene en cuenta mecanismos de contención apropiados y con enorme riesgo de desborde presupuestal.

4. No contempla una arquitectura institucional articulada y eficiente. Esta reforma a la salud genera múltiples instancias que aumentan la burocracia en el sector y exponen el sistema a la politización y al uso inapropiado de los recursos con los consiguientes riesgos para los pacientes derivados del tráfico de influencias.

5. Este proyecto de ley defiende la necesidad de adoptar un modelo preventivo de salud, pero la compleja operación del sistema que propone no garantiza mejores resultados en prevención y promoción de la salud.

6. Conduce a la estatización total del sistema, al concentrar la mayor parte de sus funciones en las entidades públicas y desaparece por completo el aseguramiento en salud, para transitar hacia un sistema público de salud. Desconoce que el sistema de salud, en consonancia con el artículo 48 de la Constitución Nacional, ha constituido una gran alianza publico privada, que ha contribuido a acrecentar los niveles de atención y calidad con los que cuentan la mayoría de la población colombiana.

7. Propone el manejo centralizado de los recursos en el ADRES, institución que ha manifestado no contar con las capacidades ni la infraestructura para responder por toda la operación financiera y gestión administrativa del sistema. Adicionalmente, crea fondos cuenta regionales, con estructuras burocráticas asociadas, que exponen al sistema a una falla del servicio, que se traducirá en pérdida de vidas.

8. Desincentiva la participación privada en la prestación de los servicios, desconoce los esfuerzos en calidad, avance tecnológico, formación del talento humano en salud e inversión, que ubican a Colombia en un lugar destacado de oferta hospitalaria de excelencia.

9. Elimina la función de gestión de riesgo en salud y riesgo financiero que soporta el sistema en la actualidad y desconoce la labor de agencia que esta función implica para los pacientes, como es la conformación de las redes y su eficiente contratación, al igual que las gestiones tan complejas como el reconocimiento y pago de prestaciones económicas. El tránsito que propone hacia la creación de “Gestoras de Salud y Vida” no es nada distinto que el lento marchitamiento de las EPS que hoy cumplen esa primordial función.

10. Los cambios propuestos por la reforma generan incertidumbre e inestabilidad laboral para más de cien mil trabajadores y trabajadoras del sector salud.

11. No presenta las reglas claras para un eventual período de transición que proteja los avances adquiridos por los pacientes y usuarios en el goce efectivo del derecho a la salud y garanticen las prestaciones a las cuales hoy tienen acceso.