Transparencia por Colombia crítica el decreto de los lineamientos de la Estrategia Nacional de lucha contra la corrupción

Transparencia por Colombia (TPC) criticó el decreto de estrategia contra la corrupción, contemplado en el artículo 200 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, Potencia Mundial de la Vida” del Gobierno de Petro.

“La Estrategia debería consolidarse como el instrumento clave para organizar y coordinar las acciones de transparencia y lucha contra la corrupción en el país y para brindar una ruta de trabajo para los diferentes estamentos institucionales en los próximos años. Sin embargo, al materializarse por decreto, esta tendrá competencia solo para las entidades de la rama ejecutiva”, afirmó TPC.

Precisamente el artículo 200 del Plan Nacional de Desarrollo tiene como propósito “fortalecer las Instituciones democráticas y el Estado Social de Derecho, garantizar la protección de los derechos humanos, proteger los recursos públicos, generar condiciones adecuadas para el desarrollo socioeconómico y proteger el Medio Ambiente”.

“Es pertinente que el Decreto que reglamenta la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción contemple esta orientación”, reafirmó TPC.

La corporación a través de un comunicado oficial, también resaltó la importancia de establecer una lucha contra la corrupción en el país, pues el decreto constituye una oportunidad para fortalecer los procesos de prevención, investigación y sanción de la corrupción, lo cual conlleva un fortalecimiento democrático, del Estado Social de Derecho, la mejora en la provisión de bienes y servicios públicos, así como la garantía de los derechos humanos.

Sin embargo, con el fin de aportar en la construcción de la estrategia, TPC presentó los comentarios al Proyecto de Decreto “Por medio del cual se establecen los lineamientos de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción y se reglamentan las subcomisiones de la Comisión Nacional de Moralización”.

De acuerdo con TPC, no es posible abordar la complejidad de la corrupción en las tres ramas de poder a través de un decreto. Por ello, “es importante aprovechar el instrumento para dar una visión y organización a los esfuerzos para combatir el fenómeno desde la rama ejecutiva”.

Considerando lo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo, y en aras de contribuir a la articulación de los esfuerzos del Gobierno para luchar contra la corrupción, según Transparencia por Colombia, el Decreto debería contemplar:

• Medidas específicas que contribuyan a mitigar el impacto de la corrupción en los derechos humanos (Ej. medidas de reparación y garantías de no repetición).
• Medidas sobre las dimensiones la garantía de los derechos humanos, la protección al denunciante, el derecho al acceso a la información pública, el fortalecimiento de la veeduría ciudadana, la transparencia en la contratación y la gestión pública, la innovación pública y la implementación de mecanismos dirigidos a prevenir, detectar, gestionar y sancionar riesgos y hechos de corrupción bajo un enfoque sectorial.
• La vinculación del DNP en el monitoreo y seguimiento de la implementación de la Estrategia.
• Medidas de fortalecimiento institucional ni recursos adicionales para la implementación de las responsabilidades asignadas a las distintas entidades.
• Actividades, objetivos e indicadores para la implementación de la Ley 2195 de 2022 en materia de daño y reparación de los afectados por actos de corrupción.
• Medidas de pedagogía para la promoción de la participación ciudadana para la transparencia y lucha contra la corrupción.
• Mecanismos para el seguimiento y control de los recursos públicos administrados mediante fondos o patrimonios autónomos.