A propósito de las polémicas acciones de la Fiscalía, ¿está politizada la justicia?

Decir que la politización de la justicia ha estado siempre presente en la historia de nuestro país no es una exageración: el 7 de noviembre de 1828, el general Rafael Urdaneta, elegido a dedo como juez único para el caso por el propio Simón Bolívar, sentenció a pena de muerte al vicepresidente de la República de entonces, el general Francisco de Paula Santander, acusado sin pruebas de haber planeado el atentado que sufrió ‘el Libertador’ un par de meses antes.

Como recuerda el abogado Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, finalmente la condena fue conmutada por el destierro, lo que llevó a Santander a exiliarse entre 1829 y 1832 en Europa y Estados Unidos. Sin embargo, dice, es “el caso más aberrante” y tal vez el primero en el que la utilización de la justicia ha tenido fines políticos en el país.

En efecto, recalca el analista Jairo Libreros, profesor de Ciencia Política de la Universidad Externado, en el caso de los personajes del mundo político la justicia no es imparcial, un fenómeno global de vieja data y que vulnera la legitimidad de las instituciones públicas y de la democracia.

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“En la última década la administración de justicia ha sido utilizada en el ámbito penal y constitucional como un mecanismo de ajuste de cuentas entre rivales políticos que compiten por un mismo cargo o como un seguro a futuro, entre quienes eventualmente se van a enfrentar en la arena política en los siguientes años o décadas. Y su impacto negativo es más relevante en épocas electorales”, manifestó.

Y es que la contienda por llegar a la Casa de Nariño en 2022 comenzó a calentar motores y nuevamente las polémicas por actuaciones judiciales que parecieran tener tintes políticos fueron protagonistas esta semana con varios casos que tienen al rojo vivo el debate en la opinión pública nacional.

Precisamente, uno de los que ha causado más revuelo estos días es la sorpresiva imputación de cargos que anunció la Fiscalía General de la Nación contra el excandidato presidencial Sergio Fajardo, por su presunta responsabilidad en irregularidades en un contrato de sustitución de deuda que suscribió en 2013, siendo gobernador de Antioquia.

El penalista Bernate calificó de “absurdo” el anuncio de la Fiscalía contra Fajardo e indicó que es “un ejemplo de la politización y del mal uso de la justicia”, pues los hechos en sí mismos no revisten la característica de un delito. “Creo que estamos frente a un error muy grave, así como ocurrió con la detención del gobernador Aníbal Gaviria”, señaló.

En entrevista con El País, Fajardo dijo al respecto que “naturalmente eso no es agradable, pero yo hice el propósito en la vida de no dejarme atrapar en la idea de que la justicia en Colombia actúa con intereses políticos”.

Otro caso es el del expresidente Álvaro Uribe Vélez, un proceso judicial que le adelantan por los delitos de soborno y fraude debido a la presunta manipulación de testigos que habría ejercido su exabogado Diego Cadena sobre algunos exparamilitares.

Sobre el particular, las opiniones son encontradas, pues mientras algunos han criticado la labor del fiscal Gabriel Jaimes acusándolo de no indagar debidamente a Uribe, ni tener en cuenta las pruebas de la Corte Suprema de Justicia en su contra, otras voces han defendido la actuación del ente acusador.

El exvicefiscal General de la Nación, Guillermo Mendoza Diago, recordó que la Fiscalía es solo una de las partes del proceso y que la decisión final la toman los jueces, quienes dan su veredicto sobre la base de pruebas.

“La Fiscalía lo que está haciendo es una propuesta, una solicitud, está pidiendo una preclusión. Si el juez acepta la solicitud porque la encuentra sostenida, sustentada, razonable, pues decretará preclusión. Pero eso tiene segunda instancia, de manera que, en últimas, quien tiene la decisión pudiera ser el Tribunal Superior de Bogotá, entonces ahí hay unos controles muy claros”, sostuvo.

En ese orden de ideas, Mendoza Diago consideró que decir que la justicia en Colombia está politizada “no es apropiado y no corresponde a la realidad”, pues la Rama es muy amplia y dentro de ella se encuentran organismos cuya eficacia e integridad no están en duda, como lo son la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura, entre otros.

Sin embargo, otros políticos piensan distinto, como es el caso del senador Armando Benedetti, quien fue notificado hace un par de semanas sobre la citación a indagatoria que le hará la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, a través de la magistrada Cristina Lombana, por un presunto enriquecimiento ilícito.

Sobre ello, Benedetti escribió el miércoles en su cuenta de Twitter: “Lo que hace Cristina Lombana muestra su desespero, su ignorancia y su locura. Desde hace 2 años ha investigado a 300 personas cercanas, lleva más de 100 testigos en 7 radicados y no ha encontrado nada. Estoy muerto civilmente. Ella no me está investigando está buscando un delito”.

El abogado Miguel Ángel del Río, defensor las víctimas del caso contra el expresidente Uribe pero también abogado de Benedetti, sostuvo que la de Lombana es “una persecución infame” que tiene “más de trasfondo político que jurídico. No le perdonan que haya llegado al petrismo”.

Al respecto, el exprocurador General de la Nación, Jaime Bernal Cuéllar, aseguró que en ocasiones se abren indagaciones preliminares sin elementos suficientes de juicio. “Y, además, se hace protagonismo por parte de las autoridades cuando abren estos procesos, porque son procesos que dan publicidad y con ellos se pretenden demostrar la eficacia de la justicia”, puntualizó.

¿Cómo ‘blindar’ la justicia?
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Son muchos los cambios que se deben impulsar en la Rama Judicial de cara a tener una justicia más sólida y transparente en Colombia, de acuerdo con los expertos. Bernal Cuéllar aseguró que la politización de la justicia se ha dado, en gran parte, por el mecanismo de elección de los altos funcionarios.

El jurista señala que en el proceso “hay una intervención de partidos políticos para seleccionar a las ternas de quienes vayan a ocupar cargos en órganos de control, en las mismas cortes y en la Fiscalía General. En consecuencia, ese sistema de elección exige de los candidatos campañas intensas, hablando con representantes políticos, con los grupos que orientan la opinión del país, hacen que la persona que llegue ahí ejerza su función, pero con sesgos políticos”.

Con ello estuvo de acuerdo el expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, quien sostuvo que es necesario impulsar una reforma para que “los fiscales sean elegidos mediante estricto concurso de méritos e independientes del Gobierno”, escribió en su Twitter.

Sin embargo, enfatiza el profesor Libreros, difícilmente avanzará en los meses siguientes una reforma a la justicia. “Ya entramos en época de candidaturas presidenciales. Y pocos estarán interesados en impulsarla, porque consideran que ese tema realmente es un asunto de programa de gobierno”, dijo.

Polémica propuesta sobre tutelas
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Otra decisión que está causando revuelo es la que denunció en su columna de Razón Pública el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Eafit, Esteban Hoyos, quien indicó que el Ministerio de Justicia tiene listo un decreto para que las tutelas dirigidas contra el Presidente de la República vayan al Consejo de Estado en primera instancia.

“Hoy en día estas tutelas conciernen a los Tribunales Administrativos, Tribunales Superiores del Distrito Judicial y en algunos casos a los Jueces del Circuito o con igual categoría”, explicó Hoyos, quien sostuvo que pareciera que el presidente Duque “está escogiendo a su propio juez y dictando decretos en beneficio propio”.

Al respecto, en entrevista con Blu Radio, el ministro de Justicia Wilson Ruiz defendió la legalidad del decreto y señaló que lo que se busca es que “un juez de menor jerarquía no entre a tumbar decisiones de autoridades del orden nacional".

“Cortes son confiables”
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Como una excepción a la regla calificó el penalista Francisco Bernate el llamado ‘Cartel de la toga’, uno de los casos de corrupción en la justicia más polémicos de los últimos años en Colombia y que desde 2017 hasta la fecha ha dejado más de 50 capturados, entre exmagistrados, excongresistas, abogados y exgobernadores. El hecho más reciente ocurrió hace dos semanas, cuando el exmagistrado Francisco Ricaurte fue condenado a 19 años de prisión.

“En nuestro país prima una justicia proba, convencida, que trabaja con las uñas”, aseguró. “La credibilidad que tienen las altas cortes no está en entredicho”, agrega el exvicefiscal Mendoza.

“Mientras no se haga un cambio estructural para que no se debatan los procesos en los medios de comunicación sino en los juzgados, se seguirá perdiendo la confianza en la justicia”.
Exprocurador Jaime Bernal Cuéllar.