Altos cobros por ampliación de la Avenida Cañasgordas crean malestar en el sur de Cali

Inconformes se encuentran los residentes de la Comuna 22, en el sur de Cali, que fueron afectados con el cobro de valorización estructurado para financiar la ampliación de la Avenida Cañasgordas entre el puente del río Pance y la glorieta de Alfaguara, debido a los altos costos registrados en las notificaciones que están llegando desde hace un par de semanas a sus viviendas.

Cabe recordar que la Gobernación del Valle busca mejorar este corredor ampliando a tres carriles en cada sentido y los puentes vehiculares existentes en la calzada oriental de la vía. También se instalará alumbrado público y se construirá una glorieta intermedia en la vía. En total, para la obra se requieren $127.014 millones, por lo que la Administración Departamental determinó el cobro por valorización a 24.325 propietarios de predios situados en torno a la Avenida Cañasgordas.

De acuerdo con los moradores de ese sector del Sur, los cobros están llegando por sumas que oscilan entre $15 millones hasta $70 millones. Además, advierten no estar de acuerdo con la ampliación de este corredor, pues consideran que esto puede incrementar la demanda de vehículos en la zona, complicando aún más la movilidad del sector.

Jorge Silva, habitante de ese sector de la ciudad, manifestó que “en el Sur nadie ha pedido la ampliación de la vía. Esto es algo que ideó la Gobernación, pero esa obra y lo que se está cobrando va en contravía a la comunidad”.

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Entre tanto, Luisa Rodríguez, residente del sector de La Viga, dijo que los cobros “son exagerados y hasta alevosos, porque a la gente se le está facturando por $19 millones o $40 millones el aporte para la obra, sin siquiera tener en cuenta si tienen la intención de pagar. Aquí solo empezaron a cobrar sin explicar cómo entre dos casas iguales le están cobrando más a una que a la otra y tampoco han socializado la obra”.

Liliana Zapata, residente de la Avenida del Banco, fue enfática en señalar que “a pesar de los altos impuestos que pagamos, estos no se han reflejado en una mejor infraestructura de vías o servicios públicos para la comunidad de esta zona. Y ahora, en lugar de solucionar las urgencias que tenemos, quieren cobrar valores desmedidos por una obra de la que no recibimos beneficios”.

En ese sentido también se expresó Martha Atehortúa, líder del sector de La Viga, quien resaltó que “esta es una obra que desvaloriza los predios en lugar de generar valor, porque lo que se va a hacer es ampliar solo un tramo, no toda la vía, esto crea una congestión de carros que no va a tener por dónde salir y se va a empeorar el tráfico en la zona, donde ya hacer un trayecto corto puede demorar hasta una hora y media. Invertir nuestros recursos en una obra que nos va a perjudicar no tiene sentido”.

Atehortúa añadió que “los costos que se están notificando no se compadecen con la realidad de la gente o de las condiciones de la obra, porque en principio se tenía estimado que la obra costaba $78.174 millones y después se hizo una ordenanza en la que incrementaron el valor de la obra casi en $50.000 millones y se dejó en $127.000 millones; además, se incrementó el porcentaje de administración de la obra al 29 %, que es muy alto para costos de administración”.

Ante las quejas de los contribuyentes, el subsecretario Técnico de Valorización del Valle, Gustavo Roa, indicó que si bien anoche se realizó una reunión con representantes de la comunidad de Pance para explicar el modo de financiación, los costos de la valorización y la pertinencia de la obra, las objeciones deben presentarse de manera formal y con documentación que sustente los reclamos.

“Estamos prestos a atender una a una las inquietudes de la comunidad porque esta es una obra prioritaria para el Departamento. Sin embargo, el espacio jurídico que tienen los reclamantes, una vez notificados y por un mes, es interponer el recurso de reconsideración contra el acto administrativo; esto daría pie para que la Administración, en caso de que se pruebe un error, haga una reconsideración o reliquidación de una contribución, de manera individual”, dijo Roa, quien resaltó que una vez se presenten dichos recursos, el Departamento cuenta con dos meses para dar respuesta.

El Subsecretario de Valorización del Valle explicó que para las liquidaciones se tuvieron en cuenta cinco variables técnicas: la clasificación económica del predio, la densidad, el uso del suelo, la cercanía del predio a la obra y el estrato.

“No podríamos decir que una finca de 3000 metros cuadrados con una casa con acabados de lujo y con un avalúo catastral de $1500 millones va a pagar lo mismo que un apartamento que sea vecino, tenga 300 metros cuadrados y tenga una destinación residencial. Las connotaciones físicas del predio hacen que las contribuciones oscilen entre uno y otro”, afirmó Roa.

El funcionario añadió que “en los casos de las casas de condominio y cuya conformación externa es idéntica, y que llegaron notificaciones por valores distintos hay que decir que el avalúo catastral no lo determina el Departamento, sino la Administración Municipal de Cali y el Igac, en el caso de Jamundí, teniendo en cuenta las características internas de la vivienda y eso lleva a variaciones en el tributo”.

Las facturas, según cálculos de la Gobernación, comenzarán a llegar a los predios entre enero y febrero del 2019. La primera fecha de corte para pagar la contribución será el 30 de abril del 2019.

La factura se podrá pagar de tres formas: de contado, plan 50 y por cuotas.

Las personas que paguen de contado antes del 30 de abril tendrán un descuento del 10 %; quienes opten por el plan 50 y paguen el 50 % del valor total antes del 30 de abril, tendrán un descuento del 5 % y el 50 % se distribuiría en 59 cuotas mensuales. Por cuotas se divide el valor en 60 pagos.

La obra actualmente está en licitación y se espera que finalizando este año sea adjudicada e inicie en enero del 2019.