Así fue como se destapó el secreto a voces del contrabando en Buenaventura

La noticia se regó como pólvora por toda Buenaventura y durante semanas fue de lo único que se habló en cada rincón del puerto.
Entre los meses de julio y agosto del 2018 fueron asaltadas tres viviendas en los barrios San Luis, Bellavista y La Fortaleza, coincidencialmente habitadas todas por funcionarios de la División de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian.

Aunque no se conoce el monto del millonario robo, porque además las víctimas no denunciaron por no tener cómo justificar ese dinero, sí recuerdan varias de las personas consultadas la algarabía que vino después.

“Se metieron a las casas de unos funcionarios de la Dian como buscando guacas; casi las tumban. Cuentan en el barrio Juan XXIII que fueron muchachos los que lo hicieron y que sacaron maletines de dinero; luego andaban todos comprando moto, hubo un almacén que vendió todas las que tenía, y las mujeres haciéndose lipo. Fue una locura”, dice un periodista consultado.

Una fuente judicial aseguró que “los que no compraron motos BWS se fueron para Chile” y que tras esos robos a empleados de la Dian se elevaron las sospechas de los investigadores, quienes en 2017 habían recibido la denuncia de un importador de que Ómar Ambuila, Rubén Riascos y Éver García integraban una red que facilitaba el contrabando desde China.

Por eso en Buenaventura las capturas de la semana pasada no sorprendieron a nadie, cuenta un exfuncionario de la entidad. “La única sorpresa ante las revelaciones de la Fiscalía fueron las excentricidades de la hija de Ambuila, que terminó siendo el foco de atención de los medios”.

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“La vida le saca a uno tarjetas amarillas y tarjetas rojas; yo le mandé a decir a Ómar hace un año que a Dios gracias le habían sacado tarjeta amarilla cuando se mencionó que hacía parte de una red, que se cuidara que lo están investigando por todo lado y que le estaban buscando la caída a él y a Éver, pero no hizo caso. Lo que creo es que esto es una mafia tan poderosa que no se pudo salir”, dijo la fuente.

De la peligrosidad de estas organizaciones dan fe los hechos recientes de violencia como el ocurrido a Claudia Gaviria, exdirectora de la Dian y quien fue enviada en agosto del 2017 a Buenaventura para luchar contra las redes criminales del contrabando.

Tres meses después de su llegada, y tras iniciar su lucha contra este flagelo, su camioneta fue atacada a tiros en pleno centro de la ciudad. Por fortuna salió ilesa del atentado, pero debió salir de Buenaventura cuando recién iniciaba investigaciones contra algunos de sus funcionarios.

La cita del pasado miércoles estaba pactada para las 4:00 p.m., pero la fuente no llegó. Media hora después le marcamos para saber la razón: “Estoy cerca, pero yo no voy hasta que no se lleven el carro de El País porque para mí puede ser peligroso”.

Diez minutos después aparece la exfuncionaria de la Dian y suelta una frase contundente: “La corrupción de los últimos años en la Alcaldía de Buenaventura, con cuatro alcaldes presos, es un hazmerreír comparada con la corrupción dentro de la Dian”.

Aseguró la fuente que las personas capturadas son gente que no tiene mucho poder. “Son mandos medios porque los grandes están ocultos. Aquí están los peones, pero las torres y los alfiles están en Bogotá”.

“Si Ómar habla se cae muchísima gente porque esto es una red muy grande; no hay forma de que él se caiga solo. Yo creo que su vida corre peligro porque en esta red de corrupción hay gente de Control de Carga, de Importaciones y de la Policía Fiscal y Aduanera, Polfa, porque el contrabando tiene gente a todo nivel”, asegura.

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Denunciaron también las fuentes consultadas el supuesto “monopolio” administrativo en la Dian, “cuyos cargos ocupan son las esposas y familiares de capitanes de la Armada y de algunos oficiales de la Polfa, lo que evita tener un control más efectivo al ingreso y salida de carga del país”.

El País intentó hablar con las directivas de la Dian y la Polfa, pero la respuesta es que solo se pronuncian desde el nivel central, pero desde Bogotá tampoco hubo respuesta.

También bajo reserva de identidad, un especialista en intermediación aduanera indicó que “lo triste para Buenaventura es que los chanchullos se hacen en Bogotá o en el exterior, y aquí solo queda la estigmatización”.

“Hubo un caso en el que empleados de seguridad ingresaban droga en la plantilla de las botas para enviar a Manzanillo, en México. También una grabación donde el teniente Gustavo Adolfo Rojas, exjefe de la sala de análisis, le ofrece $300 millones a otro oficial para que deje entrar un contenedor con droga. Se habla de la Dian, pero la Polfa no está limpia”, asegura.

Conoció El País que actualmente se investiga a una veintena de funcionarios de la Dian y la Polfa por hechos como incautaciones y decomisos que se habrían hecho y no fueron reportados todos a sus superiores.

“También hay casos de supuestas donaciones a la Armada de elementos decomisados y que aparecieron luego esos productos en el mercado informal”, dice una fuente.

En lo que coinciden todos, es que el contrabando es un problema nacional, no solo de Buenaventura y que Ambuila es la punta del iceberg.

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Por más que se ha querido tener a oficiales de la Armada al frente de la Dian, no ha sido posible eliminar la politiquería en la entidad.

“Son oficiales administrando puertos, pero ellos deben ir al Congreso a hacer lobby para ascender y terminan negociando los puestos con los congresistas”, dijo una fuente.

Aseguran en Buenaventura que con la captura de Ómar Ambuila y Emilson Moreno se afectó el financiamiento de tres precandidatos
a la Alcaldía.

De donde más entran contenedores ‘envenenados’ es de Colón, en Panamá, y de Los Ángeles, en EE.UU.

La captura de Ómar Ambuila por presunto favorecimiento al contrabando no es un hecho aislado en su carrera en la Dian.

La Unidad Investigativa de El País conoció parte de su documentación interna y su historia laboral, en la que se relaciona otro hecho que debió sortear este contador público con especialización en derecho aduanero por presunta actuación irregular.

Los hechos se remontan al 24 de junio del 2004 cuando Ambuila se desempeñaba como inspector en el Grupo de Importaciones de la Dian y fue comisionado para adelantar la inspección física de una mercancía que llegó al puerto de Buenaventura.

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Luego de que Ambuila hizo el procedimiento y avaló el ingreso al país de la mercancía, se encontró en un operativo de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), en Medellín, que algunos de los productos no correspondía a los descritos en la declaración, se decomisaron y se señaló a Ambuila de incurrir en una omisión en los procedimientos aduaneros correspondientes.

La documentación relacionaba “artículos de higiene o de tocador, de plástico y palillos plásticos” y se determinó que la mercancía objeto de levante por parte de Ambuila no correspondía a la descrita en la declaración, procedente de Taiwán, y que estaba en el país de manera ilegal.

Según los documentos del proceso interno disciplinario, revelados en la audiencia del 18 de abril del 2007 en Bogotá, Ambuila, quien labora en la Dian desde diciembre de 1992, habría incurrido en “una prohibición y en falta gravísima, comportamiento que al parecer constituye falta disciplinaria conforme a lo establecido en el artículo 23 del Código Disciplinario Único”.

No obstante, dice el fallo, “y a pesar de que la mercancía aparentemente cobijada con la declaración” fue aprehendida y decomisada por no corresponder a la que fue declarada e importada, y que era la misma que ingresó en el contenedor, el funcionario de Control Interno de la Dian que adelantó el proceso decidió absolverlo.

De acuerdo con el fallo, “este Despacho considera que esta serie de indicios no le permiten concluir con firmeza y absoluta seguridad que Ambuila violara el régimen aduanero y que ante las dudas de su proceder “se debe dar aplicación al principio rector de la presunción de inocencia”.

“El problema es que este es un proceso disciplinario de yo con yo”, aseguró una fuente bajo reserva de identidad e indicó que “pese a todos los señalamientos contra funcionarios de la Dian, nunca esos procesos disciplinarios internos prosperan. Va uno a mirar luego cuando son capturados por la Fiscalía y se da cuenta que ya había indicio claro de lo que venía haciendo”.

Envío de mercancía
La red empieza a operar desde el exterior, donde consiguen facturas por valores inferiores para evadir impuestos.

Gran parte de la mercancía llega bajo la modalidad FOB (Free on Board), que significa que el vendedor responde hasta que entra a territorio aduanero colombiano.

Con la naviera solo llega el manifiesto de carga y una documentación precaria, mientras en tierra los funcionarios aduaneros ya tienen los datos exactos de la mercancía que deberán dejar pasar.

En suelo colombiano
Tan pronto ingresa a Colombia el contenedor ‘envenenado’, como se conoce a los vagones que traen el contrabando, el manifiesto queda en poder de la división de Comercio Exterior de la Dian.

Esta dependencia es la encargada de realizar la preinspección y la inspección a través de dos grupos: Control Carga, el cual se encarga de realizar la preinspección del contenedor y el grupo de Importaciones que es el más importante y el que realiza la revisión a fondo.

Grupo Control Carga
Esta era el área que dirigía Ómar Ambuila y se encarga de tomar los manifiestos de carga, en una etapa en la que aún no hay documentos colombianos.

Su papel era el de decidir, a ojo, qué contenedor abrir para preinspeccionar si coincide la mercancía que trae con lo que dice el manifiesto de carga que está ingresando al país. Es un control básico el que hacía Ambuila y por eso se habla de una red compleja para lograr que el contrabando pase los niveles siguientes.

Legalización de carga
Entre tanto las sociedades de intermediación aduanera realizan la digitalización del BL, la factura, los permisos y toda la documentación reglamentaria y el sistema les liquida el arancel y el IVA.

Con la subfacturación, contenedores que deben pagar $100 millones o $150 millones de impuestos, lo que les liquidan son pagos de $10 millones ó $15 millones.

El mismo sistema les ordena inspección física al contenedor o levante automático, según unos parámetros y van al grupo de Importaciones.

Grupo Importaciones
El jefe del grupo asigna a un inspector a dedo para realizar las inspección que a su criterio considere. Porcentualmente, lo normal es que de cada cien contenedores se revisen diez. Este grupo puede sacar, incluso, la totalidad de la mercancía y revisar si existe un doble fondo.

Sin embargo, la red debe contar también con el favor de inspectores y jefes para que firmen el levante automático o lleve el visto bueno de revisión por inspección y el contrabando pase al siguiente y último nivel ante la Policía Aduanera.

Inspección de la Polfa
Para que el contenedor ‘envenenado’ logre su propósito y salga a la calle, debe evadir el control posterior de fiscalización ante la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa).

Se supone que en este punto la Polfa puede detener el contenedor en el muelle y fuera de él hasta Puente Tierra, en Loboguerrero, donde acaba su jurisdicción.

Sin embargo, la decisión de revisar los contenedores también se hace de forma aleatoria y cuando todo está arreglado, dicen los expertos, los abren, los revisan y pasan sin que nadie vea nada.

Marzo del 2017. La Fiscalía General de la Nación detuvo a 19 personas, entre ellas varios funcionarios de la Dian y la Polfa, quienes hacían parte de una red de contrabando que operaba entre Colombia, Estados Unidos y China.

Los funcionarios fueron descubiertos mientras se realizaba una operación contra el lavado de activos del narcotráfico y salió a relucir que hacían parte de una organización de contrabando de textiles que realizó peraciones ilegales por cerca de US$130 millones.

Junio 7 del 2018. La Fiscalía capturó a seis funcionarios de la Dian y otros tres exfuncionarios de la entidad por favorecer una red de contrabando, quienes venían recibiendo dádivas para permitir el ingreso ilegal de mercancía a una de las mayores redes de contrabando en 2013, por un valor superior a los $2600 millones.

Los miembros de la banda al ser capturados, revelaron los nombres de las personas que venían favoreciendo el contrabando con la alteración de registros y cantidades de productos para evadir impuestos o ingresar de manera oculta al país.

Junio 27 del 2018. Fue capturado Cesar de Jesús Gómez Zuluaga, alías Risaralda, quien prestaba sus servicios de ingreso de mercancía ilegal a Colombia a través del Puerto de Buenaventura.

La organización se dedicaba al ingreso al país de mercancías tales como bisutería y juguetes bélicos procedentes de China y Panamá.

De acuerdo con la Fiscalía, miembros de la Dian en Buenaventura habrían favorecido este red dedicada al contrabando y que ingresaba hasta seis contenedores semanales, cuyas ganancias ascendías a más de $430.000 millones.

Marzo 5 del 2019. La Fiscalía capturó a Salim Ricardo Yamhure, representante legal de Imetex Ltda, quien habría recibido exenciones en el pago de impuestos y aranceles, luego de simular durante once años el ingreso de materia prima al país para fabricar textiles que eran exportados como productos nacionales.

Yamhure habría evadido tributos al ingresar unas 19.000 toneladas de telas por Cartagena, Barranquilla y Buenaventura procedentes de Panamá, Hong Kong y China.