CIDH, una Comisión entre las polémicas y tensiones

Desde 1959, cuando la OEA creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en forma conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instalada en 1979, su papel no ha estado ajeno a polémicas por sus informes y por el sesgo político que algunos analistas interpretan en sus funciones y anuncios.

La Comisión está integrada por siete miembros independientes y su sede está ubicada en Washington, Estados Unidos. Desde allí, el organismo promueve la observancia y la defensa de los Derechos Humanos y sirve como órgano consultivo de la OEA.

En ese marco, una comisión de trabajo de la CIDH visitó varias ciudades de Colombia entre el 8 y el 10 de junio, para recolectar información sobre la violencia registrada en medio del paro nacional que empezó el 28 de abril.

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Como resultado de esa indagación, esta semana la Comisión presentó 41 recomendaciones en un polémico documento que no cuestionó, por ejemplo, dicen politólogos, los bloqueos y el vandalismo que perjudicó a millones de personas en ciudades como Cali.

Sin embargo, Carlos Arévalo, jefe del Departamento de Derecho Internacional de la Universidad de la Sabana, señala que las recomendaciones de la CIDH no son de obligatorio acatamiento por parte de los países miembros ni tampoco vinculantes y que no implican sanciones si los gobiernos no las tienen en cuenta.

Subraya de que “en caso de que los países no cumplan con sus obligaciones internacionales, la Comisión está facultada para llevar los casos más graves ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y transformarlos hacia procesos judiciales”.

La CIDH recomienda medidas para los países miembros de la OEA para garantizar mayor acceso a la justicia, a la vez que evalúa el impacto de los conflictos armados internos, la vulneración de los Derechos Humanos de los niños y las niñas, las mujeres, los trabajadores migrantes, los defensores de Derechos Humanos, los pueblos indígenas, los presos políticos, los afrodescendientes y la población LGBTI, entre otros aspectos.

Los denuncias documentadas ante el organismo se consignan en informes anuales o extraordinarios sobre la situación particular de cada país. Muchos pasan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (con sede en Costa Rica) para la adopción de sentencias y medidas provisionales.

El internacionalista Mauricio Jaramillo explica que la Comisión está integrada por siete personas postuladas por los países miembros, quienes escogen un secretario general.

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Es así como la actual junta directiva de la CIDH está conformada desde el 15 de marzo del 2021 por la abogada chilena Antonia Urrejola Noguera, en calidad de presidenta, mientras la peruana Julissa Mantilla Falcón es la primera vicepresidenta y la jurista brasileña Flávia Piovesan se desempeña como segunda vicepresidenta.

Además, la secretaría general fue asumida el pasado 3 de junio por la mexicana Tania Reneasum Panszi, siendo la primera mujer escogida para ese cargo en la historia de la Comisión.

Sin embargo, su escogencia no estuvo exenta de controversia. En mayo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se vio envuelto en críticas, incluso desde la ONU, al oponerse a la reelección del brasileño Paulo Abrao, a quien acusó de “favoritismos e irregularidades en concursos laborales y acoso”. Abrao negó los señalamientos.

Los demás miembros de la CIDH son: Margarette May Macaulay, Esmeralda Arosemena de Troitiño, Joel Hernández García (quien fue su último presidente) y Stuardo Ralón.

En calidad de secretaria ejecutiva adjunta de Peticiones y Casos está Marisol Blanchard. El relator especial para la Libertad de Expresión es Pedro Vaca (colombiano) y la de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales es Soledad García Muñoz.

Venezuela y Nicaragua, en los últimos años, han sido los países más críticos de la CIDH, tras no aceptar las violaciones a los DD. HH. que representa detener a opositores.

En su larga trayectoria, la CIDH ha asumido investigaciones sobre violaciones de Derechos Humanos en casi todos los países latinoamericanos. De hecho, desde 1961 ha realizado 102 visitas in loco (en el sitio).

El politólogo Jaramillo recuerda el caso de Venezuela, donde emitió medidas cautelares en favor del líder opositor Leopoldo López, sobre un supuesto proceso de corrupción que se le seguía. “Eso llevó a que el Gobierno de Nicolás Maduro, y en su momento el de Hugo Chávez, tuviera choques con la Comisión, a la que consideran como muy complaciente con la oposición”.

Y todo empeoró cuando, en 2020, el presidente Maduro impidió que una delegación de la CIDH visitara el vecino país, por lo que la misión atendió las denuncias y los testimonios de víctimas en plena frontera. Sin embargo, uno de los hechos más graves sucedió en 2015, cuando el Gobernante chavista quiso expulsar a mil colombianos, tras marcar sus casas y acusarlos de instigar hechos contra su mandato.

En Colombia, agrega Jaramillo, en cuanto a la Comisión se recuerda el caso presentado por Gustavo Petro, luego de que el exprocurador Alejandro Ordoñez lo destituyera de su cargo como alcalde de Bogotá.

Finalmente, la CIDH dictó medidas cautelares en favor del hoy senador.

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En 2018, el presidente Daniel Ortega expulsó de Nicaragua a funcionarios de la Comisión que adelantaban un monitoreo por denuncias de violaciones a los Derechos Humanos durante varias protestas.

Sin embargo, desde entonces el organismo ha seguido recibiendo denuncias, al punto que el viernes condenó las detenciones de tres líderes campesinos y dos estudiantiles, que se suman a la captura de cinco precandidatos a la Presidencia, líderes y lideresas de la oposición, defensoras de Derechos Humanos, empresarios y periodistas independientes.

Asimismo, en 1998 la Comisión realizó una visita a Perú que coincidió con la época en la que Alberto Fujimori buscaba su reelección, en medio de acusaciones sobre ejecuciones de estudiantes y niños. El caso llevó a que el hoy expresidente fuera extraditado en 2007 desde Chile, donde se refugiaba.

“Perú es el país que lleva más casos ante la CIDH e igual han hecho México y todas las naciones de Centroamérica”, resalta el internacionalista Carlos Arévalo, al apuntar que “siempre en sus informes hay un grado de polémica por su naturaleza no vinculante”.

Son, asimismo, recordados los informes de la Comisión luego de las visitas a Argentina en 1979 y a Chile en 1974 para comprobar violaciones a los Derechos Humanos. No obstante, dichos informes fueron censurados por las dictaduras de dichos países.

Al respecto, Enrique Prieto, politólogo e internacionalista, afirma que “los países que más se han opuesto a la CIDH son lógicamente Venezuela y Nicaragua, donde hay dictadores”.

En México, el hecho más controvertido fue la desaparición de los 43 estudiantes en el estado de Guerrero, y ha habido casos similares en El Salvador, Guatemala, Honduras, Ecuador y Bolivia, amén de que hoy la Comisión sigue investigando violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante las protestas que duraron 108 días en Chile en el 2020.

El analista Enrique Prieto dice que Colombia no debe ser puesta al mismo nivel de otros países, ya que sí ha avanzado en el respeto a los Derechos Humanos.

A raíz del polémico informe de la Comisión sobre Colombia, algunas voces han pedido que el país se retire de ese organismo. Sin embargo, muchos consideran que esa decisión sería apresurada y tendría un costoso impacto.

Sobre el particular, el analista John Mario González, afirma que “la salida de Colombia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos puede ser apresurada, pero Colombia sí debe propiciar una discusión con otros países sobre hasta qué punto la CIDH y la Corte han sido cooptadas por ONG y grupos radicales de izquierda”.

Lo anterior, anota, “porque además el sesgo de la Comisión condena su efectividad. En varios países no los dejan ni entrar y pretenden justificar su burocracia con informes sesgados”.

A su turno, el analista Enrique Prieto opina que “es un paso apresurado, ya que Colombia pertenece a la OEA y eso fue lo que trató de hacer Hugo Chávez cuando creó el ALBA. Además, sería contradictorio, pues en 1949 Colombia fue precursora en la protección y formación de líderes de Derechos Humanos bajo la Convención de Bogotá”.

El politólogo Carlos Arévalo recuerda que incluso Ecuador llevó ante la OEA una propuesta muy fuerte para reducirle el presupuesto a la CIDH, la cual no prosperó. “Un retiro de Colombia de la CIDH no es recomendable”, sostiene.