MINISTERIO DE HACIENDA
¿Cómo afecta a los colombianos la caída de la Ley de Financiamiento?
Entre noviembre y diciembre se abrirá de nuevo el debate tributario en el país y se teme que se presenten cambios.
La Ley 1943 de Financiamiento introdujo grandes cambios para las empresas: redujo el impuesto de renta, implementó descuentos por la adquisición de activos, creó estímulos para las inversiones de economía naranja.
Al mismo tiempo, estableció un gravamen extraordinario al patrimonio, permitió la normalización de activos para las personas que tenían bienes sin declarar, aumentó las tarifas de renta para personas naturales y creó una sobretasa bancaria, entre otros cambios al sistema tributario nacional.
Todas estas medidas quedaron en vilo esta semana con la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible esta norma por fallas en procedimientos. Sin embargo, el Alto Tribunal indicó que para no crear caos en el país la Ley tendrá vigencia este año, pero si no se aprueba otro proyecto antes de que termine el 2019, los cambios que introdujo esa reforma tributaria no tendrán validez.
El Gobierno anunció que actuará rápidamente, “vamos a llevar la misma iniciativa, tenemos el convencimiento de que saldremos fortalecidos institucionalmente”, dijo el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.
Sin embargo, hay muchas voces con temores. “Personalmente no tengo tranquilidad alguna, pues veo bastante compleja la situación ante un Congreso que difícilmente irá hacia la aprobación de una nueva ley en condiciones similares a las que tiene la que ha caído”, comentó Luis Hernando Franco, presidente de la firma Murgueitio Asociados.
Se teme que al reabrir el debate tributario se generen nuevos cambios en materia de impuestos. Este año un millón de colombianos más pagaron renta (3,2 millones) y de la discusión en el Congreso podría salir cualquier otra medida.
Para los empresarios la principal consecuencia del fallo de la Corte Constitucional es la incertidumbre jurídica porque en este momento no se sabe qué reglas tributarias regirán en el 2020.
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Al respecto Julio César Alonso, director del Centro de Investigación en Economía y Finanzas, Cienfi, de la Universidad Icesi, considera que el tema de la inestabilidad jurídica puede verse desde varios puntos de vista.
“En el ámbito internacional pueden ver esta situación no como incertidumbre sino como una muestra de que en Colombia las normas deben cumplirse sin importar de donde vengan y que los altos tribunales están para validar eso. La lectura a nivel internacional no es tan catastrófica”, expresó.
Por esto algunos analistas aseguran que el precio del dólar no sufrió grandes movimientos esta semana y, por el contrario, terminó a la baja. “Creemos que a pesar de que fue un golpe político y a la gobernabilidad del presidente Duque, el mercado tiene otras prioridades en este momento, tampoco habría un efecto en el corto o mediano plazos”, dijo Julián Cortés, analista macroeconómico de Alianza Valores.
Aún así gremios y empresarios le han pedido al Gobierno y al Congreso que aceleren la presentación del nuevo proyecto de reforma tributaria. “No tener un marco jurídico claro genera inestabilidad entre los inversionistas, lo que frena el crecimiento de la economía nacional y el empleo”, dijo Daniel Vásquez Franco, presidente de Fedelonjas.
De igual forma, Esteban Piedrahíta, presidente de la Cámara de Comercio de Cali, aseguró que para mantener la senda de crecimiento que ha traído el país, es necesario contar con reglas de juego claras, por lo que “es indispensable aprobar con urgencia una nueva Ley de Financiamiento que brinde herramientas al Gobierno, confianza y estabilidad a inversionistas y demás actores de la economía”, expresó.
El directivo también destacó que “evacuar este tema en el menor tiempo posible es importante para poder encarar discusiones de fondo, necesarias para el crecimiento del país, como son las reformas laboral y pensional”.
Por ahora los analistas consideran que la caída de la Ley de Financiamiento tiene unos impactos menores en las empresas, en los colombianos y en las finanzas del país, sin embargo, sí podría haber perdedores y ganadores con el nuevo proyecto que presentará el Gobierno a finales del mes.
¿Quién pierde?
Las empresas pueden ser perdedoras con la caída de la Ley de Financiamiento porque esta les otorgó rebajas en el impuesto de renta del 33 % al 30 %. Julio César Alonso, director del Cienfi, considera que será difícil que en el nuevo proyecto se mantenga ese mismo nivel de reducción en renta. “Creo que se mantendrían los estímulos a la inversión como poder descontar el IVA por la compra de activos productivos, medida que se ha aplicado este año, pero no creo que se logre la misma rebaja del impuesto de renta que se avaló en 2018”, dijo.
Por el contrario ganaría el sector financiero porque es posible que la sobretasa bancaria no sea incluida en el nuevo proyecto.
Los líderes del sector habían protestado porque la reducción en renta no contaba para los bancos.
Menos impuestos
Las personas naturales serían en parte ganadoras, pues la Ley de Financiamiento aumentó las tarifas de impuesto para quienes tienen mayores ingresos ( del 33 % al 39 %).
“Esta fue una ley más progresiva y afectó a los colombianos de ingresos altos, si nos devolvemos al sistema anterior los hogares con mayores recursos no tendrían que pagar una renta tan alta”, explicó Alonso.
Según analistas, posiblemente los estímulos tributarios a la economía naranja sigan y no tengan oposición en el Congreso, lo mismo que el Régimen Simple que permite que las pequeñas empresas paguen tributos de forma fácil. A la fecha, según la Dian, hay 8500 inscritos en este régimen.
Incertidumbre, lo más grave
Luis Sánchez, socio de Impuestos de la firma EY, considera que lo más grave del fallo de la Corte Constitucional que dejó sin vigencia la Ley de Financiamiento es la incertidumbre jurídica. “Afortunadamente tendremos reglas claras hasta final de año, pero nadie sabe qué pasará en 2020”.
Se refiere el experto a que el Gobierno Nacional presentará de nuevo el proyecto, y aunque ha informado que será el mismo texto, pueden surgir cambios.
“No sabemos que saldrá del Congreso, hay mucha incertidumbre. Seguramente habrá alguna modificación, son textos tan complejos y llenos de detalles y sobre los que recaen muchos intereses y presiones”, dijo el analista.
Lo mismo piensa Luis Hernando Franco, presidente de la firma Murgueitio Asociados. “Si se acepta tramitar un nuevo proyecto de seguro habrá voces modificatorias en favor o en contra, con la dificultad de lograr un texto correctamente articulado. Quizás podría resultar más favorable decretar una emergencia económica para reemplazar los puntos centrales y ganar tiempo hacia la estructuración de una verdadera reforma integral”, aseguró.
Inclusive el director de la Dian, José Andrés Romero, dijo que es probable que el Gobierno no incluya en el proyecto la sobretasa bancaria que no tuvo aval en el 2018 del Estado, lo que abriría la puerta a los cambios.
¿Posible impacto fiscal?
Se prevé que la caída de la Ley de Financiamiento no genere un impacto fiscal en el país, teniendo en cuenta que esa norma redujo el impuesto de renta para las empresas y el Gobierno esperaba compensar esa disminución de ingresos con mayores recursos por el crecimiento de la economía. Incluso si no se logra este año aprobar la nueva reforma, es posible que los ingresos tributarios del país crezcan en 2020 porque se tendrían que retomar las tarifas de renta que operaban en 2016, es decir no habría reducción para las empresas.
Analistas de Bancolombia consideran que las repercusiones para el desempeño de la economía en 2020 dependerán del curso de acción que sigan las autoridades en los próximos días. “Del contenido que esta nueva legislación tenga dependerá el efecto sobre el crecimiento”. La entidad mantiene su proyección de repunte del PIB en 3,3 % para el 2020.
Agregaron que una de las mayores fortalezas de Colombia para los inversionistas es el compromiso de las autoridades con un manejo ordenado de la economía, “En ese sentido, es previsible que en esta coyuntura los agentes de mercado brinden un compás de espera para que se resuelva la situación”.
El recaudo tributario, hasta septiembre, ascendió a $135 billones.