¿Cómo hacerle frente a la violencia que azota al Cauca?, esto dicen analistas y líderes

Más de una semana después de las dos masacres y los asesinatos selectivos registrados en el Cauca, hechos que dejaron 16 personas muertas, la sensación de inseguridad todavía es tensa en el departamento. Por ejemplo, el miércoles pasado fue secuestrado el dirigente campesino Daniel Pascuas, en el corregimiento de Santa Rosa, en el municipio de Patía.

Para hacer frente a esta situación de violencia en el Cauca, que involucra desde grupos armados que buscan controlar las rutas del narcotráfico hasta atentados a las comunidades indígenas, diferentes esferas sociales y políticas han sugerido posibles salidas a este conflicto.

Una de ellas es el plan de acción social anunciado por el presidente de la República, Iván Duque, el pasado lunes tras una mesa de trabajo que tuvo lugar en Popayán.

“El narcotráfico se enfrenta, obviamente, con seguridad y justicia, pero también se enfrenta llegando a los territorios con estas iniciativas sociales, con alternativas productivas y, por eso, nosotros seguiremos adelante”, anotó Duque ese día.

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Es por eso que además de la llegada de 2500 hombres de la Fuerza de Despliegue Número 4 en la primera semana de diciembre, se implementarán los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, en El Tambo, Caldono, Morales, Toribío y Caloto; el propósito es que los beneficiarios se dediquen al cultivo de café, caña o fique, pero también con la posibilidad de desarrollar actividades relacionadas con los lácteos o la piscicultura.

A esto se suma, de acuerdo con Duque, mejorar los programas de atención para 207.000 familias en acción en los 42 municipios del Cauca.

Todos estos planes ya iniciaron su implementación el pasado miércoles, según el comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, quien informó que ya se reunió esta semana con líderes indígenas, representantes de otras comunidades y autoridades de la región.

Aun así, la presión hacia el Gobierno Nacional desde el Cauca se cierne por estas semanas desde el paro nacional que está programado para el 21 de noviembre, en el cual participarán alrededor de 40 organizaciones del departamento, y de la movilización que partiría desde el departamento hasta Bogotá, un acto que está organizado por el Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric.

Ante esto, El País contactó a analistas del conflicto armado, líderes sociales y representantes de la región para conocer cuáles son las otras posibles salidas que pueden complementar la propuesta del Gobierno Nacional para enfrentar la amenaza del narcotráfico y la violencia contra la población.

De acuerdo con un reciente informe de Indepaz, entre enero del 2016 y octubre 30 del presente año se registró el asesinato de 88 líderes indígenas, 31 de ellos tan solo en el 2019.

Tras un consejo de seguridad realizado en Santander de Quilichao el pasado 30 de octubre, el presidente Iván Duque anunció que en la primera semana de diciembre llegarán al Cauca 2500 hombres de la Fuerza de Despliegue Número 4 (Fudra 4).

El Mandatario aseguró que se va “proteger y ejercer control territorial, para romperles la cadena de suministro del narcotráfico y para desvertebrar a las disidencias ‘Dagoberto Ramos’ y a la ‘Jaime Martínez’”.

Indicó que pese a que entiende la cosmovisión y ancestralidad de los pueblos indígenas, que piden respetar su autonomía en el territorio, afirmó que su deber es proteger a todos los colombianos.

“Muchos de esos bandidos quieren meterse a los resguardos porque saben que ahí hay más dificultad de acceso por parte de la Fuerza Pública, se quieren aprovechar de todas esas limitaciones”, explicó el Presidente.

Agregó que la amenaza que se cierne sobre el departamento viene de grupos narcotraficantes y disidencias que luego de intimidar candidatos a las alcaldías, como ocurrió con la masacre de Suárez, ahora buscan hacer lo mismo con los indígenas.

'Carpa blanca’ es el nombre de la estrategia que la Defensoría del Pueblo propuso a mediados de agosto para solucionar el problema de orden público en el norte del Cauca, la cual consiste en mitigar el riesgo por medio de mejores relaciones entre las instituciones del Estado y las comunidades.

Para llevar a cabo este proyecto, explicó el defensor regional del Cauca, Jaír Muñoz, se debe crear un espacio en el que se reúne el Cric, representantes indígenas, líderes afros con la Procuraduría, Fiscalía, alcaldías, personerías locales, así como con voceros de los ministerios de Interior y Justicia.

“Entre los objetivos específicos, están las acciones inmediatas para la protección del territorio, el fortalecimiento de los canales de comunicación y la toma de decisiones para la atención humanitaria en el departamento”, explicó el funcionario.

Sin embargo, desde el momento en el que la estrategia fue propuesta, no ha habido avances significativos en su implementación. “Aunque ha habido retrasos por los recientes hechos victimizantes, estamos trabajando para lograr las socializaciones con las comunidades”, anotó Muñoz.

En lo corrido de este 2019, un total de 54 indígenas han sido asesinados, según cifras del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric. El último de ellos fue Alexander Vitonás, de 18 años, en zona rural de Toribío.

Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional y miembro de la Comisión de Sabios, fue uno de los primeros en abrir el debate respecto a un trabajo conjunto entre la Guardia Indígena y el Ejército para hacerle frente a los grupos armados que operan en el Cauca.

“Dado que no es posible razonar con estos narcotraficantes (que van desde disidencias hasta carteles mexicanos) ni tampoco hacerles frente con bastones de mando, lo más lógico sería un comando conjunto entre autoridades indígenas y militares sin que esto afecte la autonomía de la Guardia”, aseguró Wasserman.

Pero para Feliciano Valencia, senador indígena, dicha propuesta iría en contra de las costumbres de la Guardia, “que no es un cuerpo de choque, sino que se encarga de defender el territorio desde la cultura y cosmovisión”.

De acuerdo con el líder del Cric, “con ello no queremos decir que la Fuerza Pública no entre al territorio, en donde por cierto sus acciones no han sido contundentes, sino que no podemos ponernos a la par con los actores armados, bien sean legales o ilegales”.

Para Leonardo González, coordinador de proyectos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, arrancar el problema de raíz en el Cauca implica fortalecer los puntos 1 y 4 del Acuerdo de Paz, que establecen la política de desarrollo agrario integral y la solución al problema de las drogas ilícitas, respectivamente.

“Aplicar el pie de fuerza para fumigar o erradicar los cultivos ilícitos en el departamento solo trae más violencia. Lo que se debe hacer es una sustitución concertada con la comunidad”, indicó el experto.

El crecimiento de cultivos de coca en la región, desde 2016 hasta marzo del 2019, ha sido inmenso: de 12.600 hectáreas a 31.000, según informes de la ONU y la DEA.

Además, un reciente informe de Indepaz reveló que pese a que 20.000 familias cocaleras acudieron a firmar los pactos de sustitución, solo 500 fueron vinculadas a 4 acuerdos firmados desde 2017.

“También se debe fortalecer la Guardias Indígena, campesina y cimarrona. Deben garantizarse su autonomía y fortalecer la comunicación con la Defensoría para informar de todo lo que ocurre en la región”, agregó González.

Para Jorge Eliécer Sánchez, coordinador político del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, un paso importante para hacerle frente a los problemas del departamento es agilizar la implementación de los acuerdos de la Minga.

“Solo se ha ejecutado un 14 % ($98 millones, de $700 millones previstos). Esto equivale, entre otras cosas, al fortalecimiento de la educación propia de las comunidades o que apenas se han empezado a construir 165 viviendas de 1500”, aseveró.

Aun así, el líder indígena indicó que el cumplimiento ha sido lento, dado que hace falta mejorar la respuesta del sistema de salud en la región o en la inversión en iniciar para lograr que la tierra sea más productiva.

“De igual forma, cumplir con lo pactado en la Minga no lo es todo, porque la problemática también debe verse desde el fortalecimiento de los cabildos indígenas y que se genere una mayor confianza del Gobierno Nacional hacia las comunidades”, comentó.

Sánchez indicó que también se deben fortalecer las iniciativas de transformación y comercialización de productos agrícolas para hacerle frente al tema de cultivos ilícitos y narcotráfico.