¿Cómo hizo el Valle para pasar del último al primer lugar en manejo de finanzas?

Para el año 2010 el Valle del Cauca aparecía en el último lugar en el desempeño financiero, entre los principales departamentos del país, un escalafón que realiza el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
En 2018, esta misma entidad ubicó al Valle en el primer lugar en el manejo de las finanzas, dando un giro en esta materia.

Para gremios de la región este es uno de los principales hechos del 2018, pues si hay un buen manejo financiero de los entes territoriales, es posible que el departamento tenga un mejor crecimiento económico y el presupuesto se ejecute con mayor eficiencia entre la población.

María Victoria Machado, directora de Hacienda del Valle, quien está en el cargo desde el inicio de esta administración, le explicó a El País cómo se ha dado un vuelco al manejo financiero del departamento y qué retos siguen pendientes.

¿Cuál ha sido la clave para ese mejor manejo financiero que ha tenido el departamento?
​
Creo que el fortalecimiento en los ingresos ha sido un factor fundamental para apalancar la inversión, pero hay dos elementos que han sido preponderantes: el primero es el saneamiento del gasto, a lo largo de estos años hemos revisado y depurado el pasivo pensional del departamento para darle orden y esperamos que en el 2019 podamos cerrar este tema. Esto será fundamental para tener un departamento con solvencia financiera y sostenibilidad fiscal.

¿Cuál es el segundo elemento?
​
El orden que le hemos dado a las cifras al interior del departamento. Teníamos un atraso en materia tecnológica que hacia que conociéramos qué ingresos teníamos con un retraso de tres meses. Es decir, si un ciudadano pagaba su impuesto la Gobernación solo se enteraba de eso tres meses después y hasta ese tiempo podía disponer de esos recursos.

Eso generaba 3 y 4 meses de atraso en la ejecución y era un problema estructural. Por ejemplo, si el hospital tenía problemas financieros, no le podíamos destinar la plata a tiempo porque no teníamos claridad sobre qué ingresos estaban llegando a las cuentas.

Nosotros modernizamos toda la plataforma tecnológica y sobre todo le dimos orientación al gasto. Hoy sabemos la plata que tenemos y en qué se puede invertir. Le pusimos orden y sentido social al gasto porque la plata no está para que esté en los bancos sino para que de soluciones y genere desarrollo al departamento.

¿En materia de ingresos cómo ha sido la evolución del Valle?
​
Esto para nosotros ha representado un gran esfuerzo. Arrancamos en el 2015 con ingresos tributarios por $647.000 millones y en el 2016 subimos a $724.000 y 2018 lo vamos a cerrar con $806.000 millones. Estos son dineros que pagan los contribuyentes.

Lea también: ¿Qué esperar de la economía nacional en el 2019?, esto prevén algunos expertos

El Valle del Cauca venía con promedios de $70.000 millones para invertir con recursos propios, a veces se contaba con menos, y hoy esa cifra está en $200.000 millones. Esto es producto del saneamiento fiscal, del fortalecimiento tributario, de empoderar a la gente para que reconozcan que los dineros públicos son de todos, esto es lo más importante.

Usted habló de que uno de las cosas más importantes ha sido la depuración del pasivo pensional ¿de cuánto es esa deuda?
​
Hemos depurado muchas bases de datos de la administración central, pero todavía nos falta sobre todo en salud y educación porque tenemos problema con el Fomag (Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) y los Ministerio de Salud y Educación porque tienen el pasivo pensional muy desorganizado y nadie los obliga a que se organicen. Por ejemplo, para el tema del pasivo de educación todos los años nos sacan plata y ese dinero va a un fondo. De ahí se hacen pagos a maestros hasta de otros departamentos.

Asimismo, durante tres años hemos tenido una lucha constante con el Ministerio de Salud para actualizar los convenios con los que se paga parte del pasivo del sector. Hasta ahora nos dieron una plata importante, $72.000 millones, que nos permite tener tranquilidad y con los rendimientos vamos a pagar a jubilados de los hospitales.

Pero el Gobierno Nacional ha hablado de que el Valle tenía un pasivo pensional de $10 billones, de los más grandes del país...
​
Hubo una época que nos decían que nosotros teníamos el pasivo pensional más grande del país. Pero creemos que lo hemos bajado a unos $4 billones, sigue siendo alto, pero con los trabajos que estamos haciendo estamos seguros que esa cifra bajará, el departamento no debe todo eso. Hay muchas cuentas de educación y salud que son cuentas del Gobierno y no de nosotros.

¿Qué irregularidades encontraron durante la depuración de ese pasivo pensional?
​
La situación más complicada que encontramos fue en pensiones. Tenemos casos donde el jubilado fallecía, estaba separado y con un hijo menor de edad. Este debería ser el beneficiario, pero hallamos que la pensión se había transferido a la esposa, cuando el derecho era del hijo. La sustitución pensional tiene que tener un límite y eso es el orden que le hemos dado al pasivo pensional.

Hoy tenemos todas las hojas de vida de los trabajadores actualizadas y vamos a dejar todo sistematizado.

Estamos seguros de que ese pasivo pensional lo vamos a bajar a $3,5 billones.

¿Hoy a cuánto asciende la deuda del departamento?
​
Tenemos dos clases de deuda, la del crédito que tomó la Gobernación y la de los acreedores del acuerdo de reestructuración de pasivos que se fijó en $599.000 millones en el 2012. De esa cifra el departamento debe $78.000 millones, hemos venido pagando bien. Tenemos $25.000 millones que se le deben al Fomag, en pensiones de educación, pero cuando les pedimos los respaldos de esa deuda y que nos demuestren que existe ese compromiso no responden, ha sido imposible, es un trabajo titánico en esa depuración.

Nosotros vamos a pagar en legal y lo que es. Estamos defendiendo cada pago y vamos a pagarles a todos, pero a quienes nos demuestren esas deudas. Hemos cancelado el 90 % y faltan los que no han podido acreditar esas obligaciones con soportes.

¿Frente al crédito que tomó la Gobernación, en qué se han invertido esos recursos?
​
Fueron $350.000 millones, de los cuales nosotros usamos $40.000 millones para el Hospital Universitario del Valle. Además, se han desembolsado $284.000 millones en contratos, es decir el 81 % de los recursos del crédito están contratados y en ejecución.

Se está financiado obras como Cali-Candelaria, la rehabilitación de la vía al Placer, parte de adquisición de predios de algunos proyectos como la vía Cañasgordas. Por ejemplo para infraestructura educativa se destinaron $18.000 millones. Una cosa positiva es que este crédito está con recursos Findeter, se hizo a 12 años y lo pagamos con una condición particular y es que nosotros usamos el dinero cuando ya la obra ha sido adjudicada. Eso nos permite ahorros en materia de gastos de servicio de la deuda, porque no tenemos que pagar intereses sobre dineros que no se están ejecutando.

¿Cuáles son los retos que le quedan faltando?
​
Falta mucho por hacer, hay mucho trabajo, lo que hicimos fue el comienzo y queda pendiente seguir depurando pasivos en los sectores salud y educación. En eso esperamos avanzar en este 2019.

La Gobernación usa el sistema financiero SAP, pero cada módulo es costoso y hemos avanzado, pero se requiere mayores inversiones.

Nos queda faltando más modernización tecnológica y al próximo gobierno le toca trabajar hacia adentro, en el fortalecimiento institucional que debe ser muy fuerte. Tenemos 7 jubilados por cada activo y entonces la planta de personal es ‘todera’, y eso a veces genera restricciones a la velocidad de respuesta. Nos gustaría ser más ágiles. El departamento debe pensar en una estructura más grande, con gente renovada, tenemos mucha gente con más de 30 años laborando y en proceso de jubilación. Se necesita un cambio generacional, una visión administrativa gerencial desde lo público. La Gobernadora le ha dado mucha potencia a esta parte gerencial, pero nos toca avanzar para que eso llegue al personal de planta.

La Asamblea autorizó a la Gobernación para que concesione los servicios de tránsito, ¿por qué esa decisión?
​
El Valle creó hace un año la Secretaría de Movilidad y Transporte porque una de las principales problemáticas que tiene el departamento es la alta accidentalidad en las vías. No solo hay que hacer vías sino trabajar en una política de seguridad vial. Tenemos 21 municipios que no tienen autoridad de tránsito.

Lo que tramitamos es la autorización para concesionar algunos servicios de tránsito porque los costos de operación y de implementación de esos servicios son altos y la constitución y la ley nos permite buscar un privado estratégico que pueda hacer las inversiones y vía pago de los servicios que preste recuperar esa inversión. El departamento recibirá unos beneficios y con ello vamos a hacer otras inversiones relacionadas.

¿Cuáles serían las tareas de ese concesionario?
​
No se trata de que recauden el impuesto automotor, esa tarea la recuperamos hace años y la seguirá haciendo rentas y Hacienda. De lo que hablamos es de manejar servicios inherentes de la actividad como licencias de conducción, cambio de placa, traslado de vehículos, implementación de foto multas. Todo esto generará seguridad, mayor control y eso tiene un costo.