¿Cómo será la lucha contra la corrupción en el gobierno de Gustavo Petro?

“Ni familia, ni amigos, ni compañeros, ni colaboradores; nadie queda excluido del peso de la ley, del compromiso contra la corrupción y de mi determinación para luchar contra ella”.

Esta es una de las dos únicas menciones que Gustavo Petro hizo de la corrupción en el discurso que pronunció el día de su posesión presidencial.

La otra fue: “Lucharé contra la corrupción con mano firme y sin miramientos. Un Gobierno de ‘cero tolerancia’. Vamos a recuperar lo que se robaron, vigilar para que no se vuelva a hacer, y transformar el sistema para desincentivar este tipo de prácticas”.

Ambas anotaciones parecerían ser su respuesta al clamor de los colombianos para que haya una lucha frontal contra ese flagelo, al punto que fue uno de los principales temas de discusión durante la campaña presidencial.

Y de esa petición han hecho eco entidades como Transparencia por Colombia y políticos como Sergio Fajardo, por lo que, desde antes del 7 de agosto, han hecho llamados para que el nuevo Ejecutivo exponga cual será su estrategia nacional para terminar con el uso indebido de los recursos públicos.

“Quiero insistir en la necesidad de hacer un gran acuerdo nacional para luchar contra la corrupción y construir integridad pública”, dijo el excandidato presidencial en una carta pública en la que también hizo algunas sugerencias al respecto.

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En ella, agregó que “la prioridad de un buen gobernante debe ser el combate decidido a la corrupción y la recuperación de la confianza en las instituciones”.

De hecho, en vísperas de la instalación del Congreso, Fajardo ya había hecho un llamado en el que sentenció que, “con el triunfo del Pacto Histórico, está de moda afirmar que lo importante son las reformas, sin importar cómo se consiguen: el fin justifica los medios”.

También lamentó que “la política es ‘el arte de tragar sapos’ por doquier, se dice que es dinámica y cuando alguien se atreve a hablar de principios, le descalifican por una supuesta superioridad moral”, reclamando que “el Congreso debería ser el principal escenario de la lucha contra la corrupción. ¡Allí debería empezar el Acuerdo Nacional contra la Corrupción!”.

De su lado y una vez conocido el resultado en las urnas, Transparencia por Colombia hizo un llamado “al presidente de la República electo, Gustavo Petro, y a la vicepresidenta de la República electa, Francia Márquez, para que la expectativa generada durante la campaña sea correspondida con hechos concretos por parte del nuevo Gobierno elegido”.

Sin embargo, el politólogo Alejandro Echeverry plantea que el verdadero punto de quiebre en la lucha contra este flagelo está es en el aparato de justicia.

“En un país donde la justicia no funciona, quienes roban recursos públicos saben que su costo de oportunidad es mucho más, evidentemente, y tienen más posibilidades de enriquecerse porque saben que la justicia no va a funcionar”, dice y añade que “de nada sirven las leyes, de nada sirve tener todo un andamiaje jurídico, si la justicia no opera ni funciona adecuadamente”.

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"Para que se logre un avance en la transparencia y apertura de la gestión del nuevo Gobierno, se requiere una mayor disposición de información, de datos públicos y una mejora en la calidad de los mismos. Esto facilitará una mayor participación ciudadana en las decisiones públicas y un mayor escrutinio al cual se deben de brindar garantías y canales de los diferentes sectores”, ha propuesto igualmente Transparencia por Colombia.

Y en el mismo sentido, Echeverry asegura que “es fundamental que se consolide el modelo de gobierno abierto, que implique que cualquier persona pueda acceder en tiempo real y en tiempo efectivo a todas las contrataciones que el Estado realice diariamente”.

También dice “hacerle una fiscalización y veeduría a esos contratos, ampliar el espectro de conectividad y activar el espectro de posibilidades para que la gente acceda a esas herramientas va a ser fundamental para que la misma ciudadanía pueda ejercer presión cuando los recursos no se estén financiando adecuadamente”.

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Según el analista político Ancízar Marroquín, “las grandes obras, como Reficar, Hidroituango y el Túnel de la Línea, requieren mayor atención. También se requiere más control a los alcaldes, a la comida de los niños en los colegios y en las cárceles, así como la contratación y distribución de la Bienestarina”.

Echeverry apunta que deben ser fiscalizados el sector Educación, Salud e Infraestructura: “ahí es donde hay más concentración de recursos y donde el aparato corrupto y politiquero de este país tiene las prebendas y los recursos para apoderarse de ellos”.