¿Cómo superar las trabas para judicializar a autores de actos de vandalismo en el país?

La primera jornada de protestas del 2020 no varió mucho con respecto a las que se hicieron al finalizar el 2019: un grupo, cada vez más reducido, de marchantes, montajes artísticos, acompañamiento de las autoridades, presencia de encapuchados y daño en el mobiliario urbano.

El libreto parece calcado, aunque este 21 de enero se presentó un ingrediente adicional por cuenta de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien pidió que se judicializara cuanto antes a los desadaptados.

Y es que en la Administración Distrital no conciben que, ante la magnitud de la situación, no se detenga a quienes han empañado las protestas.

Bajo este panorama, el balance de capturados entregado por Claudia Carrasquilla, delegada para la Seguridad Ciudadana del ente acusador, sorprendió: apenas cinco, cuando en las imágenes de los medios se veían decenas de encapuchados -ajenos a la organización de las marchas- que la emprendieron contra estaciones de TransMilenio, en Bogotá, o contra fachadas de edificios, como ocurrió en Medellín o en Cali.

Pero las cifras arrojan un dato aún más preocupante: tres de los capturados no recibieron ninguna medida restrictiva, toda vez que el delito por el que fueron presentados ante un juez (daño en bien ajeno) no contempla esa opción. Un cuarto fue cobijado con el beneficio de la detención domiciliaria.

A otro de los capturados tendrán que llamarlo nuevamente a imputación porque el cargo con el que lo presentaron no correspondía con la conducta cometida. Fue detenido, aparentemente, con insumos para elaborar lo que se conoce como bombas molotov, puntualmente una botella que contenía el diluyente conocido en el mercado como thinner.

Lea además: Marchas, bloqueos y enfrentamientos en Bogotá durante jornada de manifestaciones

El fiscal del caso lo presentó ante el estrado por ser el presunto responsable del delito de fabricación y porte de armas de uso privativo. Sin embargo, el juez de la causa desestimó los argumentos señalando que no las Fuerzas Armadas colombianas no usan este tipo de explosivos artesanales en sus operaciones y, por tanto, no se pueden considerar de uso privativo.

La preocupación por la impunidad con la que actúan estos sujetos aumentó luego de conocerse la libreta que se le incautó a otro de los detenidos, donde a través de dibujos y apuntes a mano figuraban instrucciones de cómo generar vandalismo durante las jornadas de manifestaciones, tal cual lo dio a conocer RCN Televisión.

El documento, que ya es materia de investigación, demostraría el entrenamiento previo que reciben los encapuchados para actuar en las protestas, pues en él se detallan aspectos como: los pasos para fabricar bombas incendiarias, el papel que debe desempeñar cada vándalo y los elementos que deben portar los mimos para eludir a las autoridades.

La pregunta por responder es entonces: ¿Quién o quienes están detrás de los adoctrinamientos a estos desadaptados empecinados en ocapar las protestas sociales en el país?

Lo primero que hay que decir es que las centrales obreras que convocaron al Paro Nacional de este martes, aseguraron ante los medios de comunicación que no habían organizado las movilizaciones que, como ya se dijo, algunas terminaron en desmanes. No obstante, afirmaron que sí habían convocado a los ‘cacerolazos’ que se hicieron en las principales ciudades de Colombia a las 5:00 p.m.

Ante este panorama, el coronel (r) John Marulanda, exmilitar y experto en seguridad, asegura que vándalos de las protestas estarían siendo adiestrados por grupos subversivos de extrema izquierda que tienen su accionar en varias zonas urbanas del país.

“Lo más probable es que detrás de estas células perturbadoras de estudiantes universitarios esté el ELN que, como lo denunció el Fiscal anterior, tiene personas infiltradas en las principales universidades del país, que han sido ideologizadas y después entrenadas para realizar este tipo de actividades”, asevera Marulanda y añade que un segundo grupo posiblemente implicado en estos actos de vandalismo son las Farc, “que anunciaron una nueva oleada terrorista y, además, están aliadas con el ELN”.

Buscando una explicación del porqué es tan difícil judicializar a estas personas, el analista Jairo Libreros advierte que todo apunta a una especie de corto circuito entre quienes tienen la función de Policía Judicial y los jueces de garantías, que deriva “en dos lenguajes frente a un mismo código”, lo que trae como consecuencia “diferencias profundas en la interpretación de la ley”.

El escenario ideal que plantea el experto es que se logre un punto intermedio en el que se dé un equilibrio mediante el cual se consiga que la investigación criminal respete el debido proceso, pero que a su vez atienda las realidades de las investigaciones.

Sobre este tema en particular, Camilo Pizza, magíster en derecho penal y profesor de la Universidad Cooperativa de Colombia, sostiene que los fiscales designados tienen el deber de adecuar bien los hechos a la calificación jurídica.

Esta tesis de Pizza concuerda con lo ya mencionado en el caso del thinner. “Si se ponen a inflar las imputaciones, como se le dice en el argot judicial, es para obtener un resultado inmediatista, pero se perderá el proceso y luego vendrá una millonaria demanda en contra del Estado”, indicó.

Además, información extraoficial da cuenta de que hubo un reclamo generalizado a todos los fiscales delegados a los que les dijeron que se limitaran a presentar los hechos basados en los elementos probatorios recolectados.

La petición, que habría salido desde el búnker, tiene su sustento en el hecho de que episodios como el ocurrido el martes en Suba, donde un pelotón de unos 20 desadaptados la emprendió contra un grupo de miembros de la Fuerza Disponible de la Policía Metropolitana y los agredió con piedras, palos y hasta con avisos de los locales de la zona.

En esa localidad de Bogotá fue detenido el joven que recibió el beneficio de detención domiciliaria. Las autoridades lo señalaron de agredir al coronel John Jairo Urrea y al patrullero Germán González, a quienes les certificaron una incapacidad de 35 días por la gravedad de las lesiones. Violencia a servidor público, obstrucción del trasporte público y daño en bien ajeno fueron los delitos que le endilgaron, pero el sindicado no los aceptó.

Frente a esta captura, surge de nuevo el interrogante, ¿por qué solo un detenido si el grupo de agresores era más numeroso?

“Individualizar a los encapuchados se volvió un reto inmenso”, sentencia el analista Libreros, quien añade que este problema se ha presentado en otras latitudes: “Si la inteligencia policial no logra dar contexto y seguimiento a este tipo de actos, creo que la Policía Judicial y los jueces van a terminar en una pelea infinita en la que pierden los ciudadanos y ganan los vándalos”.

Las capturas en flagrancia, es decir cuando se detiene a la persona cometiendo el ilícito, sería una de las opciones para sustentar mejor la petición de la Fiscalía ante un juez. Sin embargo, en el búnker reconocen que es complejo que en medio de una turba un policía logre reducir a una persona.

En este sentido, plantea Libreros que es hora de que el país piense en “un organismo de seguridad que cumpla funciones preventivas de judicialización y captura de quienes están dedicadas en el vandalismo”.

Su propuesta apunta a una fuerza especial desplegada en las principales ciudades del país, que esté en capacidad de responder, como lo hace el Esmad, en momentos de máxima tensión.

Aclara, sin embargo, que este cuerpo no se concentraría en contener o disolver la manifestación, “sino en hacer inteligencia, capturar y llevar ante los jueces a quienes resulten involucrados en estos hechos”.

Lo que ha sucedido también es analizado de cerca por los integrantes de Asocapitales, que en una reunión realizada a mediados de este mes con el Ministerio de Defensa expresaron su preocupación porque el orden público no se garantiza lo suficiente durante las jornadas de protesta.

Si bien en la capital del Valle las manifestaciones del pasado martes transcurrieron, en términos generales, de manera pacífica, alcanzaron a ser opacadas por los actos de vandalismo cometidos por varios encapuchados que atacaron con piedras la sede del Icetex, al sur de la ciudad. Los graffitis que se hicieron en algunos buses del MÍO, fue otro de los lunares de la jornada.

No obstante, y según informó la Policía Metropolitana de Cali, durante esos desmanes no se capturó a ninguna persona, a diferencia del pasado 21 de noviembre, cuando quince individuos fueron aprehendidos.

El País intentó conocer con la Fiscalía cuántas de estas personas fueron judicializadas, pero no fue posible obtener la información. Sin embargo, una fuente de esa entidad le aseguró a este medio que todas fueron dejadas en libertad con el paso de los días.

Por otro lado, Juan David Castillo, abogado penalista, asegura que varios de los detenidos del pasado 21 de noviembre en la ciudad, correspondían a estudiantes y personas del común que no tenían antecedentes penales, por lo que finalmente no se judicializararon.

“Probatoriamente es muy complejo conseguir las pruebas que vinculen a estas personas con los actos de vandalismo y, cuando son detenidas, la Fiscalía las reseña y les toma los datos personales pero, como no logra obtener las pruebas suficientes contra ellas, no las judicializa porque más adelante se va a caer el proceso”, sostiene Castillo.

El exalcade de Cali, Ricardo Cobo, manifiesta que las autoridades están en mora de investigar a cada uno de los desadaptados de las protestas, “en vez de soltarnos a lashoras siguientes de haberlos capturado”.

“La buena intención de los gobernantes es sobrepasada por la mala intención de los delincuentes, que se escudan bajo estudiantes y gente del común para generar anarquía y caos en las movilizaciones”, sentencia Cobo.

Lea además: Marchas, bloqueos y enfrentamientos en Bogotá durante jornada de manifestaciones

Uno de los casos más mediáticos fue el Daneidy Barrera, conocida como 'Epa Colombia', a quien se le dictó medida no privativa de la libertad mientras se adelanta un proceso en su contra por los daños causados a Transmilenio el 21 de noviembre de 2019.