Debate: ¿qué implica el paso del caso Uribe a la Fiscalía?

“Por tratarse de una investigación sin relación con su cargo de congresista, sobre conductas como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal, la Corte Suprema de Justicia dejará a disposición del Fiscal General de la Nación al detenido exsenador Álvaro Uribe Vélez”.

Así encabezó el alto tribunal el comunicado con el que ayer le informó al país su decisión de remitir el proceso que venía adelantando en contra del expresidente y jefe natural del partido Centro Democrático.

El texto, firmado por el presidente de la Sala Especial de Instrucción de la Corte, Héctor Javier Alarcón Granobles, se conoció al mediodía de ayer, pese a que desde el lunes se había filtrado a los medios de comunicación el sentido de la determinación tomada por los magistrados.

Según se pudo establecer, los togados fueron citados a una plenaria extraordinaria y al final de la tarde el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, llegó hasta la sede del alto tribunal para reunirse con ellos hasta avanzadas horas de la noche.

Lo cierto es que en el comunicado, el alto tribunal deja en claro que el traslado de la investigación obedece a una “decisión unánime”, que atiende la renuncia de Uribe Vélez a su condición de senador de la República.

“Por tratarse de delitos comunes y, además, por no encontrarse vínculo alguno de los hechos con la actividad funcional de legislador, o que fueran su necesaria consecuencia, o el medio y oportunidad propicia para su ejecución o un desviado o abusivo ejercicio de funciones -la Sala Especial de Instrucción-, resolvió remitir el proceso a la Fiscalía General de la Nación para que, dentro del ámbito de sus competencias, continúe con la actuación respecto del excongresista”, se indicó en el texto divulgado ayer.

También especifica que, dado que Álvaro Uribe se encuentra cobijado con la medida de aseguramiento de detención preventiva sustituida por la domiciliaria, “quedará a disposición del Fiscal General de la Nación por virtud de estas diligencias”.

Preciamente, la Corte Suprema anunció que ayer mismo se dio inicio al trámite de entrega del expediente compuesto por “numerosos cuadernos” y precisó que, como en el proceso igualmente se investiga al representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada Artunduaga, “se decretó la ruptura de la unidad procesal y, en consecuencia, la Sala Especial de Instrucción continúa con el trámite respecto de este congresista” del Centro Democrático.

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A continuación, las impresiones de José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional, y Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas, sobre lo actuado y lo que viene en el caso Álvaro Uribe.

¿Qué opina de la decisión de la Corte Suprema de enviar el caso del expresidente Uribe a la Fiscalía?

Me parece que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema se ha limitado a aplicar el mandato del Artículo 235 de la Constitución, que en su parágrafo estatuye que cuando un aforado -en este caso un congresista- deja de serlo -por ejemplo al renunciar-, el fuero, y por tanto la competencia de la Corte únicamente se mantiene respecto de aquellos delitos que guarden relación con las funciones correspondientes. En el caso del doctor Uribe, no existía esa relación y, por ende, se perdió el fuero y debe pasar a la Justicia ordinaria.

¿Cree que fue una decisión autónoma o que pesaron mucho las presiones del Gobierno de Estados Unidos y la Procuraduría, entre otros?

En mi concepto, fue una decisión adoptada con la independencia que ya han demostrado los magistrados de la Sala de Instrucción, que no se han dejado presionar. Las presiones han sido muchas y permanentes. En el caso de los servidores públicos que han intervenido públicamente para presionar a la Corte, se ha quebrantado la separación de poderes y el respeto a las decisiones judiciales. Estimo que, para bien de nuestra democracia, eso no se debe repetir, como tampoco la injerencia de gobernantes extranjeros, quienes deben respetar la soberanía colombiana.

Se había dicho que usted estaba entre quienes pensaban que el caso debía seguir en la Corte...

No he sostenido que la Corte Suprema haya debido mantener la competencia. Lo que he sostenido es que era la única llamada a resolver ese punto, y que todos deberíamos respetar la decisión, cualquiera que fuese.

¿Le preocupa que en la Fiscalía no haya la suficiente independencia para asumir el proceso?

No me quiero adelantar a los acontecimientos. No está bien sindicar de antemano a los fiscales o a los jueces ordinarios de faltar a la independencia cuando todavía no han comenzado a actuar. Pero ellos deben actuar de manera autónoma, sin permitir que las presiones -que seguramente serán muy fuertes- les hagan apartarse un centímetro siquiera de su autonomía funcional, de la sujeción a la ley, del debido proceso, de las garantías constitucionales o del criterio netamente jurídico que debe presidir todos sus actos. Y todos nosotros, los ciudadanos, debemos respetar sus determinaciones, sin perjuicio de los recursos que se puedan formular por las partes, de conformidad con la ley.

Pero hay quienes dicen que así se nombre un fiscal ad hoc no habrá suficientes garantías, por lo que se deberían nombrar jueces externos a esa entidad, ¿qué opina ?

Eso no se puede afirmar por intuición sino con base en hechos, antecedentes y elementos concretos. Y tendría que resolverlo la Corte Suprema de Justicia, que es la corporación nominadora del Fiscal General, si llega a declararse impedido o si es recusado.

¿Cree que es un hecho que la Fiscalía dejará en libertad al expresidente mientras sigue adelante el proceso?

La Fiscalía no puede decidir sobre la libertad. Eso corresponde exclusivamente a los jueces, concretamente a los de control de garantías. Perdido el fuero, tanto la Fiscalía como los jueces debe dar al doctor Uribe el trato que se da a cualquier otro ciudadano, y rodearlo de todas las garantías constitucionales.

Quienes querían que el caso siguiera en la Corte aseguran que el traslado de la investigación a la Fiscalía implica que la defensa del expresidente logró evadir la Justicia...

Creo que no se debe hablar de triunfos o derrotas, sino de respeto a las decisiones judiciales, a la Constitución y a las leyes.

¿Qué opina de la decisión de la Corte Suprema de enviar el caso del expresidente Uribe a la Fiscalía?

E s una decisión muy importante, en la que simplemente se ratifica lo que ya jurídicamente estaba establecido entre nosotros desde hace once años y que despeja cualquier duda que hubiere sobre una presunta politización de la Justicia colombiana, que aquí actuó de manera transparente, sin ningún tipo de interés político, con toda la ponderación del caso.

¿Cree que fue una decisión autónoma o que pesaron mucho las presiones del Gobierno de Estados Unidos y la Procuraduría, entre otros?

Absolutamente autónoma. Como lo hemos sostenido desde el principio, tenemos unos magistrados independientes, que tomaron la decisión que correspondía.

Pero todavía hay quienes insisten en que la investigación debía seguir en la Corte Suprema...

La renuncia a la curul en el Senado es un argumento inobjetable, ya está es una decisión de punto final. Aquí se ha cerrado el debate y pues ahora ya viene la parte que le corresponde a la Fiscalía General de la Nación.

A algunos sectores les preocupa que en la Fiscalía no haya la suficiente independencia para asumir el proceso, ¿qué opina?

Creo que es absolutamente injusto que se prejuzgue de esa forma a una entidad que tiene más de 25.000 funcionarios, todos ellos honestos y sobre los que no hay ninguna tacha. Me parece un poco precipitado que ni siquiera se conozca al funcionario que se va adelantar este proceso y que ya se estén adelantando esas insinuaciones.

Pero quienes sostienen esa tesis dicen que ni con un fiscal ad hoc habría suficientes garantías, por lo que se deberían nombrar jueces externos al ente investigador. ¿Cree que esa posibilidad es viable jurídicamente?

En absoluto. El Fiscal General de la Nación no tiene hoy en día capacidad para instruir este proceso, él no va a participar de este proceso. Además, me parece un poco precipitado que ya se lancen recusaciones cuando ni siquiera se conoce a fondo el texto del documento. Yo considero que pueden haber reparos u observaciones frente a la persona del Fiscal General, pero otra cosa es la institución.

¿O sea que para usted es suficiente con que se nombre un fiscal ad hoc?

Lo mejor para todos es que, si se va a destinar un fiscal o un grupo de fiscales especiales para este caso, lo haga un fiscal ad hoc. No la de la investigación, sino la designación del fiscal que va a adelantar el proceso. Creo que, en aras de evitar un desgaste institucional, esa puede ser una buena alternativa.

También se da por sentado que la Fiscalía dejará en libertad al expresidente mientras sigue el proceso...

En absoluto. No hay una sola vía que permita una libertad automática en este momento. La decisión de privar de la libertad a la persona está en firme, cooptada por una autoridad judicial y se debe respetar y se debe acatar. No existe ningún mecanismo legal para que (Álvaro Uribe) pueda quedar en libertad.

Quienes querían que el caso siguiera en la Corte aseguran igualmente que el traslado de la investigación a la Fiscalía implica que la defensa del exsenador logró evadir la Justicia...

En absoluto, nadie está evadiendo la Justicia porque ahora queda sujeto ni más ni menos que a la Fiscalía General de la Nación. Eso no es una impunidad ni mucho menos, ni es una evasión de la Justicia. Al contrario, creo que Colombia pierde a su senador más votado y a la figura política más importante en lo que va del presente siglo, entonces hay que medir cada cosa en su justa proporción.