Desplazamiento forzado, un delito que sigue acosando al Pacífico colombiano

Las dinámicas de desplazamiento forzado en el país parecen ser un caldo de cultivos de no acabar, debido a que, quienes ejercen estas acciones sobre la población civil, continúan fortaleciendo las rentas ilícitas del narcotráfico y su delitos derivados.

Son las disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo, Los Caparrós, Los Pelusos y el EPL, los encargados de generar zozobra en el país respecto de este delito, que, según el reporte de la Defensoría del Pueblo, ha dejado más de once mil personas desplazadas.

La situación, que llama fuertemente la atención del defensor Carlos Camargo, da cuenta que durante 2021 se han registrado 16 eventos de desplazamiento masivo intraurbano y 14 rural, los cuales afectaron a un total de 4062 familias, es decir, 11.150 personas.

Lo que preocupa al funcionario es que el 90 % de la población que fue desplazada pertenece a comunidades étnicas del Pacífico colombiano, en las que al menos 40 comunidades en Chocó, Cauca y la costa nariñense, han sufrido confinamientos.

El informe da cuenta que estos hechos de violencia se han generado por cuenta de las confrontaciones que se registran entre los grupos armados por la disputa del territorio, pues además de tener el control del mismo, pelean rutas para comercializar la droga, y además generar rentas con la minería ilegal, los cultivos de hoja de coca, entre otras utilidades ilícitas.

La Defensoría del Pueblo ha alertado que el desplazamiento forzado se deriva de los homicidios selectivos, el reclutamiento de menores, el sometimiento de la población a cumplir directrices de los grupos armados de la ley, sin contar con las amenazas que suelen hacer a los líderes sociales de cada región.

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El informe reveló su preocupación sobre la región de Catatumbo, en Norte de Santander, donde se generó confinamientos, masacres, asesinatos de excombatientes de las Farc, entre otras situaciones que vinculan directamente a grupos armados que se disputan las zonas fronterizas.

El Defensor resaltó que para evitar ese tipo de sucesos ha desplegado grupos interdisciplinarios con funcionarios de orden nacional, como delegados y expertos en desplazamiento forzado, así como asesores, defensores comunitarios y facilitadores que están ligados a las regionales, con el fin de atender caso a caso, trabajar en terreno, levantar información y hacer seguimiento a la problemática.

Camargo afirmó que ese grupo interdisciplinario, que cuenta con cinco a siete personas, ha hecho presencia en El Salado, el sur del Cauca, el Bajo Cauca antioqueño, el Urabá antioqueño y chocoano, Buenaventura, Chocó, el Catatumbo y en el Alto Baudó.

Sin embargo, pese a que el funcionario ha adelantado acciones desde la entidad que preside, Camargo hizo un llamado a las autoridades para adoptar medidas de disuasión y control de los factores de violencia y amenazas que están atentando en contra de la población civil.

Entre otras cosas, el Defensor del Pueblo solicitó brindar medidas de protección y mitigación del riesgo por medio de acciones eficaces de prevención, que garanticen la atención integral y el goce efectivo de los derechos de la población, particularmente aquella en situación de desplazamiento y confinamiento.

Camargo también solicitó atención humanitaria de emergencia y restitución de derechos para las comunidades desplazadas, por medio de un retorno a sus lugares de origen con suficientes garantías de seguridad.

ONU pide atender a Buenaventura

El viernes pasado, luego de una visita a la zona, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación al Gobierno Nacional por el deterioro alarmante de la situación de derechos humanos y seguridad que vive la población en el distrito de Buenaventura, Valle.

Según la representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, tras su visita a la región, “insta a una acción concertada entre el Gobierno Nacional, departamental y local, con autoridades estatales, para desmantelar las redes criminales de manera permanente, a través de la acción de la justicia, la inversión social, el desarrollo con enfoque de derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho, con el respaldo internacional y del sector privado”.

La Oficina afirmó que en 2021 ha conocido, a través de diversas fuentes y de testimonios de víctimas, el homicidio de 41 personas; la desaparición forzada de otras 13; y el desplazamiento forzado de más de 8000; además de información sobre varias amenazas a líderes y lideresas defensores de derechos humanos.

Además, indicó que en Buenaventura “están siendo profundamente afectados los derechos a una vida digna, a la integridad, a la libertad y a la seguridad personales, a la participación y, en general, a la posibilidad de desarrollar libremente un proyecto de vida sin violencias. Hemos podido constatar que las redes de corrupción y los grupos armados permean la economía de subsistencia de la población”.

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Según De Rivero, es importante una intervención, pues “la violencia está destruyendo la cultura y el tejido social de las comunidades negras y de pueblos indígenas que viven en el territorio, y que representan más del 90 % de la población. Como Oficina de la ONU para los Derechos Humanos observamos que hay una necesidad imperiosa de apoyar los esfuerzos de la Alcaldía de Buenaventura”.

Panorama

La Defensoría del Pueblo alertó que entre enero y diciembre del año pasado se registraron 90 eventos que vincularon el desplazamiento masivo de, al menos, 28.509 personas y un total de 8192 familias afectadas.

Durante 2020, el órgano de control alertó sobre desplazamientos masivos en Nariño, Chocó, Antioquia, Norte de Santander y Córdoba; siendo el pacífico nariñense uno de los lugares más vulnerados en esa materia con 43 eventos, en el cual se configuró el desplazamiento de 14.048 personas.

Otro fenómeno del año pasado, y que no es ajeno a la situación padecida hoy, son los confinamientos. La Defensoría dijo que estos sucesos se acrecentaron en al menos un 252% en 2020, en las regiones de crisis humanitarias.