Dos opiniones sobre el polémico proyecto que regula la hoja de coca

Senador, ¿cuál es la esencia de este proyecto, del cual usted es coautor?

Existe un mercado de droga en Colombia y en el mundo, pero es un mercado clandestino y por eso está en manos de organizaciones criminales, que no solo le sacan una enorme provecho sino que generan un enorme caos en la sociedad: violencia, corrupción, una economía distorsionada por el lavado de activos y el contrabando y todas las actividades ilegales que surgen de las divisas que se mueven en el mercado negro a partir de estos negocios. Colombia está perdiendo el dominio sobre el Pacífico, la Amazonía, la Orinoquia, el Catatumbo, el bajo Cauca, el Urabá. Entonces la nueva ley lo va a regular. En adelante, ese mercado va funcionar de la siguiente manera: los campesinos que producen hoja de coca quedan legalizados, en la institucionalidad, como ciudadanos con plenos derechos. El Estado les compra toda la hoja de coca que produzcan a los precios del mercado -estamos hablando de 250 mil familias campesinas y de 200.000 hectáreas de coca- y asume las tareas de las cuales es responsable: invierte educación, salud, vías terciarias, electrificación, todo lo que significa el desarrollo de sus comunidades.

¿Y qué hará el Estado con toda la hoja de coca producida?

Esa es la materia prima para producir bebidas, harinas, tortas, alimentos, productos medicinales, que son industrias básicamente artesanales y ancestrales que no se han podido desarrollar porque la hoja de coca es perseguida por la ley. Segundo, habría una compra para la investigación científica, es un producto que tiene cualidades nutricionales y con un potencial importante para la producción de analgésicos. Tercero, el Estado produciría cocaína para los consumidores colombianos, que son más o menos 250.000, de acuerdo con el Dane. Resulta que en Colombia, a partir de una sentencia de la Corte Constitucional, el consumo individual de sustancias psicoactivas no puede ser prohibido, porque está amparado por los derechos al libre desarrollo de la personalidad, la intimidad y la libertad.

O sea la dosis personal...

Sí, pero el Estado no le está garantizando a la persona la posibilidad de satisfacer ese derecho, porque todo está prohibido alrededor de él: la producción, la comercialización y la venta. Entonces, el Gobierno implementa un programa de producción de cocaína pura únicamente para esos consumidores, en el marco de una política de salud pública y la distribuye a través del sistema de salud. Lo dice la ley: la persona le pide al médico que le recete la dosis personal y el médico la examina, mira que no sea menor de edad y que sea apto mentalmente para consumir. Esa idea de que todo consumidor de coca es un drogadicto es una falacia, está comprobado que solo el 15 % es adicto, pero hoy no hay posibilidad de detectar eso, porque los que venden son bandidos a los que no les importa y que están entregando una mercancía degradada... Eso es lo que se llama regular, poner sobre la mesa una realidad que está escondida y que está haciendo enorme daño.

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¿Por qué cree que desde el uribismo se intentó archivar este proyecto?

Ellos han hecho la política y su convocatoria al elector desde su discurso de la guerra contra la droga y a estas alturas de la vida no lo van a cambiar, porque no tendrían cómo explicarlo.

Se dice que el proyecto de ley viola acuerdos firmados por el país, incluso con la ONU. ¿Qué opina?

Todos los convenios en los que está afincada la lucha contra la droga y la criminalización de las sustancias psicoactivas están suscritos bajo el patrocinio de la ONU, que también promociona infinidad de tratados sobre armamentos, mujer, niñez, y otros temas, pero todo es el desarrollo de la Carta Universal de los Derechos Humanos, que le da su razón de ser. Esta ley, es verdad, no está en línea con las convenciones de Derechos Humanos de Naciones Unidas relativas a sustancias psicoactivas, pero sí con la Carta Universal de Derechos Humanos, y esas otras convenciones son subalternas con relación a esa Carta...Estamos apelando al derecho soberano de resolver nuestros propios problemas. Llevamos 50 años obrando dentro de esta legalidad y cada vez está peor. ¿Por qué Colombia tiene que sentirse sometida a una legislación de la cual otros países están liberando?

Se dice que el proyecto incentivará el consumo...

Es que cocaína hay en todas partes de Colombia, en los parques, en las calles, en las puertas de los colegios. Estamos recogiendo la distribución para que sea el Estado el que la haga. Hoy, además, se ofrece una porquería de producto a niños y a personas que a lo mejor no son aptas. En los países más seguros del mundo hay cocaína, que no vengan ahora con ese misterio. Estamos regulando para que no sea ese mercado desordenado y desorbitante, sino que se reduzca solamente a quienes lo pueden consumir legalmente.

Senadora, ¿por qué pidió no discutir el proyecto en la Comisión Primera?

La proposición no fue en contra del proyecto en sí, lo que pasa es que un proyecto que va a intervenir en comunidades indígenas está obligado a pasar por consulta previa, que está establecida como un rango superior en la Constitución, porque viene del Convenio 169 de la OIT. Cualquier intervención en comunidades indígenas o colectivos de negros, tiene que hacer consulta, y eso tiene una formalidad. Aquí no lo hicieron, creyeron que era suficiente que Feliciano Valencia, que no representa la totalidad de los indígenas, dijera que sí y siguieron derecho con la propuesta.

¿Pero qué opina del proyecto en sí?

El problema más grave que tiene Colombia es el narcotráfico, desde hace 40 años, pero ese cuento con el que nos tienen, de que el Estado viene a resolverme mis problemas, no. Es un Estado politizado, burocrático, ineficiente y corrupto. Hay que tener un poco más de genialidad y entender las leyes del mercado. Esa es una economía ilegal y los precios de esa coca procesada, que es la cocaína, son excesivos y eso lleva a que haya grupos ilegales enfrentando la estabilidad institucional, asesinando colombianos, a la Fuerza Pública. Eso lo conocemos todos, pero no es organizando que el Estado le compre a los que siembran la coca y además les dé servicios para que esos cultivos tengan cosechas superiores, como si fuera un cultivo inofensivo. Si a mí me dicen que se va a usar en temas medicinales, investigación científica y bebidas ancestrales, perfecto, pero lo que no le han contado el país y el título no lo dice, es que sí se va a permitir la transformación, diciendo que como la tiene el Estado, no va a pasar nada y se va a ofrecer también sustancia psicoactiva, que es el clorhidrato de cocaína. Este proyecto lo que busca es legalizar la cocaína y lo disfrazan bonito con la compra de hoja de coca a campesinos.

¿Teme entonces que se facilite el consumo de cocaína?

Por supuesto. Está claro que se va a transformar la coca en derivados psicoactivos. Lo dice el artículo 14, y que el monopolio lo va a tener el Ministerio de Salud. No me hagan reír, que ahora va a competir el Estado con los narcos y ellos van a estar felices de que el Estado les compre la hoja de coca a los campesinos. Esto es una guerra, que sí hay que enfrentarla, pero esto es una legalización que va a enfrentar al Estado con los traficantes y a los campesinos también, no va a resolver el problema y va a facilitar el acceso al consumo de la cocaína.

¿Incentiva también el narcotráfico?

Claro, porque un Estado que de por sí es corrupto, que uno sabe que jueces y miembros de la Fuerza Pública terminan de alguna manera permeados por el narcotráfico, cómo va a garantizar que no haya disputa, si el mismo proyecto dice que esto solo se hará en territorios donde hay cultivos. ¿Cómo lo van a prohibir si ni siquiera han podido tener el control? La violencia no se acaba. Yo veo una intención buena por algunos ingenuos, de tratar de resolver el lío, pero perversa por otros que siempre nos están vendiendo cortinas de humo. Coca en todo Colombia, eso es culpa del Acuerdo de Paz.

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Pero la marihuana tiene mucho uso medicinal. ¿No podría pasar igual?

El ideal sería que no se trate de legalizar la coca haciendo un esfuerzo por cubrirlo como si fuera un trato especial a los pobres campesinos que cultivan coca. Las cosas se tienen que decir como son: la mayoría del campesino de Colombia no cultiva coca, aquí le dan privilegios al cultivador. Dos, claro que debe incentivarse la investigación científica, siempre se ha sabido que la hoja de coca sirve como analgésico y entiendo que tiene muchas cualidades como el cannabis medicinal. Vámonos por esa línea, pero no por esta que obliga a un Estado arruinado a darles plata a los que cultivan coca, mientras que los de la yuca y el café sí están en la olla. Va a terminar todo Colombia en un solo territorio de coca y el Estado obligado a comprarla.

Se dice que el proyecto tal como está viola los convenios sobre drogas que ha firmado Colombia...

Es que el proyecto es tan ambicioso, que de una vez obliga al Estado a revisar todas las convenciones firmadas. Por ejemplo, en Colombia se extraditan narcos precisamente con el acuerdo existente con Naciones Unidas para la lucha contra la droga y el delito. Con este proyecto todo entraría a demandarse como acuerdo, toda esa cooperación entraría a hacer obligatoriamente revisada. Se pueden revisar los temas de los TLC que han sido controversiales, como la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Justicia, que nos quitó el mar de San Andrés, todo es susceptible de ser revisado, pero aquí van es de lleno a beneficiar un producto que al final lo que genera es un problema de salud pública profunda en niños y jóvenes que el Estado no va a poder controlar.