El 45% de los delincuentes capturados por la Policía en Cali queda libre, ¿qué está pasando?

¿Por qué un alto número de personas capturadas no va a la cárcel por los crímenes que cometen? De acuerdo con cifras de la Policía Metropolitana de Cali, en lo corrido del 2021 miembros de esta institución han hecho 3448 capturas, el 47 % de los capturados son judicializados con detención carcelaria, mientras un 45 % queda en libertad. El resto corresponde a detención domiciliaria y pendientes por definir.

En el proceso penal existen varios factores que influyen en que una persona que ha sido capturada logre ser condenada o no, aun así, los expertos coinciden en que la libertad a delincuentes o reincidentes, en ocasiones se debe a ciertas fallas que se cometen en las fases que desarrollan las autoridades competentes.

Según Alberto Sánchez, investigador en temas de seguridad ciudadana, a veces, “la Policía presenta capturados que los fiscales consideran que no deberían serlo porque no hay suficientes pruebas, porque el proceso es breve o porque la víctima no denuncia”. En estos casos la Fiscalía determina que el proceso no requiere mayor investigación y el implicado queda libre.

Además, se presentan hechos de hurto donde el juez determina que por baja cuantía no es necesario iniciar el proceso ya que, según Sánchez, el desgaste institucional es mayor y no es necesario solicitar medida de aseguramiento. El investigador agrega que esto se debe a un problema de orientación de la política criminal y el diseño de las medidas institucionales.

Es por eso que manifiesta que existe una percepción de “ineficacia frente a los delitos catalogados, entre comillas, como menores, por parte del juez y del Código Penal; pero que, en términos prácticos, terminan teniendo una altísima incidencia en la seguridad pública’’ de ciudades como Cali.

El juez y magistrado Juan Manuel Tello sostiene que hay que tener en cuenta lo consignado tanto en la Constitución como en el Código Penal, ya que es necesario “respetar en todos los casos los protocolos que establece la misma ley, porque esos protocolos si no se respetan hoy, el día de mañana no se los van a respetar a usted mismo”.

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Una de estas normas, según el doctor Tello, docente de la Pontificia Universidad Javeriana-Cali, es la legislación de presunta inocencia, que describe a todo individuo como inocente hasta que hayan pruebas de peso en su contra que demuestren lo contrario. Es aplicable no solo en Colombia sino en todos los países del mundo. Por eso, el especialista en derecho administrativo, sostiene que “uno de los problemas es que, en muchas ocasiones, los órganos del Estado, sin generalizar, no observan los procedimientos previstos en la ley, y no los observan con todo el rigor del caso”.

De ahí la importancia de que el juez, que es una figura imparcial, haga respetar la ley y los derechos de los ciudadanos, inicialmente, verificando si los procedimientos cumplen los requerimientos de la ley o no. Ya que ‘‘la labor del juez es revisar que el procedimiento de privación de la libertad no se haya hecho de mala manera”.

Uno de los errores más comunes es violar los derechos de captura, como por ejemplo, incitar a hablar o a declarar a los capturados antes de la audiencia, mientras la legislación contempla que tiene derecho a guardar silencio. También, no informarle de qué se le acusa o porqué está siendo detenido, y a su vez, impedirle comunicarse con alguien que lo defienda.

Situaciones como esta facilitan que los abogados defensores logren la libertad de sus clientes durante las audiencias, independientemente de los crímenes que se les sindica.

“Mire la paradoja, los encargados de hacer cumplir la ley, en su rango especial, no cumplen exactamente con los requisitos que exige la misma ley. Por eso se ponen en libertad las personas, por capturas mal hechas”, sostiene el doctor Tello.

Los expertos en seguridad coinciden en la necesidad de identificar y poner la lupa en las problemáticas que más han venido golpeando la seguridad ciudadana.

Este es un problema no solo de Cali sino de todas las ciudades de Colombia, que puede traer graves consecuencias. Recientemente, en la localidad de Santa Fe, en Bogotá, se presentó un hecho lamentable. Un hombre luego de robar el celular de una comerciante, quien lo denunció, fue dejado en libertad, por decisión de un juez. Quince días después, el delincuente, en un acto de venganza, asesinó a la mujer.

Por casos como este, Alberto Sánchez opina que “la orientación de las capacidades y recursos del Estado hacia la afectación de estructuras criminales, debe estar enfocada en los delitos que más afectan a los ciudadanos. El hurto, por ejemplo, es el mayor problema de seguridad en el país, después del homicidio”.

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Por su parte, el coronel de la Policía Metropolitana de Cali, Édgar Vega, asegura que “la Policía Nacional pone a disposición del fiscal el procedimiento, comienza las correspondientes audiencias, pero en algunas ocasiones, el fiscal le da una medida diferente, con lo cual podemos establecer que hay delitos que son querellables, es decir, que no dan ninguna medida carcelaria”.

“El principal factor que estimula la reincidencia es la falta de castigo efectivo, la Policía muchas veces captura, pero el sistema judicial no tiene la capacidad de procesar todos los casos que llegan a diario”, opina el experto en seguridad Andrés Felipe Galindo, y agrega que esto impide la resocialización de los delincuentes, el fin último de las condenas.

Galindo sugiere que las autoridades y entidades de justicia deberían fortalecer sus procesos mediante el uso de la tecnología, para tecnificar su labor; la contratación de personal capacitado, que procese de manera óptima cada caso, y “revisar el sistema carcelario porque hay elementos de resocialización que no se cumplen, probablemente porque las cárceles no ofrecen las condiciones dignas a los reclusos”.

De acuerdo con Juanita Durán, directora del Laboratorio de Justicia y Política Criminal, “confiamos demasiado en las capturas como estrategia para contener el crimen y en el fondo no son tan eficientes ni en el corto, ni en el largo plazo”.

Para Durán se debe a que “muchas capturas terminan en absolución. En los casos de drogas, por ejemplo, de cada diez juicios en los que hay una flagrancia, ocho terminan en absolución. Muchos de estos casos son simplemente consumidores a los que no se les puede probar tráfico”, explica.

Los expertos advierten que, ante el hacinamiento en cárceles, la detención domiciliaria se volvió una medida de descongestión, desvirtuando lo que es ese beneficio.

En Colombia tenemos una política criminal perfectamente ineficiente, mal enfocada, con falencias enormes entre necesidades y capacidades y con problemas de gestión. Eso se traduce en problemas de seguridad ciudadana, dice el investigador Alberto Sánchez.

De acuerdo con la encuesta Invamer de agosto de 2021 sobre percepción de seguridad, el 60 % de los consultados del suroccidente del país opina que se sienten en condiciones de inseguridad; y el 36% dijo haber sido víctimas de algún delito este año.

La misma encuesta arrojó cifras que indican que cerca del 51% de los encuestados, que ha sido víctima de un hecho delictivo, no denuncia. Ante esta situación el coronel Vega dice que las “personas no le dan importancia al hecho de realizar una denuncia porque manifiestan que es una pérdida de tiempo, que no les conduce a ningún buen término y por eso desisten de esta”.

Sin embargo, sostiene que ‘‘es importante indicarles a los ciudadanos que confíen en las instituciones, que formulen las correspondientes denuncias. Pues con ellas nosotros podemos hacer un mejor trabajo y poner en recaudo a estas personas que cometen delito’’.

Recomienda hacer una denuncia detallada de los hechos, que brinde a las autoridades herramientas valiosas para otorgar una condena ejemplar a aquellos delincuentes que afectan la seguridad.

Coinciden los expertos en que como son diversas las causas que impiden que un alto número de capturados llegue a la cárcel, no hay un culpable exclusivo, ya que el proceso involucra a diversos actores de la sociedad, por eso es necesario ponerle la lupa, para lograr un buen funcionamiento de la justicia.

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En ocasiones las autoridades competentes exceden las 36 horas para presentar a un capturado ante el juez de control de garantías.

Además, en ocasiones se acusa a las personas por una conducta delictiva determinada, y a medida que avanza la audiencia, según el juez, se descubre que era otro delito que no requiere una condena como la privación de la libertad.

Ante este tipo de situaciones que se registran a diario en nuestro país, los jueces están obligados a dejar libres a los detenidos.