El estallido social sigue encendido en América Latina, ¿qué une a las protestas por toda la cordillera?

Como una reacción en cadena, Chile, Ecuador, Bolivia, Perú, Argentina, Haití y Panamá están viviendo protestas y estallidos sociales que han derivado en muertes, represiones, cambios de Gobierno y crisis. ¿Son hechos aislados o hay una base común que los une?

La cordillera tiembla

La Cordillera de los Andes se sacude. En Ecuador, las protestas se iniciaron en octubre contra el decreto del presidente Lenín Moreno que aumentaba el costo del combustible e introducía medidas de austeridad. En pocos días Quito fue ocupada por los movimientos indígenas, que en menos de una semana obligaron al Gobierno a retroceder en sus planes.

Moreno había logrado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, FMI, para hacer frente al endeudamiento externo. En una economía dolarizada desde hace 19 años, la eliminación de los subsidios a los combustibles provocó un aumento del galón de diesel de 123 % y del galón de gasolina en 30 %, aumentando las tarifas de transporte en 40 %.

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Chile tomó la posta en esta carrera de relevos. Las protestas comenzaron el 14 de octubre contra el aumento del transporte para luego convertirse en un estallido social que obligó al Gobierno de Sebastián Piñera a retrotraer la medida de subir el pasaje del metro. No bastó y la movilización se extendió, cuestionando de raíz el modelo económico y político heredado de la dictadura de Augusto Pinochet.

En Perú, el presidente Martín Vizcarra, que sucedió al renunciado Pedro Pablo Kuczinsky, disolvió el Congreso el 30 de septiembre y convocó nuevas elecciones, abriendo un periodo de inestabilidad política.

Es la economía, estúpido

Para el especialista argentino Miguel Ponce, una de las razones fundamentales de esta crisis sistémica es que América Latina es el continente más desigual del mundo y Chile es el máximo ejemplo de ello. En ese marco, el estallido de la crisis actual tiene como fondo la dependencia enfermiza de los países latinoamericanos de las materias primas, cuyo precio viene en descenso en los últimos años.

“La caída del precio de las commodities, que son las exportaciones fuertes de América Latina, ha ido generando que, al no tomarse medidas que tiendan a paliar estos efectos, la región entre en crisis, con distintas características en cada país”, dijo Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI.

Y agrega: “Los enormes avances en el nivel de vida alcanzadas en la primera década de este Siglo en los distintos países no fueron acompañadas de medidas que evitaran esta crisis”.

El elogiado modelo económico chileno resultó ser un espejismo. El país tiene la más injusta distribución de riqueza de América Latina. “Todos los indicadores generales estaban bien: el PBI per cápita venía aumentando, el comercio exterior venía creciendo, pero la gente veía que los ricos estaban cada vez más ricos y empezaron las demandas postergadas por más de 30 años”, explica el experto.

En Ecuador, las rigideces impuestas por la dolarización de la economía hace 19 años privaron al Estado de los mecanismos para paliar la caída de los precios internacionales del petróleo, llevando al país a un alto endeudamiento. Esto obligó al Gobierno de Morales a pedir el apoyo del FMI, que exigió las medidas de austeridad que desataron las protestas de octubre.

Bolivia, durante el mandato de Morales y su Movimiento al Socialismo (MAS), se convirtió en una de las naciones con mayor desarrollo de la región. Evo decretó la nacionalización de empresas y los recursos hidrocarburíferos, como el gas, otorgándole poderosos recursos al Estado.

Sin embargo, la obsesión de Evo por atornillarse en el poder y el deterioro de los logros económicos, sumado al fraude elecotral, precipitaron las protestas que aún no paran.

En Argentina, el cambio de vientos internacionales a principios de 2018 provocó una grave crisis económica que llevó al Gobierno de Mauricio Macri a pedir un crédito de 57.000 millones de dólares del FMI, a pesar de lo cual la inflación trepó a más del 50 %, convirtiéndose en la tercera del mundo, y provocó una devaluación del peso de casi 400 % desde entonces.

El efecto Brasil

No se puede explicar lo que pasa en la región sin tener en cuenta el peso político y económico decisivo de Brasil.

El cambio de signo, con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en 2016 y la llegada al poder de Jaír Bolsonaro en 2018, ha traído importantes consecuencias económicas y políticas para Suramérica.

En la cumbre del Grupo Brics realizada en Brasil el pasado jueves, el Gobierno de Bolsonaro anunció que está negociando un área de libre comercio con China por fuera de Mercosur.

“Esto significaría una herida de muerte al Mercosur”, señaló Ponce, quien añade que “hace dos semanas, Brasilia informó que comprará 750.000 toneladas de trigo a EE. UU., casi el 90 % de sus necesidades de importación, con arancel cero, cuando solo ese arancel puede ser usado entre los países socios del Mercosur”. Estas decisiones gravitarán negativamente sobre todas las demás economías de la región.

“En Bolivia el cambio de Gobierno tiene olor a gas y a litio”, ejemplificó el experto para describir los intereses económicos de los grupos de la provincia de Santa Cruz, que lideraron la oposición a Morales. “El país tiene la primera reserva de este material, en tanto Argentina, Chile y Bolivia concentran el 90 % de las reservas mundiales de este mineral fundamental para el reemplazo de los combustibles fósiles para el transporte por baterías eléctricas en las cuales el litio es uno de sus principales componentes”, señaló.

El categórico respaldo de Bolsonaro a la Presidenta interina de Bolivia es una clara señal del peso del gigante suramericano y de su respaldo a los grupos opositores bolivianos del Oriente.

Las razones políticas

Las enormes insatisfacciones sociales han chocado contra las rígidas estructuras políticas, como se ve con claridad en Chile, donde las protestas económicas iniciales derivaron en un cuestionamiento a la Constitución heredada de la era Pinochet.

El viernes, la oposición y el Gobierno lograron en el Congreso un acuerdo para convocar un plebiscito para reformar la Constitución, que si bien fue modificada en dos ocasiones eliminando las restricciones corrientes políticas y los senadores vitalicios, es una Carta rígida, que no consagra mecanismos de cambio, en la cual la función social es limitada e impone un Estado subsidiario que no provee salud, educación o seguridad social.

En Bolivia, la crisis política tiene otras raíces. Por un lado, el descontento que provocó en amplios sectores de la población el intento de reelección de Evo, pese a que en el plebiscito de 2016 se impuso el No. Pero, por otro, se trata de un país dividido: el triunfo de Morales en 2005 y la Constitución del Estado Plurinacional reconoció por primera vez derechos ancestrales de la población originaria, generando el descontento de los círculos empresarios, agrícolas y ganaderos de Santa Cruz de la Sierra.

En Argentina la brutal crisis económica no llevó a un estallido y el descontento pudo ser canalizado por la vía electoral. El 27 de octubre, el opositor Alberto Fernández venció al presidente Macri, permitiendo una válvula de escape al malestar social.

En 2020 continuarán las convulsiones: nuevas elecciones en Bolivia, parlamentarias en Perú, plebiscito en Chile y renegociación con acreedores internacionales en Argentina.