El narcotráfico, el gran enemigo de la paz total que busca el Gobierno Petro

La decisión del presidente Gustavo Petro de suspender las órdenes de captura a los cabecillas del ELN, que fue acatada por la Fiscalía General a inicios de la semana pasada, significó el mayor avance de la llamada paz total que ha venido ambientando el nuevo gobierno, incluso, desde antes de posesionarse.

Sin embargo, ese es apenas uno de los grupos ilegales que actualmente delinquen en el país. Mientras la guerrilla ha sido recurrente en declaraciones que contienen palabras de voluntad, de parte de las bandas criminales organizadas hay silencio y hermetismo frente al tema.

Este panorama es opaco y plantea preguntas que hasta que no sean respondidas desde la Casa de Nariño no permitirá que se despeje y se conozca la ruta exacta que se seguirá en la búsqueda de una entrega general de las armas en el país.

Uno de los interrogantes más importantes es cuáles serían las organizaciones armadas ilegales que harían parte de un eventual proceso y cuáles de ellas se quedarían por fuera.

La posibilidad de una respuesta se amplió después de que desde el seno del Pacto Histórico se pusieran sobre la mesa algunas condiciones, específicamente a las bandas criminales.

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Al respecto los senadores Roy Barreras e Iván Cepeda plantearon que en el marco de un eventual sometimiento solo se tendrá en cuenta a los ilegales que hayan dejado prácticas violentas.

El presidente Petro fue más allá y dijo que en su encuentro de esta semana con delegados de la Casa Blanca, para intercambiar ideas sobre el nuevo enfoque en la lucha contra las drogas, se planteó que si un narcotraficante colabora con la justicia no será extraditado a los Estados Unidos.

Para Egoitz Gago Anton, director de la Maestría de Paz de la Universidad Javeriana, la iniciativa de la paz total, aunque cargada de obstáculos, tiene todo el sentido en este momento histórico del país. “No es una propuesta peregrina, Colombia está viviendo dinámicas culturales, sociales, económicas y políticas que ayudan a pensar que la violencia del pasado se puede superar, lo cual no quita que tenga dificultades para hacerse realidad.

“Habrán procesos de negociación que serán más sencillos --y digo esta palabra con mucha cautela porque no quiero decir que serán fáciles-- con algunos con más posibilidad de éxito que otros. Una cosa será con la guerrilla del ELN y las disidencias como la Segunda Marquetalia y el antiguo Frente Primero que supuestamente tienen base política, mientras que con otros grupos que tienen intereses meramente económicos va a ser mucho más complejo”, resalta Gago Anton.

En cuanto a quienes se pueden quedan por fuera, el docente universitario asegura que mientras sería menos complejo negociar con insurgentes, no será tanto así con los grupos paramilitares, ya que en organizaciones como el Clan del Golfo, Los Caparrapos, Los Pelusos, entre otros, no hay un liderazgo claro y los cabecillas se reciclan muy rápido después que alguien es detenido o dado de baja.

“En este sentido es mucho más efectivo concentrarse en el aspecto económico de esos grupos entonces y unir eso, por ejemplo, a una política realista de drogas en el país en la que todos los debates estén abiertos. En este momento, la verdad es que los cabecillas se reciclan de manera muy veloz porque el objetivo de la organización es económico lo que dificulta una posible negociación”.

Gago Anton añade que un limitante más, que podría significar que las bacrim se queden por fuera de la paz total, es que una posible mesa de diálogo con grupos criminales como Los Espartanos o La Empresa, que delinquen en Buenaventura, deslegitima al Estado, que debe elegir bien con quién hace acercamientos para no terminar validando sistemas criminales.

Para Human Rights Watch (HRW) pese a que esto es cierto y a que existen limitantes en el marco jurídico de cara a las negociaciones, lo ideal es no dejar a ningún grupo por fuera ya que hay alternativas para implementar distintas figuras legales con cada grupo.

Explican que es necesario tratar de avanzar al tiempo en las negociaciones porque en las economías delictivas, en especial el narcotráfico y la minería ilegal, hay vínculos fluidos y complejos entre el ELN, más de 30 disidencias y el Clan del Golfo, así como con otras organizaciones criminales, algo que, tradicionalmente, las autoridades han enfrentado con dos estrategias distintas para buscar el desarme negociado.

“Por un lado, han llevado a cabo negociaciones de paz que incluyen discusiones sobre políticas públicas con protagonistas del conflicto armado que se han presentado a sí mismas como enfocadas principalmente en perseguir objetivos políticos, tales como las Farc o el ELN. Por el otro, las autoridades, generalmente encabezadas por la Fiscalía, han buscado el sometimiento a la justicia de grupos criminales que están vinculados a actividades de crimen organizado y se perciben como enfocados principalmente en la obtención de rentas ilegales”.

HRW añade que actualmente las leyes existentes regulan ambos tipos de procesos, pero que solo permiten que el Gobierno realice negociaciones con grupos armados según la definición del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra. Aclaran que el Protocolo II Adicional, y en general el Derecho Internacional Humanitario, no describen con qué grupos armados los gobiernos pueden o deben entablar negociaciones dejando en manos del Estado la decisión de realizar negociaciones con un grupo armado, sin importar su estatus.

Para Hugo Acero, experto en temas de seguridad y justicia, algo que puede marcar clara diferencia entre quienes están en la lista de negociaciones viables y quienes no, es que se planteen algunas condiciones a la hora de ver acercamientos con las bacrim. “No basta con parar momentáneamente la violencia, se requiere el sometimiento, el desmantelamiento de las organizaciones criminales, la garantía de no repetición y entrega de información y verdad en favor de las víctimas”.

“Es necesario que los grupos entreguen información sobre las actividades criminales que realizan para que eso permita desarticular y acabar con la cadena económica de las distintas rentas criminales que alimentan la violencia, como el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, la extorsión, entre otras. Se necesitan nombres de empresas y personas que alimentan la cadena ilegal, información de distribución y comercialización, rutas, blanqueo de recursos, socios públicos y privados y demás”, explica.

El experto añade que es necesario que quienes se vinculen al proceso entreguen toda la información personal y judicial no solo para aplicar sanciones y beneficios judiciales y sociales, sino para hacer seguimiento a cada uno para que no vuelvan a delinquir. Eso podría ser un filtro que permita definir a los protagonistas de la paz total.

Además del ELN, las disidencias de las Farc manifestaron su voluntad de una posible negociación a través de un comunicado publicado esta semana. Además de ellos, en agosto pasado, el Clan del Golfo hizo llegar al presidente Petro una carta firmada por al menos 50 Grupos Armados Organizados (GAO) en la que se manifiestan dispuestos a dialogar, coordinar un cese el fuego y al desarme en el momento indicado. Entre ellos están las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Los Caparros, Los Rastrojos, Los Shottas de Buenaventura, La Inmaculada de Tuluá y los Mexicanos de Quibdó, además de una treintena de grupos que afirman componer grupos de autodefensa.

Ante esto, Petro les exigió dejar de cometer crímenes y que dejaran de lado los homicidios, pero las muertes de líderes sociales y las masacres han continuado. De hecho, según la Defensoría del Pueblo, para el 31 de julio de este año habían sido asesinados 122 líderes, muchos de ellos por órdenes de las mismas agrupaciones que firmaron la misiva. El Mandatario también exigió que dejen de lado sus actividades de narcotráfico y colaboren con la justicia para así evitar la extradición.

Una de las dudas que surgen con estos grupos es que poco después de que se hiciera pública la carta que enviaron al Presidente, circuló un panfleto en el que afirmaban que la voluntad de paz no se extiende a todas las agrupaciones delictivas del país.