El plan para instalar más cámaras de video en las zonas más inseguras de Cali

En las calles de Cali existen 1909 ‘ojos vigilantes’ que trabajan 24/7 y se constituyen en importantes aliados de las autoridades para enfrentar la delincuencia que azota a la capital vallecaucana.

Se trata de las cámaras instaladas por la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, en sectores estratégicos, teniendo en cuenta las inquietudes de la comunidad por tratarse de zonas muy oscuras o solas y la incidencia de delitos según las denuncias de los ciudadanos a la línea 123.

Las mismas están dotadas de un software que ayuda a identificar rostros de quienes cometen delitos tales como atracos, hurtos de vehículos y homicidios. Algunas cuentan con una tecnología llamada LPR, que permite reconocer las placas de carros y de motos, lo cual es de especial utilidad “en las diferentes salidas y avenidas de la ciudad, y sobre todo, en el Oriente, que es donde tenemos la fuga de vehículos que van para el departamento del Cauca”. Así lo explicó Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, al precisar que “las cámaras, ubicadas en las 22 comunas y en algunas zonas rurales, nos permiten esclarecer los distintos actos o situaciones donde hay la comisión de un delito, y se convierten en un elemento de prueba para trasladarlo a fiscales o jueces y poder judicializar de forma certera a los delincuentes.

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Al respecto, muchos ciudadanos manifiestan que estos elementos fueron claves para identificar a quienes cometían actos vandálicos durante el Paro Nacional de abril de 2021.

El sistema de vigilancia remota incluye, además, un helicóptero, drones y el centro de monitoreo, situado en el Comando de la Policía Metropolitana.

Si bien en Cali se han colocado 2033 cámaras, hoy “tenemos 1909, dado que se han desinstalado varias porque las han vandalizado o porque ya la fibra óptica no llega con suficiente fidelidad para obtener la grabación y calidad de las imágenes, entre otros factores. Hay 83 que están obsoletas, luego de hacerles mantenimiento varias veces, por lo que resulta más costoso que adquirirlas nuevas”, aclaró Jimmy Dranguet.
Aunque lo ideal sería tenerlas operando al 100%, “es imposible por la variación del sistema, ya que la fibra óptica tiene fluctuaciones de acuerdo a como esté el servicio de Internet. Pero la atención permanente que realizamos nos garantiza un funcionamiento entre el 80 y 85 %”, afirma el Funcionario.

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Del presupuesto de la Secretaría de Seguridad para 2023, que es de $65.490 millones, se han destinado $11 mil millones para cámaras de vigilancia, tanto para mantenimiento, como para fortalecimiento, es decir, compra de nuevos equipos, instalación y en algunos casos, consecución de los postes donde no existen.

Estas adquisiciones se harán conforme al recaudo de la tasa de seguridad, por eso la importancia del aporte oportuno de los impuestos por parte de los caleños, señaló la Secretaría de Seguridad en días pasados.

Además, el titular de la dependencia aseguró que “estamos pidiendo la concurrencia del Gobierno Nacional a través del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, o de recursos que tiene la Nación, para complementar las inversiones en nuestro sistema de vigilancia, más no para financiarlas en su totalidad”.

Cabe mencionar que el último contrato de mantenimiento a la infraestructura del sistema de seguridad electrónica, incluyendo suministro y reposición de cámaras de video vigilancia, adjudicado en 2022 a la empresa Spectra Ingeniería S.A.S., tiene garantía hasta el próximo 30 de abril, garantizando la eficiencia de un 83% sobre el total de cámaras en visualización y grabación.

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Tan alta es la inseguridad en Cali, que a muchos ciudadanos no les ha quedado otra opción que destinar los recursos que por ley reciben las comunas por parte de la Alcaldía, conocidos como presupuesto participativo (situado fiscal) para adquirir o implementar sistemas de protección contra la delincuencia urbana.

Este es caso de la Comuna 22, al Sur, donde los residentes de parcelaciones El Retiro, La María, Cañasgordas y el barrio Ciudad Jardín, entre otros sectores, cuentan con varias cámaras, pero en opinión del edil Luis Felipe Collazos, “han sido instaladas porque las Juntas de Acción Comunal y la Junta Administradora Local, las han priorizado durante las últimas tres administraciones con recursos de presupuesto participativo.

No obstante, manifiesta que “la Secretaría de Seguridad y Justicia no hace el adecuado mantenimiento a estos equipos, pese a que cuentan con el mencionado presupuesto.

Otro problema, añade Collazos, es que se definió un centro de video analítica en la Estación La María, pero “está en veremos”. Se trata de un proyecto para integrar toda la información que arrojen las cámaras y comunicarla a la central de la Policía Metropolitana para tener el control de todas las cámaras de la comuna en tiempo real.

Uno de los tantos clamores ciudadanos está en la Urbanización La Flora, al norte de la ciudad, porque “no nos tienen cámaras de seguridad, las únicas que hay son las de los condominios”, aseveró la líder comunitaria Johanna López, al afirmar que hay mucha inseguridad en cuanto a robos, atracos e intentos de violación en puntos como las avenidas 3N y 4N, que son muy solas, así como en inmediaciones al Exito.

Por otro lado, uno de los sectores donde se proyecta instalar nuevas cámaras es la zona de expansión, que incluye a La Viga, Bochalema, Ciudad Pacífica y Cachipay, donde sus habitantes urgen por estos elementos de vigilancia, debido a los continuos hechos delictivos que padecen.

El concejal Fernando Tamayo lamentó que la Administración, “en un acto de rebeldía, terminara reduciendo el presupuesto para seguridad, cuando el Concejo propuso en su momento una cifra cercana a los $130 mil millones”.

Agregó que los recursos destinados para este año son “absolutamente insuficientes frente al problema que tenemos de seguridad en Cali, la ciudad más violenta de Colombia”.

Asimismo, considera que el hecho de que no estén en uso más de cien cámaras del total de las que se han instalado, demuestra que nunca se ha hecho un mantenimiento integral, es decir, dejarlas funcionando todas, pero también separar un dinero para estarlas revisando y así tenerlas todas operando. Es caótico, porque como se hace por puchos, nunca vamos a tener la totalidad de equipos trabajando”.

Tamayo, además, critica que en este momento “seamos reactivos, lo que quiere decir que nos concentramos en el sitio donde se esté moviendo la delincuencia, pero no hay una política definida a corto, mediano y largo plazo, que nos sirve para volvernos efectivos, para planificar y priorizar. Pero si no hay un interés real de la Administración de invertir recursos, no pasa absolutamente nada”.

Esta política pública ya está construida y se requiere presentarla al Concejo para que tenga discusión.