En Cali hay casi 3.800 bienes confiscados a narcos, ¿por qué se han convertido en un 'dolor de cabeza'?

El 60,4 % de los bienes inmuebles que son administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en el departamento del Valle del Cauca, con corte al 6 de septiembre de este año, se encuentran ubicados en Cali.

Así las cosas, la ciudad se convierte en la mayor poseedora de propiedades que han sido confiscadas del narcotráfico o que están en proceso de ser declaradas en extinción de dominio en favor de la Nación. Hasta comienzos del mes anterior eran 3789 los bienes de este tipo distribuidos a lo largo y ancho de la capital vallecaucana, principalmente en la zona urbana.

Esta afirmación fue reiterada el pasado 27 de septiembre cuando, en un debate de control político en la plenaria del Senado, al que fue citado el presidente de la Sociedad de Activos Especiales, Daniel Rojas, Cali fue ejemplo del reto que tiene la institución (ver mapa) no solo por actualizar el inventario de la SAE sino por lograr que estas propiedades ayuden realmente al progreso del país.

Entre los retos que expuso Rojas, recientemente nombrado en el cargo, está el de lograr que el inventario de la SAE se actualice y que las propiedades puedan ser usadas, en lo posible, para el bien de las comunidades.

Todos los bienes que están a cargo de la SAE hacen parte del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado (Frisco).

Es más, según él, solo el 21 % de los predios que administra la Sociedad de Activos Especiales a nivel nacional son productivos, en contraste con el 79 % restante del que no se tiene certeza sobre su valor catastral ni comercial.

Ante este panorama, Rojas dijo que adelanta un trabajo conjunto con la Fiscalía General de la Nación y con la sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, de la Embajada de los Estados Unidos, para auditar, unificar información, transparentar procesos y contarle a los colombianos los valores reales y la cantidad de bienes que controla la SAE en el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco).

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Al respecto, Juan Martín Bravo, concejal de Cali, recordó que “la ciudad tiene más del 22 % de los predios del narcotráfico en Colombia, lo que se ha convertido en un ‘dolor de cabeza’, entre otras razones, porque como estos bienes entran en un estado de abandono, llega gente a invadirlos”.

Así, muchas de estas propiedades se han convertido en un foco de inseguridad y deterioro ambiental. “Nosotros, por ejemplo, hemos padecido muchos años el martirio por la cantidad de indigentes que se tomaron el lote donde estaba el Club San Fernando como el lugar ideal para dormir y vivir”, contó María Clemencia Bejarano, habitante del barrio San Fernando.

Otros de los problemas que traen consigo estos bienes (apartamentos, casas, lotes, bodegas, locales, e incluso sociedades) es que se venden sin tener la autorización y luego tienen que ser devueltos, o por sus enormes deudas en servicios públicos o porque están muy deteriorados y son imposibles de alquilar o vender.

También hay casos en los que los predios son arrendados por la SAE, pero a personas naturales o jurídicas que dan un uso del suelo, al parecer, irregular, sin ajustarse a las directrices que estipula el POT para dicho sector.

En Cali, un ejemplo de esta situación es la que denuncian los habitantes de los alrededores de la Carpa La 66, un predio en el que se realizan eventos masivos a pesar de que, según la comunidad, es un sector residencial.

Sobre este particular, la Sociedad de Activos Especiales respondió que, a la fecha, “no han recibido quejas ni requerimientos por parte de entidades distritales por las actividades comerciales que se desarrollan en ese predio”. Entonces, ¿qué ha ocurrido con las quejas presentadas por la ciudadanía?

En la zona urbana de Cali hay 3319 predios que se encuentran en proceso de extinción y 400 ya extintos. En la zona rural son 44 los que están en proceso y 26, ya lo están.

Similar enredo se presenta con el terreno aledaño al Centro de Diagnóstico Automotor del Valle, donde se ubicaba el polémico patio de Tránsito de la 66, con más de 9900 vehículos abandonados. Este lote está siendo usado por la empresa Yolagir S.A.S.

Según la SAE, “el lote se encuentra ocupado irregularmente por terceros”. No obstante, el abogado de la firma Yolagir S.A.S., Mario Ospina, aseguró que la empresa “tiene en su haber copia del contrato de arrendamiento con la Sociedad de Activos Especiales, en el que se detallan los números de la matrícula inmobiliaria que abarca la totalidad del inmueble arrendado”.

Realmente, en Cali son pocos los bienes fruto de la extinción de dominio a los que se les ha dado utilidad, comparados con la gran cantidad disponible.

Sin embargo, el concejal y presidente de la Comisión de Entidades Descentralizadas, Carlos Andrés Arias, recordó que a través de un cruce de cuentas entre el Municipio y la SAE, por impuestos en mora, fue posible adquirir el lote de 22 mil metros cuadrados donde funcionaba antes el Club San Fernando, para construir en él un centro de ciencia y tecnología.

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Otro predio sobre el cual también se declaró la utilidad pública y que ahora es controlado por el Municipio es el de La Morelia, de 33 mil metros cuadrados en el sector de Los Cristales.