En el Valle van 106 casos y 102 condenas por el delito de feminicidio

El pasado 6 de julio la Ley 1761, también conocida como Ley Rosa Elvira Cely, cumplió cuatro años de haber sido incluida en el Código Penal Colombiano, con el fin de tipificar el feminicidio como un delito autónomo, además de garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación en el país.

Desde entonces, y hasta el 14 de julio de 2019, la Fiscalía Seccional Cali ha reconocido un total de 106 muertes violentas de mujeres como feminicidios y 179 tentativas de feminicidio en los municipios de Cali, Jamundí, La Cumbre, Yumbo, Candelaria, Palmira, El Cerrito, Pradera y Florida (Valle).

La mayoría de los agresores de las mujeres asesinadas fueron personas con quienes tenían relaciones cercanas (parejas sentimentales o familiares) y quienes, en muchos casos, ya habían ejercido violencia contra ellas.

Algunas de estas muertes violentas también estuvieron acompañadas de acciones de instrumentalización y dominio de las decisiones vitales y sexuales de las víctimas, hechos que son sancionados por la Ley 1761, la cual contempla una pena mínima de 500 meses (41 años) de prisión y una pena máxima 600 meses (50 años) de prisión con restricción de algunos beneficios para los victimarios, según explicó un fiscal de Feminicidios de Cali.

“No hay rebaja de pena por buen comportamiento. La única rebaja es el 25% de la pena a imponer por aceptación de cargos. El indiciado tiene 60 días después de hecha la imputación, si no los acepta dentro de este término, la rebaja será de una tercera parte de la pena a imponer hasta antes de ser interrogado. Después de la pena solo habrá rebaja por trabajo o estudio. No se reconoce ninguna rebaja si la víctima es menor de edad”, explicó el Fiscal.

Es así como, desde el 2015 hasta la fecha, en la Seccional Cali se han impuesto 102 sentencias condenatorias: 29 por feminicidio y 73 por tentativa.

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Otros 68 casos están en etapa de juicio: 26 por feminicidio y 42 por tentativa.

De acuerdo con Adriana Cely, una de las promotoras de la Ley de feminicidios que lleva el nombre de su hermana, mujer que fue brutalmente agredida, violada, empalada y abandonada por un compañero de estudio en el Parque Nacional de Bogotá en 2012, el proyecto de Ley fue el resultado de varias organizaciones femeninas que vieron la necesidad de que se reconocieran a las mujeres que habían sido asesinadas por el hecho de ser mujeres.

“En el caso de mi hermana, por ejemplo, al haber ocurrido antes del 2015 no hubo una condena ejemplar que evite que los hechos se repitan. Este hombre fue condenado a 48 años, por el asesinato de dos mujeres, el abuso de una trabajadora sexual y la violación de sus propios hijos e hijas. Por todos esos delitos podría llegar a pagar solo 18 años, porque fue tratado como un homicidio agravado y no como un feminicidio. En este sentido, se entiende que la Ley nos dio las herramientas para judicializar, aunque aún haya pocos casos ejemplares, como el caso de Yuliana Samboní, en el que se logró la pena máxima”, acotó Cely.

Y agregó: “Lo que se pretendía con la Ley era la no repetición de los hechos, pero esto sigue sucediendo, la justicia sigue siendo flexible con los agresores. Hay partes de Colombia, como Norte de Santander, donde incluso los jueces y fiscales se niegan a aplicarla”.

El más reciente hecho que consternó a la comunidad vallecaucana fue la muerte de Lina María Jaramillo, de 23 años, quien fue atacada con arma blanca por su exnovio y padre de su hija, Andrés Mauricio Aguirre, justo en el momento en el que estaba esperando un bus para cumplir una cita en la Fiscalía de Palmira, pues se disponía a denunciar por cuarta vez las agresiones y amenazas que había recibido de su parte.

El caso se registró en la mañana del pasado lunes 8 de julio en un corregimiento del municipio de Candelaria. El presunto feminicida se entregó a las autoridades tres horas después de haber cometido el crimen y Lina murió cuando era atendida en un centro asistencial de Cali.

A este feminicidio se suman otros hechos que se destacaron por el grado de sevicia con el que se cometieron, como la muerte de Diana Tatiana Rodríguez, de 11 años, quien fue abusada sexualmente y asesinada por su tío Jhon Edwar Quintero Urquiza, de 29 años, en Buenaventura el pasado 1 de junio. El hombre se entregó a las autoridades y confesó el crimen.

Pero también el caso de Leydi Johana Soto, de 35 años, quien el pasado 23 de mayo habría sido secuestrada por Jhon Alexander Zamora Díaz, su exesposo y padre de sus cuatro hijos, a quien había denunciado por diferentes agresiones en enero de este año.

El cuerpo sin vida de esta mujer fue hallado amarrado con un lazo a la orilla del río Cauca, en su paso por el departamento de Caldas, cuatro días después de su desaparición. Su expareja aún sigue siendo buscada por las autoridades.

“Han sido muchos los casos que nos han dejado sin palabras, seguimos viendo mucha vulneración de los derechos de las mujeres, aunque la Ley nos da el enfoque de género, incluso, al punto de llegar a proteger a las mujeres trans o de la comunidad Lgbti. Vamos avanzando, tenemos reducción de casos y hemos implementado programas de prevención exitosos como el Consultorio Rosa, pero todavía hay mucho que mejorar”, dijo la secretaria de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Valle, Luz Adriana Londoño.

De acuerdo con la funcionaria, entre enero y junio de este año en el departamento se habían registrado 16 feminicidios, cuatro casos menos comparado con el mismo periodo del año pasado, cuando se presentaron 20 hechos.

Ocho de los casos se han registrado en la capital del Valle y ocho más en otros municipios del departamento, según datos del Observatorio de Género, Ogen.

Entre tanto, el Observatorio de Seguridad de Cali sostiene que desde el 6 de julio de 2015 al 6 de julio 2019, en Cali se han tipificado 73 feminicidios, 46 de ellos cometidos por parejas o exparejas sentimentales de las víctimas y nueve por familiares.

Cinco casos están por establecer, cinco más sucedieron en medio de venganzas con y sin antecedente, tres en medio de riñas, dos por acceso carnal y tres por otros móviles.

Entre las víctimas están cinco menores de edad: dos niñas entre los cuatro y nueve años, una niña entre los diez y catorce años y dos adolescentes entre los 15 y 17 años. También 32 mujeres entre los 18 y 29 años, 20 entre los 30 y 39, ocho entre los 40 y 49 años y ocho de los 50 años en adelante.

Con nueve casos, la Comuna 13 es la más afectada por este delito, seguida de la Comuna 14 con ocho, la Comuna 21 con siete y la Comuna 15 con seis.

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