¿En La Haya está en juego la soberanía de Colombia?, responden desde el Gobierno

Este lunes se iniciaron las audiencias orales programadas por la Corte Internacional de Justicia, CIJ, de La Haya, para escuchar los argumentos sobre la supuesta violación de derechos soberanos en espacio marítimo del mar Caribe entre Colombia y Nicaragua.

Lo que está en discusión en esta oportunidad, después del revés jurídico sufrido en el 2012 ante Managua, es si Bogotá ha violado la soberanía del país centroamericano en el Caribe o si, por el contrario, es ese Gobierno el que ha vulnerado los derechos de las comunidades raizales del archipiélago de San Andrés a la pesca.

Y si bien es claro que no está en riesgo la soberanía de Colombia sobre las islas, como lo explica en entrevista con Colprensa el coagente del Estado colombiano ante la Corte, Manuel José Cepeda, el fallo sí puede tener implicaciones sobre las posibilidades de explotar económicamente y proteger la seguridad de esa zona marítima tan importante para el país.

¿Qué hará distinto en esta ocasión Colombia para evitar ser derrotada otra vez por Nicaragua en el tribunal de La Haya?

Comprendo su inquietud, pero la pregunta amerita una precisión. En términos generales, a la luz del fallo de 2012, se podría decir que, aunque la Corte delimitó las Zonas Económicas Exclusivas, Nicaragua no obtuvo su pretensión principal contra Colombia, que era apropiarse del Archipiélago. La Corte no le concedió a Nicaragua soberanía alguna sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ni le reconoció soberanía sobre los cayos del Archipiélago, como lo pretendía.

Tampoco le reconoció las pretensiones subsidiarias, como el enclave total de las islas. Por el contrario, le reconoció a San Andrés, Providencia y Santa Catalina plenos derechos de Zona Económica Exclusiva. En el caso de Quitasueño y Serrana, sí las enclavó y les dio un mar territorial completo de 12 millas. También estableció que, dado que Quitasueño si emergía, era susceptible de apropiación y es de Colombia. No enclavó los otros cayos.

"Las eventuales diferencias con cualquier país en el futuro se abordarán por las vías diplomáticas, de manera pacífica".

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¿Y qué vino después de ese fallo?

Después de las nuevas demandas de Nicaragua, Colombia conformó un equipo con el que ha venido trabajando durante varios años con dedicación y rigor para defender los más altos intereses de Colombia. Radicó los memoriales escritos correspondientes y está preparada para asistir a la audiencia pública convocada por la Corte ante la demanda que interpuso Nicaragua en 2013 acerca de las supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe. Colombia tiene argumentos sólidos para la defensa del pleno ejercicio de sus derechos. Ello nos llevó, precisamente, a contrademandar a Nicaragua. Contamos con una estrategia clara y contundente, que ha sido definida por la defensa en un trabajo coordinado con los abogados internacionales, la Armada Nacional, el Equipo Raizal y la Cancillería.

Este no es un caso de delimitación marítima ni de soberanía territorial. La soberanía de Colombia sobre las islas no está en discusión.

Nicaragua acusa a Colombia de haber incumplido el fallo de La Haya sobre el mar territorial. Cómo comprobarán que sí cumplió?

La CIJ, en su fallo de excepciones preliminares de 2016, negó la principal pretensión de Nicaragua en el sentido de que se declarara que Colombia estaba amenazando usar la fuerza en la zona. La Corte decidió de manera unánime que no tenía competencia y resaltó que la situación en el Caribe era calmada y estable. También advirtió que no iba a pronunciarse sobre cómo ejecutar el fallo de 2012. El objeto del caso es si Colombia ha violado los derechos invocados por Nicaragua.

Y en el marco del proceso, Colombia contrademandó. ¿Por qué?

En primer lugar, Nicaragua ha desconocido la existencia de los derechos tradicionales de pesca de los habitantes del archipiélago, en particular de la comunidad raizal. En múltiples ocasiones les ha impedido acceder a las aguas donde se encuentran los bancos tradicionales, en los que han pescado por siglos. Ese es su hábitat natural e histórico. En segundo lugar, Nicaragua expidió un decreto contrario al derecho internacional relacionado con los puntos y líneas de base a partir de los cuales mide sus espacios marítimos en el Mar Caribe, buscando adjudicarse de forma unilateral áreas marinas en detrimento de Colombia y de otros Estados.

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¿Qué es lo peor y lo mejor que podría pasar para Colombia?

En este caso no está en discusión la delimitación marítima ni la soberanía territorial. Es de esperar que en las sesiones en las cuales interviene la defensa de Nicaragua haya reclamaciones y pretensiones exorbitantes. En múltiples ocasiones ha tratado de fabricar incidentes inexistentes.

Colombia es clara en que a la luz del derecho internacional tiene derechos irrenunciables, como la libertad de navegación, la protección del medio ambiente y el derecho del pueblo raizal a realizar sus faenas de pesca en los bancos tradicionales.

La Corte fallará posteriormente, una vez escuche a las partes y evalúe los argumentos.

¿Fue un error estratégico de Colombia haberse retirado del Pacto de Bogotá tras el fallo de 2012? ¿Nos puede costar esa decisión en el juicio que se adelante en la Corye de La Haya?

En su momento se tomó la decisión de retirarnos del Pacto de Bogotá para evitar que Nicaragua u otro país volviera a demandar a Colombia en temas de delimitación o de fronteras. Denunciar un tratado de esta naturaleza es un derecho soberano de todo Estado. Las eventuales diferencias con cualquier país en el futuro se abordarán por las vías diplomáticas, de manera pacífica. En los casos que cursan ante la Corte Internacional, esa decisión no tiene incidencia alguna.

¿Está en juego alguna parte de la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés o sobre su mar territorial?

De ninguna manera. Eso está fuera de discusión.

¿Cree que sí hubo la suficiente discusión sobre el tema en Colombia para buscar un consenso? ¿Que no se haya hecho la reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores puede ser negativo?

El equipo de defensa, junto con la Cancillería, ha adelantado una intensa labor de consulta y socialización con diversos sectores: con las comisiones del Congreso, con académicos, con especialistas y con los órganos de control, con el equipo raizal y con representantes de esa comunidad, entre otros.

Con frecuencia hemos consultado e informado a los expresidentes desde que empezó este caso en el 2013. La Comisión Asesora es una instancia que ha permitido buscar posiciones de Estado en diversas ocasiones, pero su no realización no afecta la defensa de Colombia. Todos los expresidentes mantienen su interés en estos temas y sus aportes siempre han sido y seguirán siendo altamente valorados. En el mes de marzo se llevó a cabo una reunión informativa con la Comisión Asesora específicamente para los dos casos pendientes.