Esto es lo que viene para el MÍO bajo la Ley de Insolvencia

Esta semana se sentarán a la mesa Metrocali, la Superintendencia de Transporte, Bancolombia y el operador de buses del MÍO, GIT Masivo, para determinar cómo el ente gestor del sistema de transporte masivo pagará $160.000 millones que perdió en un laudo arbitral (vea claves en página A4).

Esta reunión se dará porque Metrocali se acogió a Ley 550 de reorganización económica y reestructuración empresarial, ante la Superintendencia de Transporte, para garantizar la prestación del servicio del MÍO y establecer cómo se pagará esta deuda.

Esta situación despertó entre los caleños el temor de que reaparezca el fantasma de la intervención por parte del Gobierno Nacional, tal como sucedió con Emcali, Emsirva y Calisalud. Incluso, desde el Concejo de Cali se solicitó liquidar Metrocali y conformar otra empresa con nuevas reglas de juego para que maneje el transporte masivo de la ciudad.

Pero, ¿de dónde saldrá el dinero para pagar?, ¿se reducirá la planta de trabajadores de Metrocali?, ¿se afectará el servicio del MÍO?; ¿la Supertransporte ingerirá en las decisiones de Metrocali?

Metrocali es enfático en señalar que acogerse a la Ley 550 no significa que esté intervenida; que la Supertransporte tome las riendas de la sociedad o que asuma decisiones al interior de la Junta Directiva y que la labor de este ente de control será el de nombrar un promotor (vea el recuadro: ¿quién es el promotor?) para que estructure y se llegue a un acuerdo sobre el plan de pago de la deuda.

Ingrid Ospina Realpe, presidenta del ente gestor del MÍO, sostiene que las cuotas de pago a GIT Masivo se estructurarán teniendo en cuenta el plan de sostenibilidad del masivo, el cual contempla aumentar y recuperar flota; realizar obras, entre ellas la Troncal de Oriente, para incrementar el número de pasajeros y de esta manera tener más ingresos. Actualmente, Metrocali recibe el 7 % de la tarifa, es decir, por cada $2100 de pasaje le corresponde $147.

En resumen, Metrocali recibe en promedio $19.000 millones al año por este concepto y con el plan de sostenibilidad espera incrementar esta suma de dinero para comenzar a pagar a largo plazo la deuda que tiene con GIT.

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La Presidenta de Metrocali agrega que, según la Ley 550, entre cuatro y ocho meses es el plazo que se tiene para estructurar el plan de pagos con GIT - Masivo, “y si se requiere se puede seguir prolongando en el tiempo, sin embargo, en este caso, como es un acuerdo con un solo acreedor, esto no va a necesitar mucho tiempo y por eso esta semana que esté el promotor de la Supertransporte empezaremos a realizar el plan de trabajo con GIT”.

¿Y cómo van a pagar esos $160.000 millones?, ¿acaso saldrán de la caja de Metrocali, del Municipio o incluso de Emcali, empresa que hace parte de la Asamblea de Accionistas del ente gestor del MÍO?

Ingrid Ospina asegura que la deuda corresponde a Metrocali y no al Municipio o Emcali. “Saldrán de una porción del 7 % de la tarifa que recibe Metrocali para su operación. El número de años de la deuda la establecerá el promotor de acuerdo a la capacidad de pago anual de Metrocali”, advierte.

Además, en el mismo proceso arbitral se estableció que el Municipio de Cali se excluyera de este proceso.

Y añadió que la cancelación de esta deuda no afectará los ingresos de los otros operadores del MÍO. “Los recursos para pagar las obras también están garantizados, esos dineros no se podrán tocar. Adicionalmente tendremos que ser eficientes en el manejo de los dineros de la nómina de la empresa, sin descuidar el servicio”.

Según Metrocali una de las ventajas que tiene acogerse a la Ley 550 es que los intereses de la deuda se congelan. “Imagínese que se venían causando intereses, hasta el 11 de octubre, de $600 millones mensuales y a partir del 12 de octubre se empezaban a causar intereses por $3000 millones mensuales si no nos acogíamos a la Ley 550”, asegura Ospina.

Para Mauricio Venté, vocero del Comité MÍO Usuarios, el que Metrocali se acoja a la Ley 550 no garantiza que se mejore la calidad del servicio. “Nosotros no creemos que las cosas vayan a mejorar. Aquí hay que estar muy atentos al pago de esa deuda porque se realizará con dineros públicos. Mientras el ciudadano no se motive con un mejor servicio las cosas no van a mejorar y va a seguir bajando la cantidad de pasajeros del MÍO”.

70 % de los recursos irán para la deuda con Bancolombia
Enrique Wolff, gerente de GIT Masivo, manifiesta que espera que Metrocali honre sus compromisos y lo que le ordena la Ley y el tribunal arbitral.

“Nosotros tenemos toda la voluntad de llegar a un acuerdo con Metrocali en el plazo de pago. Seremos el mayor acreedor de Metrocali, junto con Bancolombia, al cual GIT Masivo le cedió el 70 % del laudo arbitral -para pagar la deuda que tiene con esta entidad por la adquisición de los buses-”, sostiene.

Según el ejecutivo, la deuda que Metrocali tiene con GIT ascendería a $185.000 millones (no a $160.000 millones como asegura Metrocali) más los intereses de mora corridos desde diciembre del 2018 al 11 de octubre del presente año.

“Nosotros ya le tenemos unas propuestas a Metrocali y estamos a la espera de sentarnos con el promotor para poder llegar a un acuerdo con ellos que evite el colapso del servicio del MÍO. La Ley 550 tiene unos plazos que se deben cumplir para llegar a un acuerdo”, manifiesta.

Wolff agrega que GIT Masivo está comprometido en seguir operando los buses de la mejor forma e invertir en el plan de recuperación de la flota. “Esperamos que este compromiso se cumpla y que el haberse acogido Metrocali a la Ley 5550 no sea una estrategia para dilatar el cumplimiento de los compromisos del laudo arbitral”, precisa.

El Gerente de GIT Masivo advierte que se llegó al pago de esta millonaria suma porque no se logró un acuerdo por voluntad de Metrocali. “Ellos fueron los que decidieron no llegar a un acuerdo en noviembre del año pasado, donde teníamos el documento prácticamente listo. Pero fue Metrocali por su voluntad, por sus restricciones, el que no lo aceptó”.

El acuerdo contemplaba que GIT Masivo operara 130 buses más para el sistema de transporte masivo.

Según Olga Lorena Cifuentes, secretaria general y de asuntos jurídicos del MÍO, no se llegó a un acuerdo porque no había lugar a la requisición de flota adicional que realizó GIT.

“Cuando se declaró desierta la quinta operación, que se distribuyó la flota entre Blanco y Negro y GIT Masivo, el análisis financiero que se realiza desde la entidad es que GIT Masivo ya está adicionado hasta el 50 % de su valor inicial, qué es el límite que establece la Ley 80 de 1993, por lo tanto no accedimos a entregar flota adicional”, explica.

La Superintendente de Transporte, Carmen Ligia Valderrama Rojas, reitera que este proceso no implica una intervención de la Supertansporte a Metrocali.

“Desde ese punto de vista el rol de la Supertransporte es principalmente de acompañamiento. Así, la ley es clara al establecer que debe: aceptar la solicitud del acuerdo de reestructuración, publicar un aviso con su decisión, designar el promotor que lleve el trámite, imponer multas en caso que se desconozca la ley de reestructuración, resolver objeciones que cualquier acreedor formule y autorizar el mecanismo que elija Metrocali para normalizar su pasivo pensional. Una vez suscrito el acuerdo de reestructuración, la Superintendencia hará seguimiento al cumplimiento del acuerdo celebrado”, precisa la funcionaria.

Cabe decir que en los próximos días el promotor de la Supertransporte recibirá de Metrocali un estado de los estados financieros ordinarios o extraordinarios de la empresa; posteriormente procederá a determinará el número de acreedores.

“Seguidamente realizará una reunión para comunicar la existencia y cuantía de las acreencias y liderará el acuerdo de reestructuración a celebrar con los acreedores”, concluye Valerrama Rojas.

El promotor de la reestructuración económica de la que será sujeto Metrocali es Luis Fernando López Roca, quien es doctor en Derecho, con especializaciones en Derecho Público Económico y en Legislación Financiera, así como en Derecho Comercial.

Actualmente es el director de la especialización en Derecho Financiero y Bursátil, y Profesor Ordinario de la Universidad Externado de Colombia.
López Roca, se encargará de la negociación con los acreedores y analizar el acuerdo en sus aspectos financieros, administrativos, contables, legales, entre otras obligaciones.

Diciembre del 2015
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Los operadores de los buses del MÍO Unimetro y GIT inician un tribunal de arbitramento solicitando al Municipio de Cali que pague $300.000 millones por incumplimientos contractuales en la operación del sistema.

Septiembre 16 de 2016
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El operador GIT manifestó que pediría la terminación de su contrato en el MÍO argumentando desequilibrio económico teniendo en cuenta que el déficit de ingresos de la empresa es de aproximadamente $45.000 millones al año.

Abril 27 del 2018
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Los concesionarios GIT Masivo y Unimetro manifestaron su intención de apoyar el plan de salvamento del MÍO, sin embargo, expresaron no estar dispuestos a renunciar a las pretensiones del tribunal de arbitramento.

Diciembre del 2018
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Un tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio expidió un laudo en el que obliga a Metrocali a pagar $110.041 millones (según Metro- cali) al concesionario GIT Masivo por diversos incumplimientos en el contrato.

13 de abril de 2019
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El Consejo de Estado declara infundado el recurso de anulación que interpuso Metrocali para evitar el pago de $110.041 millones al operador GIT Masivo, como consecuencia de un tribunal de arbitramento que inició dicho concesionario.

Octubre 11 de 2019
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La Supertransporte acepta la solicitud que realizó Metrocali el 27 de septiembre para someterse a un acuerdo de reestructuración económica y así establecer bases para negociar pagos con sus acreedores.

Para concejales como María Grace Figueroa y Fernando Alberto Tamayo ante este escenario una opción sería liquidar a Metrocali y buscar nuevas alternativas para administrar el MÍO.

“Todo lo que se ve es el resultado de mentiras y engaños que se hicieron desde Metrocali y el gobierno al Concejo, pensando en que todo mejoraría. El acogerse a la Ley 550, es un paño de agua tibia, para aplazar un pago que tarde o temprano se tendrá que dar”, dijo María Grace Figueroa.

Por su parte el presidente del Concejo, Fernando Tamayo, manifestó que con esto el Municipio le está ofreciendo medicina a un enfermo terminal que no tiene posibilidades de sobrevivir como los es Metrocali.

“Pensaría que la salida sería liquidar a Metrocali y construir una nueva estructura que permita retomar el control de la empresa que se perdió en los estrados judiciales, acabar con la exclusividad del MÍO e integrar otros medios de transporte”, señaló.

Ante esto el alcalde, Maurice Armitage, señaló que la entrada en Ley de Insolvencia era “una cosa que se veía venir, este es un pleito que se causó en gobiernos anteriores y nunca se le dio solución al sistema de transporte masivo”.

El Mandatario agregó que “ hemos llamado a Ley 550 para proteger el funcionamiento de Metrocali, pero esto en ningún momento es una intervención de la Nación”.