Explosivos improvisados siguen dejando víctimas en el país, a pesar de ser prohibidos

La vulneración a los Derechos Humanos por parte de los grupos armados organizados al margen de la ley, al utilizar métodos y medios de guerra ilícitos, se ha convertido en el principal riesgo para la Fuerza Pública y la población civil en Colombia.

Así lo indica el más reciente informe de la Corporación Mil Víctimas, al registrar el año anterior a 88 civiles y 266 uniformados, entre policías y militares, afectados por esta situación.

Como si fuera poco, el documento revela que, en el 2021, ingenieros militares lograron neutralizar 5323 artefactos explosivos improvisados, lo que evidencia la utilización creciente de esta práctica prohibida en la guerra.

Las disidencias de las Farc y el ELN son los principales grupos que acuden a estas acciones, en parte, indica el politólogo Iván Mauricio Díaz, “porque tienen un conocimiento que se ha transmitido generacionalmente y que se ha alimentado y coordinado con otros grupos terroristas”.

Según el profesional en Ciencias Militares y especialista en Seguridad y Defensa, un ejemplo es el caso de las Farc, que tuvo una influencia marcada por la Organización ETA para el desarrollo de ‘minas antipersonas’.

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Estas, al igual que ‘las papas bomba’ y los ‘cilindros bomba’ a los que en otras épocas les introducían tachuelas con excrementos para causar más daños, generan efectos puntuales y colaterales que son imposibles de dimensionar, principalmente porque son armas que se producen desconociendo todos los parámetros técnicos legalmente establecidos.

Sin embargo, siguen siendo utilizadas masivamente. Incluso, en departamentos como el Valle del Cauca, a pesar de que se han recuperado desde el punto de vista militar y policial importantes zonas que estaban sitiadas por los grupos armados, la realidad es que no por ellos las Fuerzas Militares y la población se encuentran a salvo.

Gerson Alejandro Vergara, defensor Regional del pueblo, indica que, en municipios como Jamundí, Pradera, Florida, Buga, Tuluá, Dagua, Buenaventura y Palmira, se han identificado presencia de ‘minas antipersona’, lo cual representa un llamado de alerta para los entes garantes de la protección de los Derechos Humanos.

Además, destaca que, desde la Defensoría del Pueblo del Valle del Cauca se realice una articulación con las comunidades, especialmente con aquellas que geográficamente presentan difícil acceso, para promover un ejercicio fuerte de pedagogía que permita su autoprotección. También, se activa toda la ruta de atención a las víctimas del conflicto armado para evitar que este se convierta en un proceso de revictimización.

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A pesar de estos esfuerzos, informes como el de la Corporación Mil Víctimas resalta que, en el 2011, del total de personas afectadas por el uso de artefactos explosivos improvisados, 88 pertenecían a la población civil.

Un panorama que deja ver cómo las comunidades todavía padecen los efectos colaterales de una violencia a la que se suman las bandas criminales que, al igual que otros grupos armados ilegales, luchan por el control de las rutas del narcotráfico y por evitar que la fuerza pública recupere terreno.

Por ello, es necesario que “el Estado haga mayor presencia en los territorios, sin que esto signifique imponer una unidad militar, una estación de Policía o un batallón de alta montaña. Solo mediante la presencia real del Estado se podrá evitar que la población civil siga a expensas de lo que quieran hacer los grupos ilegales”, advierte Mauricio Jaramillo, profesor de Ciencia Política en la Universidad del Rosario.

Por su parte, el politólogo Díaz, asegura que es primordial atender a quienes por ese tipo de flagelos padecen secuelas psicológicas como “el Síndrome Postraumático de Combate”, que lleva a las víctimas a mostrar reacciones de sufrimiento que les impide volver a la sociedad de forma plena.

Finalmente, se deben abordar los efectos socioeconómicos y grupales que esto trae, por ejemplo, que las personas no puedan desplazarse libremente en su territorio o que cultivarlo para satisfacer sus propias necesidades sea todo un peligro.