Indignación por declaraciones de Timochenko sobre reclutamiento de menores

“La declaración de Timochenko decepciona al país, a las víctimas y pone en riesgo el Acuerdo. Nadie duda de que las Farc reclutaron menores de edad”.

El tuit publicado el pasado miércoles por el exministro del Interior Juan Fernando Cristo dejó en evidencia que, sin proponérselo, Rodrigo Londoño, director del partido de la Rosa, logró establecer un punto de unión entre críticos y defensores de lo pactado en La Habana.

En efecto, lo conocido luego de que Timochenko compareciera el martes ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, donde dijo que en la extinta guerrilla no había una política de reclutamiento de menores generó indignación en el Gobierno.

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De hecho, el presidente Iván Duque dijo que “es lamentable que quien fuera el comandante militar de las Farc dijera de manera descarada ante el país que las Farc nunca reclutaron menores, nunca cometieron violaciones, que la Farc nunca narcotraficó”.

Y agregó: “Me parece grave porque es que la verdad ha sido ostensible. El país no necesita que se hagan procesos profundos de investigación para saber si esas tres conductas criminales se cometieron, porque se cometieron ante los ojos de toda la Nación”.

Pero los reclamos no vinieron solo desde allí. Cristo, uno de los negociadores del Gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana, también dijo en su mensaje de Twitter: “La semana pasada insistimos a las Farc en la importancia de decir la verdad ante la JEP para consolidar paz y reconciliación”.

“En la JEP, quien no aporte a la verdad ni asuma su responsabilidad, recibirá sanciones y penas de cárcel”, reiteró en su cuenta de Twitter esta semana esa Jurisdicción.

Y a él se unió desde la misma red social Juanita Goebertus, quien hizo parte del equipo de expertos que diseñó el modelo de justicia transicional adoptado por el Estado y las Farc: “Se van cerrando las oportunidades... El Acuerdo de Paz es claro: si no hay reconocimiento de responsabilidad, la JEP les deberá imponer una pena de hasta 20 años de cárcel”.

Por eso, varios analistas aseguran que las próximas semanas deberán ser definitivas para que los exlíderes de la desmovilizada guerrilla le comprueben al país que sí están comprometidos con las víctimas en el sentido de contarles toda la verdad de lo ocurrido en el conflicto armado, como lo han asegurado en diversos escenarios, o para que los magistrados de esta Sala de la Jurisdicción Especial de Paz tomen decisiones en contra de aquellos que no reconozcan su participación en delitos asociados al reclutamiento, como el abuso, la violación y los abortos forzados.

“El 50 % eran menores de 16 años”
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“Parte del compromiso de las Farc, como de los demás actores firmantes, es contribuir la verdad de todos los delitos que se cometieron, especialmente los de lesa humanidad, y el reclutamiento de menores estuvo presente como una política durante toda su existencia como grupo armado”, asegura Alejandro Eder, quien participó de la fase de diálogos exploratorios con esa guerrilla.

En el momento en que la verdad sea negada en la JEP, se pierde el fundamento central de esa justicia, que se soporta en la relación dolor-curación y no en la relación jurídica-condena.

Pero además asegura que durante los ocho años que trabajó en el área de reintegración recibió a miles de guerrilleros desmovilizados, de los cuales el 50 % había sido reclutados a una edad promedio de 16 años. “Teníamos algunos que habían sido reclutados hasta de 6 o 7 años e inclusive otros desde los 0 años, porque habían nacido, en palabras de ellos, en las Farc. Entonces, que ahora digan que no tenían reclutamiento de menores es una falta grave a la verdad, así como que digan que no tenían una política de forzar abortos y de control reproductivo, como lo llamaban ellos, de las guerrilleras”.

Por eso coincide con Goebertus en que si Londoño, Pastor Alape y otros exjefes de las Farc niegan que hubo una política estructurada y sistemática de reclutamiento de menores deberán ser sancionados con 20 años de restricción efectiva de la libertad.

“La JEP tiene que tomar siempre el lado de las víctimas y escuchar al pueblo colombiano, que en este instante está unido frente a que queremos justicia real por ese delito”, enfatiza quien fuera director de la Agencia Colombiana Para la Reintegración.

En igual sentido, Héctor Alonso Moreno, director de la carrera de Estudios Políticos de la Universidad del Valle, sostiene que es necesario que los jefes de las Farc reconozcan que en el curso de la guerra se cometieron crímenes de lesa humanidad, de los cuales la JEP sirve como catarsis para que no lleguen a los tribunales internacionales. “No hay que olvidar que el Tribunal Penal Internacional juzga las personas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos a los Estados.

Y precisa que el mandato de concurrir a contar la verdad ante la JEP también es para los paramilitares, militares y los llamados terceros.
De su lado, el sociólogo docente de la Universidad del Rosario Carlos Charry plantea que lo dicho por los exfarc evidencian lo ficcional que eran las Farc en cuanto a organización coordinada, planeada y dirigida.

Y la relación dolor-curación pasa por el presupuesto básico de que la verdad, narrar lo que ocurrió ayuda a entender lo que ocurrió en la historia colombiana y ese es el mejor camino que nos conduce al perdón”, Héctor Alonso Moreno,
politólogo.

“Estos testimonios dan cuenta de que las percepciones de los líderes de las Farc sobre el actuar de esta guerrilla eran muy distintas porque sus posiciones, lugares de lucha e incluso sus referentes ideológicos eran distintos. Evidentemente, debería haber una mayor coordinación entre ellos para generar un discurso mucho más homogéneo sobre sus responsabilidades ante el conflicto armado y ese debe ser el primer reclamo de la ciudadanía”.

En opinión del experto, el hecho de que unos sí asuman la responsabilidad frente al reclutamiento, “otros digan que no era política de las Farc pero que sí ocurrió y otros digan que ni lo uno ni lo otro, da cuenta de la diversidad de poderes y regímenes que existían al interior de esa guerrilla. “Pensábamos que era algo muy unificado y en la práctica no lo era”, argumenta.

Y agrega que precisamente el papel de la JEP es mostrar todas esas realidades entre ellas contradictorias y llegar a un veredicto “no para juzgar a las Farc, sino para que las víctimas, que son el centro del proceso, consideren si esos relatos son suficientes para esclarecer la verdad y para que todos los victimarios las reparen de manera correspondiente”.

¿Y la verdad de los exparas?
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“Las personas que tienen delitos pendientes en Colombia y que tienen que responden ante la Justicia, entre ellos los exjefes paramilitares, tienen que volver al país, y si tienen una verdad qué contribuir, también la tienen que dar, porque esa es la única forma en la que vamos a pasar la página de tantos años de violencia. Es importante que en Colombia ya dejemos de estar mirando hacia atrás y podamos de una vez echar este país hacia arriba”.

Así se refiere Alejandro Eder, exnegociador de Paz, al posible arribo al país de varios líderes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, luego de haber purgado las condenas que por delitos relacionados con narcotráfico les fueron impuestas en EE. UU., tras ser extraditados a ese país.

Por su parte, el sociólogo Carlos Charry opina que se debe dar el debate sobre qué tan efectivo fue el proceso de Justicia y Paz en términos de verdad, justicia y reparación y cuestionar a la JEP para que en el futuro no cometa los mismos errores.

“El que estas personas hayan sido extraditadas sin decir la suficiente verdad, en parte justificaría la razón por la cual la JEP, en algún momento, pueda admitirlos”, plantea el experto.

Y añade que ante la encrucijada, “la jurisdicción de Justicia y Paz se recompone y empieza a trabajar encaminada a resarcir el papel de las víctimas para repararlas, o el país debería plantearse la posibilidad de que la JEP pueda acoger esos testimonios dentro de su jurisdición”.

Dijo la JEP
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Ayer terminó la primera ronda de versiones de exfarc por reclutamiento y utilización de menores en la guerra, Caso 7.

De los 37 combatientes vinculados al proceso, se llamó a quienes participaron de los espacios donde se perfiló esta práctica: VI, VII, VIII y IX Conferencias Nacionales Guerrilleras y los plenos del Estado Mayor central de 1997 y 2000.