Invasión de tierras, una 'bomba de tiempo' que amenaza el despegue de Gustavo Petro

Pasado el primer mes de la llegada de Gustavo Petro y Francia Márquez al poder enfrentan uno de sus retos más complejos: la ocupación ilegal de tierras por parte de comunidades negras e indígenas en al menos siete departamentos del país, incluido el Cauca, en donde las tensiones generan inquietud, porque las circunstancias están dadas para que incluso se provoque un conflicto regional.

Aunque no se trata de un problema nuevo, los expertos coinciden en que la llegada de la nueva administración a la Casa de Nariño sí tuvo una influencia en el aumento de casos, en especial después del anuncio del Jefe de Estado de que en su periodo habría un énfasis en la “democratización de la tierra” al barajar con una reforma rural la repartición de suelos.

Apenas días después de que Petro recibiera aplausos en su discurso de posesión por hacer énfasis en ese tema, casi dos decenas de personas llegaron con palos, guadañas y machetes a asentarse en el predio ‘Caballo Loco’, donde por más de 20 años ha funcionado la Fundación Paz Animal. Ese terreno, de más de 30 hectáreas, es administrado por la Sociedad de Activos Especiales, SAE, que la entregó en comodato para el albergue de los animales sin hogar. Los ocupantes irregulares alegaban que estaban allí atendiendo las palabras de Petro.

Ese fue apenas uno de los casos, luego, igual que un incendio, se extendió a municipios del Cesar, en La Guajira, Córdoba, Santander, Cauca, Huila y Atlántico.

Según información oficial de la Policía, desde el 7 de agosto se han registrado 54 denuncias de invasión de tierras en todo el país.
La situación obligó al Gobierno a reaccionar. La vicepresidenta Francia Márquez le salió al paso y dijo que “no aceptamos, rechazamos y solicitamos a quienes hoy están de manera violenta o de manera inadecuada invadiendo predios privados a lo largo y ancho del país, para que se abstengan de seguir haciendo esa práctica”. Lo mismo hicieron los titulares de las carteras de Defensa, Interior y Agricultura.
Un problema complejo

Las invasiones de predios no son un fenómeno nuevo en el país, de hecho tiene sus orígenes en disputas con décadas de antigüedad.
Según las autoridades, en un mes hubo ocupaciones de terrenos de parte de comunidades indígenas en los municipios de Caloto, Corinto, Padilla, Santander de Quilichao, Villa Rica, Puerto Tejada, Padilla, Guachené y Miranda y llegaron a sumar hasta 30 casos. La gran mayoría se han tratado con diálogos y sin choques, pero los conflictos con grupos afro que también reclaman espacio allí están en puntos cercanos a la ebullición.

Voceros del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) anunciaron que seguirán estas prácticas y, además, rechazaron que se les llame invasores.

Aseguran que la suya es “una lucha que tiene raíces en 1538, cuando nuestro pueblo decide declararle la guerra a los invasores, que hoy tienen en su poder las tierras más fértiles y tienen documentos que prueban que son propietarios y son un poder organizado que mueve los hilos de la política, la economía, la justicia y los medios de comunicación en Colombia”.

Para Juan Manuel Torres, coordinador para el Valle del Cauca de la Fundación Paz y Reconciliación, la gran complejidad del problema es que tiene raíces históricas y cada población tiene argumentos válidos.

“En el caso del norte del Cauca, los indígenas dicen que están en un proceso de colectivización de la tierra porque ellos eran sus habitantes originales antes de la conquista, época que los dejó sin acceso a los terrenos fértiles que ahora buscan recuperarse. En el caso de las comunidades negras, ellos argumentan que trabajaron la tierra como esclavos y ahora lo hacen para la agroindustria por lo que están reclamando su derecho histórico”, dice.

Torres señala que lo más preocupante es que podría derivar en un conflicto interétnico entre indígenas y afro.

“La complejidad aumenta porque son campesinos, indígenas y afros viviendo en una misma zona y aunque no todos están de acuerdo con esto, los que lo están -en el caso de los indígenas- tienen un mandato y no se van a detener y ya han tenido confrontaciones directas con el gobierno Petro”.

Los grupos de agricultores y cultivadores de caña, uno de los cultivos más extendidos en la zona, están en la mitad de la situación y esto se suma a que suba la presión. De acuerdo con voceros de los campesinos, desde que se recrudeció la recuperación de las tierras se han afectado 3500 empleos.

Por su parte, Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, dice que esta situación también es consecuencia del vacío histórico que ha dejado el Estado colombiano en cuanto al desarrollo de mecanismos para negociar la distribución de la tierra, algo que durante el periodo de Duque tuvo un ahondamiento.

“Durante el gobierno pasado, cuando ocurrió el estallido social el Gobierno falló en activar los esquemas de diálogo social, sobre todo en los territorios. Organizó unas jornadas de encuentro, pero que se hacían en Bogotá, y aunque eso no es causa de lo que ocurre hoy, sí es muy revelador sobre el tema de las tierras. Sumado a esa situación, el presidente Petro se demoró en nombrar las cabezas del sistema de tierras. Una vez empezó su presidencia nombró a Giovani Yule en la Unidad de Restitución de Tierras, pero solo fue hasta esta semana que se designó a Gerardo Vega en la Agencia Nacional de Tierras, por lo que creo que al Gobierno esta situación lo agarró mal parado, además recién comenzando y la combinación de todos estos elementos es lo que llevó a lo que tenemos hoy”, añade.

Jaramillo Jassir dice que está en manos de Petro evitar que la situación se deteriore en un conflicto. “Todo depende de la evolución de la paz total y la reforma a la Ley 419 de Orden Público porque él ha dispuesto que haya diálogos sociales regionales y que lo hagan unos delegados de la Oficina del Alto Comisionado de Paz junto a gobernadores y alcaldes. Este tipo de problemáticas son las que necesitan ponerse sobre la mesa.
Se ha hablado que habría nueve comisionados regionales y seguramente uno se destinará a estas zonas. Solo sabremos si estas circunstancias se van a recrudecer una vez se hayan surtido los encuentros teniendo el tema de la tierra en el centro porque, indudablemente, sí ha sido un factor que ha dado origen a la violencia”.

Para el docente, para evitar esta clase de hechos es necesario, por un lado, que se instaure un esquema de diálogo permanente y, por otro lado, que se mantenga el monopolio de la fuerza, porque nadie puede rivalizar la autoridad del Estado, que está obligado a defender la propiedad privada.

“Hay que dialogar, pero el Estado tiene que administrar la autoridad y cuando hay invasiones hay que desalojar y eso se hace con la Fuerza Pública”, explica.

Al respecto, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, dice que “el Gobierno debe insistir en sus mensajes en que su voluntad política para la implementación del acceso a la tierra no es una invitación a las vías de hecho sino a la implementación de la política de tierras en el marco del Estado de Derecho y con el pleno respeto de los derechos de todos los colombianos en su conjunto”.

El Estado busca soluciones
Esta semana que terminó las entidades del Estado acordaron trabajar  una hoja de ruta para lograr respuestas rápidas a los diferentes conflictos sociales relacionados con el acceso a tierras.

En la mesa nacional para la superación de la conflictividad social por la ocupación de tierras se acordó el trabajo articulado de toda la institucionalidad del Estado, en cabeza del Gobierno Nacional, junto con los gobiernos municipales y departamentales.

De acuerdo con el Defensor del Pueblo “es fundamental entender las particularidades de la conflictividad social en cada región. Porque hay ocupaciones de tierras que hacen las comunidades indígenas y campesinas que solicitan acceso a las mismas, y otros casos en los cuales las estructuras criminales buscan sacar provecho de la situación para adelantar despojos de grandes extensiones de territorio”.

La Defensoría anunció que delegó a miembros de ese organismo para que busquen adelantar los diálogos.