Jamundí, ¿una víctima del cese al fuego con disidencias ordenado por el Gobierno?

Luego de los atentados con explosivos esta semana en dos sectores de Jamundí, Valle, desde distintos sectores políticos han afirmado que el cese al fuego bilateral que por estos días cumplen las Fuerzas Militares, ha permitido que los grupos al margen de la ley se fortalezcan y cometan ataques terroristas en los cascos urbanos de las ciudades.

Por orden del presidente Gustavo Petro, desde el pasado 1 de enero y hasta el 30 de junio, las Fuerzas Militares adelantan una tregua con cuatro organizaciones en todo el país. La primera de ellas son las disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo y el grupo Sierra Nevada.

Sin embargo, las hipótesis apuntan a que la granada que fue detonada en el Supermercado Caribe y en una estación de gasolina de Jamundí habrían sido arrojadas por hombres pertenecientes a la disidencia de las Farc Jaime Martínez, grupo que delinque en el sur del Valle y en el departamento del Cauca y que, en días pasados, manifestó estar interesado en los diálogos con el Gobierno Nacional que buscan lograr una paz total.

Según Néstor Rosanía, investigador y corresponsal de conflictos armados, el cese al fuego puede frenar unas operaciones militares contra unos grupos específicos, pero el abanico de criminalidad en Colombia, sobre todo en los departamentos de Cauca, Valle y Nariño, es tan grande que el 70% de la coca sale por esos corredores”.

Según el experto, uno de los problemas estructurales que tiene el Estado colombiano, independientemente de si el gobierno es de derecha o de izquierda, es que no tiene la capacidad de ejercer control territorial en las regiones más apartadas del país. “Ahora, desde diversos sectores se está diciendo que la Fuerza Pública se encuentra maniatada y que por eso hay un caos generalizado. Pero la situación de las disidencias Farc en el sur del país siempre ha sido crítica, no solo en el último mes del cese al fuego bilateral, sino que es histórica y llevan años delinquiendo”.

Para Rosanía, es claro que las operaciones de las Fuerzas Militares sí están disminuidas con algunos grupos, pero eso no justifica que el Estado ha sido incapaz de tener control territorial y enfrentar a otros actores armados distintos a los involucrados en el proyecto de la llamada paz total.

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Según Alberto Sánchez, experto en temas de seguridad y defensa, uno de los problemas más graves que tiene el cese al fuego es que el Gobierno Nacional no ha entregado un documento en el que establezcan cuáles son los límites de esta medida, es decir, no se sabe hasta qué punto pueden actuar las autoridades.

“No hay claridad sobre si hay un cese con unos grupos y con otros no. Tampoco son claros cuáles son los términos que determinarían esos acuerdos y tampoco hay una metodología general a la que uno se pueda dirigir para establecer qué tanto puede esto estar limitando las operaciones”, dijo Sánchez, y añadió que en este momento hay un gran margen de incertidumbre en las Fuerzas Militares a raíz de algunos pronunciamientos de la Policía y la Fiscalía que no permiten establecer, a ciencia cierta, qué es exactamente lo que está pasando en materia de confrontación y de cese al fuego.

Alberto Sánchez explicó que es muy difícil en este momento afirmar que determinada resolución está afectando al Ejército, o que cierta regla está impactando a la Policía porque en realidad no se sabe nada actualmente. Para él una de las grandes falencias del Gobierno ha sido la confusión y el desorden metodológico gigantesco frente a los diálogos y cese al fuego, situación que desencadena en que no haya unos términos claros de negociación, y mucho menos de confrontación, con estos grupos ilegales en el Valle y en el resto del país. “Es urgente que esto se corrija, pero sobre todo que se aclare cuáles son los términos del cese al fuego y el estado al de las negociaciones”.

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Según Héctor Herrera, analista de inteligencia, ahora el ELN quiere hacer lo mismo que hicieron las Farc hace algunos años: obligar al Presidente a que les despeje zonas.

“Los grupos ilegales están peleando por sus rutas de narcotráfico y tratarán de afectar y maniatar a la Fuerza Pública para que no les incauten droga, no les capturen guerrilleros y tampoco les decomisen armamento”, sostiene Herrera.

Para el analista, el panorama no pinta bien, pues sostiene que la situación en Colombia y la región no va a mejorar porque los grupos armados están creciendo y ahora, como les están dando más garantías y la Fuerza Pública no los va a combatir, a ellos les va a quedar más fácil hacer todo porque así se pueden mover tranquilamente por el territorio colombiano.