Las cifras del narcotráfico que explican la nueva ola de violencia en el Valle

El lanzamiento de una granada contra una patrulla de Policía el pasado viernes en la noche y la seguidilla de actos terroristas en los días previos en otros municipios, ratifican que el Valle del Cauca está bajo un ataque sistemático por parte de los grupos armados ilegales.

Parte de la explicación a esa ola violenta, según analistas, está en el mapa de monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos, realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, Unodc.

Si bien el estudio revela que en el 2020 hubo en el país una reducción del 7% en las hectáreas sembradas con hoja de coca (de 154.000 en el 2019 a 143.000 en el 2020) la producción de cocaína fue superior a la del 2019.

El narcotráfico mejoró el rendimiento por hectárea sembrada y pasó de 6,7 kilos por hectárea a 7,9 kilos. Según el informe de la ONU, los laboratorios ilegales procesaron 1228 toneladas de clorhidrato de cocaína y estiman analistas que el 75% de la droga salió por el Pacífico.

En un mercado con ganancias superiores a los $35 billones de pesos cada año, y pese a que el Valle del Cauca es el departamento que tiene la menor cantidad de hectáreas cultivadas de la región, su posición estratégica y fácil conexión con el resto del país y del mundo, lo ubica en el punto de mira de los grupos armados ilegales.

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Por eso el interés, según los analistas, de los grupos criminales en copar territorios no solo en la zona pacífica o en los barrios de Cali, sino en algunos corredores viales del departamento sembrando el miedo mediante amenazas y el terrorismo.

Ante estos hechos, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, condenó “la racha de acciones de grupos ilegales que buscan desestabilizar al departamento y nos llena de profunda tristeza
que familias vallecaucanas como ocurre en el Bajo Calima, en Buenaventura, se vean obligadas a dejar sus hogares por los enfrentamientos entre estas bandas”.

“Nada más cobarde que afectar a humildes campesinos y generar zozobra entre los ciudadanos. Nosotros seguimos trabajando en articulación con la Fuerza Pública, nuestro Ejército, Armada Nacional y Fuerza Aérea para acompañar a la comunidad y debilitar esas estructuras criminales”, señala Roldán.

Dos semanas atrás, presuntos hombres del ELN habían activado una carga explosiva al paso de un camión con uniformados del Esmad en Puerto Rellena, oriente de Cali, y disidencias de las Farc incursionaron en el corregimiento El Queremal, en Dagua.

Según el diputado Carlos Hurtado, desde hace años hay unos actores coexistiendo con la población. “Sin embargo, a partir de diciembre del 2020 unos sectores del ELN que estaban en Chocó se desplazan al Naya y ellos, por supuesto, piden parte del mercado y en la zona empiezan a presentar enfrentamientos entre ELN y las disidencias”.

“Los encargados de la producción tienen sus comercializadores, por lo general, en Buenaventura y la guerra entre esas bandas criminales es el reflejo del enfrentamiento entre el ELN y las Farc. También en la zona montañosa de Jamundí hay gente que regula el precio, los famosos mexicanos; entonces tenemos toda una economía, un mercado actuando en todo el territorio. Es una economía que funciona como en Arauca, donde tienen alcaldías, debe haber una influencia en todos estos sitios y deben estar manejando muchas cosas no solo en el Valle, sino en Cauca, Nariño y Chocó”, indica Hurtado.

La Defensoría lanzó una alerta temprana
en Cali por el riesgo en que están los habitantes de 21 comunas por los actos
de violencia de unas 56 organizaciones
al margen de la Ley.

Una de las características del accionar actual de estos grupos armados, que buscan copar más espacios en el Valle, es que vienen realizando acciones en sectores urbanos propios de la guerra de guerrillas.

De acuerdo con el politólogo y asesor en seguridad Miguel Yusty, el Valle está en la agenda de inseguridad acogida y diseñada por los grupos al margen de la ley, respondiendo a una columna vertebral que es la alianza estratégica con el narcotráfico.

“Dadas las condiciones objetivas del Valle y dada su tradición, estos grupos armados han venido a ensayar no solo en el sector rural, en ciudades pequeñas como Andalucía y Ansermanuevo, o en cabeceras municipales intermedias como Tuluá o Cartago; sino también en Cali y en su área metropolitana, donde están tratando de llevar a cabo una típica guerra de guerrillas y que tiene como hechos concretos la escaramuza de Puerto Rellena y todos los eventos posteriores que han venido”, advierte Yusty.

La diputada Lizz Burgos señala que “la presencia de grupos ilegales en el Valle del Cauca es un tema muy preocupante porque hace muchos años no se sentía miedo de transitar por las vías del departamento. Hoy nos recomiendan no circular de noche en las vías y creo que esa no es la solución”.

“El Valle es un departamento apetecido por todos estos grupos. Por Buenaventura sale droga del país; es triste ir a un corregimiento como El Queremal y que la comunidad diga ‘tenemos miedo de volver a lo mismo y tenernos que ir’, es triste ver que personas del Bajo Calima salgan sin nada de sus hogares. Si no hacemos un verdadero acuerdo de paz, vamos a volver al pasado y aunque hay compromiso de nuestra gobernadora para trabajar por la seguridad, es necesario el acompañamiento del Gobierno Nacional”, agrega la diputada Lizz Burgos.

Enero 20: 704 familias llegaron a Cali, desde Buenaventura, ante las amenazas de supuestos integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo.

Enero 24: En la vereda Cienegueta, hombres armados pintaron grafitis de las disidencias de las Farc y atacaron una patrulla de la Policía. En otra acción quemaron un tren cañero.

Enero 25: Un artefacto explosivo fue activado frente a la Alcaldía del municipio de Andalucía, dejando un patrullero de la Policía herido.

Enero 26: Un policía resultó herido en el municipio de Bugalagrande luego de que fue atacado con disparos junto a su compañero.

Enero 26: Una granada, que por fortuna no explotó, fue lanzada contra una estación de Policía en el municipio de Tuluá.

Enero 27: La Fiscalía encontró 200 kilos de explosivos ocultos entre un cañaduzal en el oriente de Cali y que sería utilizado en ataques terroristas.

Enero 28: La Fuerza Pública incautó en la vía Buga–Loboguerrero material de guerra abundante y que era transportado en un vehículo.