Las denuncias que crearon un manto de duda sobre contrato para el software de Catastro en Cali

La revisión a los contratos firmados por Empresas Municipales y por la Alcaldía de Cali sigue dejando en evidencia lo que sería un enorme entramado de manipulación y corrupción en el gobierno de Jorge Iván Ospina.

Eso explicaría, según empresarios de tecnología, que con tantas empresas de software en Colombia y licitando por todo el territorio, se presentara en Cali una única propuesta para la implementación del catastro multipropósito, adjudicado por el director de Hacienda, Fulvio Soto, a la empresa Cinteli Colombia SAS. por $28.995 millones.

El filtro que garantizó que no se presentaran al concurso abierto de méritos más empresas, fue un pliego de condiciones casi imposibles de cumplir por una firma en Colombia.

Atrapadas en el primer cedazo quedaron muchas empresas ante la exigencia de que los postulantes debían tener en su Registro Único de Proponentes 19 códigos o actividades económicas registradas para poder ofertar. “El proponente debe tener en su experiencia general todos y cada uno de los códigos objeto del proceso”, dice el pliego.

Coincidentemente, la empresa favorecida, Cinteli Colombia S.A.S, figura en su registro de proponentes, el cual modificaron dos meses antes del concurso, con 60 actividades comerciales inscritas, incluidas todas las que exigía el pliego de condiciones que estructuró la Alcaldía de Cali.

“Ese contrato lo llenaron de códigos. Nosotros que somos de las empresas más grandes de software en Colombia no los tenemos todos. Esto estaba arreglado para que se presentara el único proponente que debe ser una empresa gigantesca”, dijo el representante legal de una firma de software.

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No obstante, y según el certificado de Existencia y Representación Legal de Cinteli Colombia S.A.S, “el tamaño de la empresa es una PEQUEÑA EMPRESA”, aunque en el Registro de proponentes dice que es una Mediana empresa y su capital es de $5986 millones.

“Como no les daba para adjudicarles el contrato solo con el software porque una empresa en Colombia habría mejorado ese precio, empezaron entonces a meterle otra cantidad de cosas que incluso no son compatibles con las empresas que hacemos software, y le amarraron lo de catastro”, dijo otra fuente al asegurar que nadie se iba a presentar ante lo evidente del favorecimiento.

Otro condicionante que llama la atención en el pliego es que se exige, en un proyecto que se supone para potenciar un proceso virtual y digital, que la empresa que vaya a concursar tiene que tener un establecimiento de comercio o una sede física en la ciudad de Cali.

“Con esto se curaron en salud por si aparecía una empresa grande nacional que tuviera todos los códigos que exigían. Y de hecho la firma ganadora tiene una sede en Cali porque ya tienen un contrato allá con catastro”, dijo bajo anonimato el abogado de una empresa que quiso participar.

Incluso, entre las adendas del proceso contractual están las observaciones que hizo el 19 de julio del 2022 la empresa ADA SAS, con sedes en Medellín y Bogotá, otra de las firmas que tuvo interés en ofertar.

La actividad que más ingresos le ha generado a Cinteli es del Código 7112, que no incluye temas de software, que es justo para lo que ha sido contratado.

“El requerimiento de sede principal o sucursal en la ciudad de Cali restringe el principio de libre concurrencia y el derecho fundamental a la igualdad” y señala que es discriminatorio con las empresas de otras partes del país “que tienen la capacidad real y efectiva de prestar el servicio con total calidad”.

Por alguna razón ADA SAS, con quienes no fue posible hablar, perdió el interés y desistió de presentarse al concurso de méritos en Cali.

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“Ese es el típico contrato sastre; diseñado a la medida de la empresa que ya tienen acordado que gane. Ponen cantidad de exigencias absurdas para que solo participe el que les interesa. La razón es que por ese contrato, que no valía más de $7000 millones, van a terminar pagando $28.000 y alguien se va a favorecer, y no es la ciudad de Cali”, dijo un empresario en tecnología.

Pero los problemas del contrato no se limitan al presunto direccionamiento a una firma en específico.

El proyecto estaría viciado porque aunque el manual de contratación dice que es un servidor con “título profesional y conocimientos en la materia” quien debe estar en la estructuración del proyecto, en este caso el Director de Hacienda por alguna razón no designó a un ingeniero sino a un tecnólogo en ingeniería de sistemas.

La experiencia del contratista también está en entredicho porque en el pliego dice que debe haber ejecutado al menos diez contratos con códigos 801015 y 801016 por valor igual o superior a $26.000 millones y según su RUP no tiene ninguno. Y mínimo 6 contratos de código 801317 por más de $9000 millones, y tampoco.

Aunque su sede principal figura en la ciudad de Barranquilla, la empresa Cinteli Colombia SAS, al igual que sus propietarios, son de origen español.

Esta firma, cuyo representante legal es Jordi Vives Sancha, fue inscrita en Colombia en 2016 y quienes han tenido contacto con la misma saben que quien mueve los hilos es Manuel Sebastián Vives Sancha, quien aparece solo como suplente del representante legal.

Si bien su nombre no dice mucho en Colombia, en España si ha sonado bastante porque mientras abría Cinteli SAS en Barranquilla, en el país Ibérico era parte, como representante legal de la empresa Life Global Group, en el proceso penal por uno de los mayores escándalos de los últimos años: el caso por presunto blanqueo de capitales en Andorra y tráfico de influencias contra Jordi Pujol Ferrusola, hijo del presidente la Generalitat de Cataluña.