Las irregularidades que se 'cocinan' en el PAE en Cali

Tras el Programa de Alimentación Escolar (PAE) hay una motivación vital para que a diario niños de escasos recursos asistan a las aulas: para muchos de ellos ese complemento nutricional al desayuno o el almuerzo será la única comida que prueben durante el día.

Así lo describen docentes y directivos de instituciones educativas en Cali, quienes ven con indignación como año tras año los operadores del PAE ponen cada vez menos comida, y de peor calidad, en los platos de miles de niños de escasos recursos.

Operadores que para hacer más lucrativo el negocio, según las denuncias que han recogido la Personería y la Contraloría de Cali, entregan libras de arroz que solo pesan 450 gms; instituciones donde reportan la entrega de 30 kilos de carne pero la pesa solo marca 27; huevos pequeños marcados como Triple A, o productos a punto de vencerse.

“Varias de esas raciones presentan reducciones muy pequeñas en peso o cantidad, pero cuando usted lo multiplica por los 160.000 niños que se benefician cada día en Cali, se da cuenta que eso suma millones”, explica uno de los funcionarios que hizo parte de la actuación especial de fiscalización realizada un mes atrás de manera conjunta entre la Contraloría y la Personería.

Mario Hernán Colorado, subsecretario de Cobertura Educativa y supervisor del PAE, explica que hay mejoras en el programa, pero existen dos circunstancias que hacen que lo negativo tenga mayor eco: primero, que hay colegios sin cocinas ni comedores por lo que hay que entregar comida industrializada y por el poco valor que se paga en Cali por ración, “los operadores dan un mínimo esencial que hace que se vea poco, pero que nutricionalmente tiene los componentes que se exigen”.

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“Lo otro fue el desafortunado suceso del operador Luz del Valle, que entre febrero y marzo tuvo un incumplimiento flagrante que hizo mucho ruido porque entregó raciones incompletas y hubo días que ni siquiera las entregó; eso tuvo mucho impacto social porque atendía a 33.000 estudiantes. Pero eso se superó a partir del 1 de abril, cuando se hizo la distribución a los otros operadores, pero queda esa imagen negativa en la comunidad”, dice Colorado.

No obstante el concejal Juan Martín Bravo, quien ha seguido el tema y ha presentado denuncias en Fiscalía por diversas irregularidades, asegura que “da vergüenza lo que está pasando con el PAE hoy en Cali, porque fue hasta el 2019 uno de los mejores de Colombia”.

“El PAE se vino a menos; el representante legal del consorcio Luz del Valle, Joseph Solis Mosquera, quien tendría el apoyo de un concejal y una persona cercana a la Alcaldía, está involucrado en delitos como falsedad en documento público, estafa, emisión ilegal de cheques, entre otros. En el 2020 se presentó, tuvo problemas, le cambió el nombre al consorcio y volvió y ganó en el 2021; de nuevo tuvo problemas, le cambia el nombre al consorcio y vuelve y gana en el 2022. Son fundaciones dedicadas a la ingeniería, la arquitectura, la venta de libros, la papelería, entre otras, y estaban operando el PAE”, rechaza el concejal Bravo.

Pero los males de los niños de escasos recursos de las instituciones públicas de Cali no finalizaron con la liquidación del contrato a finales de marzo de este año al Consorcio Luz del Valle. Los 33.000 niños que atendía fueron repartidos en los otros cuatro operadores que tiene la Alcaldía de Cali y las quejas por el mal servicio no cesan.

Graciela Lozada, docente de la institución educativa Maricé Sinisterra, en el barrio El Rodeo, asegura que “hoy el PAE, y puedo manifestar con absoluta certeza, es la forma más descarada de justificar un robo que hacen en los alimentos que llevan a las instituciones; alimentos de marcas desconocidas, muchas veces pasados, unos granos como fríjoles que no los ablanda nadie, eso incompleto para que los preparen prácticamente con agua y con sal, las porciones son pocas y a eso se suma que llegan las frutas en muy mala calidad; o cosechadas verdes o ya podridas, con moscos o gusanos”.

“Para la celebración del Día del Niño la ración no les llegó a todos los alumnos, quedaron de regresar y no volvieron; en la institución no había siquiera gramera para verificar la cantidad que llega. La verdad es que esa alimentación en lugar de beneficiosa, muchas veces es perjudicial para la salud de los niños”, señala la docente.

El operador en esa institución es la Unión Temporal Nutriendo Cali, conformado por la Fundación Fomento Social y la Fundación para la Capacitación, Desarrollo y Bienestar Humano Funcol, y que tiene como representante legal a Ángela María López, viuda del exsenador Juan Carlos Rizzetto, copartidario de Juan Carlos Martínez y Juan Carlos Abadía.

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Lo inexplicable es que la Fundación Fomento Social hizo parte de la Unión Temporal Alimentación Huila, denunciada por el personero del Municipio de La Plata por daño patrimonial e irregularidades en la ejecución de los recursos del PAE en la vigencia 2015-2016.

Pero mientras esta Fundación era sancionada por la Contraloría del Huila en diciembre del 2019 por las raciones que entregó incompletas, era premiada en enero del 2020 por la Alcaldía de Cali con un contrato de $12.000 millones para ser uno de los operadores del PAE en la capital del Valle.

Según un oficio que entregó la Contraloría del Huila a un derecho de petición presentado por El País, y pese a que el daño se tasó en principio en más de cien millones de pesos, señala el ente de control que “mediante el Auto No. 103 del 26 de febrero del 2020, la Gerencia Departamental Colegiada del Huila, ordenó la cesación de la acción fiscal y el archivo” del proceso contra esta Unión temporal, toda vez que canceló una multa de $4.490.723.

En respuesta a un cuestionario, el equipo jurídico de la Fundación Fomento Social indicó que no tienen sanciones y, sobre la denuncia del colegio Maricé Sinisterra, señala que “estamos prestos a mejorar día a día, en una operación en la que distribuimos y entregamos más de 40.000 raciones al día se pueden presentar novedades, pero desde el operador siempre se hacen las subsanaciones correspondientes y se implementan los planes de mejora con el fin de que no se repitan”.

“Cuando hay algún faltante debido a que por el manejo logístico alguna fruta pueda sufrir avería u otra situación, siempre se envía la reposición del alimento reportado”, indican desde la Fundación.

Recientemente se hicieron también denuncias contra la Fundación Acción Por Colombia, otro de los cuatro operadores del PAE, a través de fotografías que evidenciaban el mal estado de frutas y verduras, algunas en proceso de descomposición, y que supuestamente hacen parte del complemento nutricional de los niños de la Institución Educativa Progresando Juntos, en el sector de Vallegrande.

Investigaciones que adelantan los entes de control, se han centrado en conocer de dónde proceden algunos productos de marcas extrañas que se vienen entregando a los niños de Cali, con supuestas tablas nutricionales, con registros del Invima y que no se consiguen en el mercado.

“Aquí una vez nos trajeron una avena que parecía un aserrín, de una marca rarísima. Yo misma he devuelto cosas del PAE que sé que no le hacen bien a estos niños”, reconoce la docente Graciela Lozada de la institución educativa Maricé Sinisterra.

Aunque desde la Secretaría de Educación de Cali destacan los controles implementados en coordinación con los rectores de colegios para mejorar el PAE, la ola de denuncias recibidas por la Personería y la Contraloría de Cali en los últimos meses obligó a una actuación especial para hacer control al programa.

En un trabajo conjunto se realizaron 111 visitas sorpresas a instituciones educativas para verificar sobre el terreno las quejas por mal servicio, mala calidad de los alimentos o la no prestación del mismo en varios colegios de la ciudad.

“Le hemos puesto el ojo al tema del PAE porque estamos hablando de sujetos de especial protección como son los niños y nuestra preocupación ha sido ejercer control y vigilancia a que se cumplan con los protocolos y las raciones como deben ser”, dice el personero de Cali Harold Andrés Cortés.

“En la Personería tenemos dos frentes de trabajo: la investigación disciplinaria y sobre la cual no puedo pronunciarme porque yo la juzgo en segunda instancia, y desde el área de Protección de la Familia y Sujetos de Especial Protección estamos haciendo los seguimientos y el llamado oportuno para que se tomen los correctivos de manera urgente y prioritaria sobre asuntos graves como el mal servicio, alimentos en mal estado, infraestructura no idónea, falta de equipos para refrigerar, la presencia de roedores y todas las condiciones que no son aptas para la prestación adecuada del servicio”.

Por su parte el Contralor de Cali, Pedro Antonio Ordóñez, detalla que aunque su control es posterior, no quiere una entidad cruzada de brazos, sino atendiendo los temas sensibles de ciudad. “Cuando terminemos la auditoria, cruzaremos la información obtenida por los 12 equipos de trabajo que conformamos con la información que entregue el Distrito de cada uno de los operadores y determinados si existe o no un detrimento y si se cumplió con el objeto de los contratos”.

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“Encontramos alimentos que llegan en proceso de descomposición o están excesivamente verdes y no se pueden consumir; productos que expiraron y no son aptos para el consumo humano, de hecho una niña fue llevada a urgencias debido al consumo de alimentos en estado de descomposición y verificamos que se entregue la minuta que el dietista estableció para cada institución educativa”, dice el Contralor.

“Los operadores dicen que tienen expertos en nutrición, pero traen unas combinaciones que sabe uno que las hacen porque los productos están baratos en el mercado. También me indigna cuando algún proveedor se justifica diciendo que ha tenido inconvenientes solo en uno o dos colegios, cuando ese inconveniente significa dejar sin alimentación a 500 o 700 niños”, dice bajo reserva de identidad el rector de uno de los colegios de la ladera de Cali.

En palabras del subsecretario Mario Hernán Colorado, al igual que a Luz del Valle, a todos los operadores se les hace requerimientos, por incumplimiento, mesas de seguimiento y se les descuenta cuando no se sirven las cantidades adecuadamente”.

Pero en este caso en particular no se trata del dinero. Porque la Administración les descuenta por el servicio que no prestaron, pero esa negligencia que el contratista subsana con plata, significa que cientos de niños con necesidades nutricionales no recibieron el alimento ese día, quizá la única razón por la que se levantaron para ir a la escuela.

63 mil millones de pesos es el costo del Programa de Alimentación en Cali para la vigencia 2022.

Magnolia* no es la coordinadora académica de la sede educativa donde labora en la ladera de Cali; tampoco es la directora de un salón ni menos la docente. Pero sí es la persona que más se preocupa porque los estudiantes lleguen cumplidamente a clase todos los días.

Es ella la persona encargada de preparar las raciones que se entregan como complemento nutricional a los niños y jóvenes de la institución educativa y su contabilidad personal está en los llamados a lista.

“Cuando veo que faltan muchos niños me da tristeza por dos cosas: una, que no estén viniendo a estudiar; y la otra, porque a mí me descuentan de mi suelo esos muchachos que no vienen. Si faltan muchos no me alcanza a veces ni para el pasaje”, cuenta con nostalgia la mujer.

Su salario apenas se fijó en 54 pesos por cada niño que le prepara y le sirve el complemento nutricional. Si por alguna razón un día no hay clase. Ella tampoco recibe dinero.

“Es muy triste ver la manera en la que les pagan a estas mujeres manipuladoras porque cómo puede uno llegar cada día a hacer las cosas con amor, cuando el salario apenas se acerca en ocasiones a los $600.000 o $700.000 mensuales”, dice el rector de la institución pidiendo omitir su nombre.

En varias de las quejas ante la Contraloría han pedido, por casos como el de Magnolia, que se envíen copias al Ministerio del Trabajo para que se investigue una presunta explotación laboral.

“Estas pobres mujeres manipuladoras reciben un salario de hambre. Con el pago por raciones si hay un paro o alguna circunstancia especial, se quedan sin salario”, explica la docente Graciela Lozada del Colegio Maricé Sinisterra.

*Nombre cambiado por temor a represalias de su empleador.

La terminación del contrato entre la Secretaría de Educación y el Consorcio Luz del Valle, por más de $11.500 millones de pesos, pasó de ser un incumplimiento contractual a convertirse en un escándalo judicial.

Según el representante legal, Joseph Fernando Solís Mosquera, lo que hubo detrás de la decisión fue una persecución política desde la misma Secretaría de Educación para favorecer a otros operadores y sacarlos del mercado.

“No tuvimos problemas en 2020 y 2021; fuimos el operador que entregó los productos de mejores marcas para los niños, a diferencia de otros que entregaron cosas que ni ellos mismos se comerían”, asegura Solís.

“En el 2020 trabajamos la zona 3, pero cuando en 2022 nos la adjudican de nuevo, era otra la conformación. Pareciera que habían mandado a la zona 3 los colegios más débiles, sin comedores y sin cocinas; debimos comprar hasta el 80% del menaje. Nos tocaba llevar alimentos industrializados que son más costosos y eso nos afectó económicamente”, agrega.

Con el fantasma de la liquidación encima, su mayor proveedor, Piamonte, lo citó el 25 de marzo, cuenta Elsy Rentería, quien también hace parte del consorcio, para ayudar a sacar adelante el contrato de alimentación para 33.000 niños, de forma que los favoreciera a todos, según unos chat que conoció El País.

Terminó en un secuestro
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​“Me dijeron que me fuera, que él iba a estar bien y que ellos iban a garantizar que el dinero de la factura del PAE llegara a la cuenta de ellos. Ya lo volví a ver el 8 de abril, cuando el Gaula lo rescató en Cali y capturó a cinco de los proveedores”, relata Elsy Rentería.

Durante esos días, asegura Joseph que fue llevado casi hasta el Chocó y que lo obligaron a cambiar las claves de la Dian y que otra persona asumió como representante legal del consorcio.

“Me dijeron que me iban a soltar cuando la Secretaría pagara la próxima factura de $900 millones. Respondí que era imposible porque solo me pagan a mí. Entonces David Ocampo, uno de los secuestradores, dijo que en la Alcaldía ya habían pagado $90 millones para que hicieran el desembolso a otra persona. Qué sorpresa que cuando salgo, ya habían pagado”, explica.

“En este momento, puedo decir que la Secretaría de Educación no le ha pagado a Luz del Valle el servicio prestado hasta antes de la terminación del contrato. Si le pagaron a otra persona, allá ellos, pero al consorcio no ha entrado el dinero. Es un fiasco como se maneja el PAE”, señala Solís.

A su turno el secretario de Educación de Cali, José Darwin Lenis, indicó que “el único fiasco en más de 30 años de vida pública ha sido el contrato con esa fundación que de manera irresponsable manejó el PAE”.

“Cómo se le ocurre que la entidad le va a pagar a alguien que no es el representante legal. Nosotros actuamos basados en la ley y en la Secretaría de Hacienda y en Educación están los soportes. A nosotros nos llegó el documento notariado con la cesión del contrato y se pago a quien figura como el representante legal”, dice Lenis.

Yeison Copete, de la Fundación para el Fomento de la Educación en el Chocó, el otro consorciado, indica que no es cierto que el cambio de representación legal se hiciera cuando Joseph Solís estuvo secuestrado.
“Hay un documento firmado en notaría donde cede la representación legal como garantía por el dinero que adeudaba y necesitábamos tener la certeza de que se iban a hacer los pagos”.

“A mí me había invitado un concejal de Cali a ofertar por el PAE en la ciudad y decidí no hacerlo, pero por un amigo integré ese consorcio, pero es la peor decisión que he tomado. Yo tengo contratos en diez departamentos, sin cuestionamientos y ahora como deudor solidario me han embargado cuentas y he tenido que pagar más de $400 millones de mi bolsillo”, explica Copete, porque hasta la póliza de seguro del contrato era fiada.