Las 'tretas' de la Alcaldía para no mostrar sus cuentas a la comunidad

Lograr mediante derecho de petición la copia de los documentos que soportan los procesos de contratación en la Alcaldía de Cali y las entidades descentralizadas, como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es una misión casi imposible.

Situación que no solo padecen ciudadanos del común. Congresistas, líderes cívicos, medios de comunicación y los propios concejales de Cali han atestiguado los argumentos que esgrime la Alcaldía para ocultar información, las respuestas a medias con el único fin de evitar sanciones o el silencio administrativo al que han apelado en muchos casos.

Esa falta de transparencia la viene padeciendo Darschan Ocampo, edil de la Comuna 2, quien ha presentado cerca de 50 derechos de petición y le ha ganado a la Alcaldía 11 tutelas que obligan a los funcionarios a darle respuesta. “La Secretaría que da más respuesta, pero a punta de tutelas, es Seguridad y Justicia; en el Dagma, en Tránsito y en Participación Ciudadana nunca responden, y en Infraestructura responden a medias”.

Para el concejal Roberto Ortiz los derechos de petición que se le hacen a la Alcaldía en la administración de Jorge Iván Ospina, se han constituido en una misión imposible. “Cuando es que no contestan, lo hacen a medias y toca volver a solicitar información. Parece que el interés es que la gente no sepa lo que pasa en la administración con la contratación”.

“Como concejal hice un derecho de petición a Planeación y hasta ahora no nos ha llegado contestación, y eso tiene más de tres o cuatro meses. Eso da muestras del talante de Alcalde que tenemos, y si él es grosero y no contesta, menos lo hacen sus subalternos. Ahí está que nadie ha podido saber cuáles fueron los acuerdos que hizo el Alcalde con los jóvenes de la ‘primera línea’”, reitera el concejal Ortiz.

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Pero las quejas por falta de transparencia en la actual administración no se limitan a los pedidos de información sobre contratos.

“Pidiendo información en cuanto a la toma de decisiones he tenido problemas con Planeación, que es total y absolutamente demorado; peor aún, uno siente que es evasivo en las respuestas”, asegura el también concejal Fernando Tamayo.

“Parte del problema de la falta de poder simbólico de la Administración tiene que ver con que la gente en Cali debe rogar por información. Cuando las cosas se hacen de frente a la ciudadanía, que la gente simplemente ingresa a una página y encuentra la información contractual, eso irradia confianza, pero es lamentable porque la demora en la entrega y respuesta a derechos de petición, la evasividad y la falta de claridad, agudizan la desconfianza”, agrega Tamayo.

Atendiendo a varios llamados y voces que alertaban sobre posibles casos de corrupción en varias dependencias de la Alcaldía de Cali, el diario El País solicitó en enero de este año la totalidad de los documentos que soportan la contratación que hizo el gobierno de Jorge Iván Ospina durante el 2020, pero no hubo respuesta.

El mismo derecho de petición se repitió el 5 de abril y ante el silencio por el que optó la Alcaldía, el 10 de mayo se llevó el caso a los juzgados.

Según un documento enviado a la juez por Nhora Mondragón, directora de Contratación Pública de la Alcaldía, se le respondió a El País el 27 de abril, pero “se pudo establecer que el peticionario no recibió respuesta por causa de una serie de errores que se han venido generando en la plataforma de gestión documental”.

Peor aún, la propia Nhora Mondragón les remitió a los titulares de las entidades descentralizadas como Emcali, Metrocali, Corfecali y la Emru el pedido de información de El País a la Alcaldía sobre los convenios interadministrativos, pero cambió el asunto y les pidió informar sobre los convenios firmados entre ellos y la Alcaldía para atender la emergencia del Covid.

El 18 de mayo la respuesta de la Emru a El País fue que ellos “no tienen en ejecución ningún convenio y/o contrato destinado a satisfacer ninguna necesidad relacionada con la emergencia sanitaria o a atender efectos relacionados con la pandemia”.

En últimas, la respuesta al pedido de la totalidad de los documentos que soportan la contratación de la Alcaldía de Cali en el 2020 se limitó a una tabla excel donde aparecen los datos comunes: el contrato, convocatoria, los otrosí, actas de inicio, entre otros, pero ningún documento con relación a la ejecución de los gastos. Aún así, Carmen Emilia Maldonado, juez sexta (06) Penal para Adolescentes con Función de Control de Garantías consideró que con eso la Alcaldía ya dio respuesta.

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El mismo modelo de no respuesta o de apelar a atajos para no revelar la manera en la que se viene contratando en el actual gobierno lo han calcado los institutos descentralizados y entidades adscritas a la Alcaldía de Cali.

Los casos más reiterativos tienen que ver con Corfecali y Emcali, a quienes encargó este Gobierno mediante convenios interadministrativos la realización de la Feria Virtual y el alumbrado móvil, y los cuales son investigados por presuntos casos de despilfarro y corrupción.

Ante el clamor de la ciudadanía por posibles casos de corrupción en Corfecali con el contrato de la feria virtual y la Secretaria de Cultura, explica el congresista Christian Garcés, “elevamos derechos de petición a Corfecali que fueron evadidos con argumentos totalmente equivocados para no dar la información completa; tuvimos que presentar queja en la Procuraduría y salir en medios a cuestionar este comportamiento que no responde a las exigencias de transparencia en los funcionarios públicos”.

“Les informamos a los miembros de la Junta Directiva de Corfecali que también eran responsables de estas faltas contra el buen actuar en la defensa de los recursos públicos y después de mucha presión se logró tener respuestas, que con ellas y nuestros análisis presentamos denuncias a los diferentes organismos competentes sobre los malos manejos de los recursos públicos en Corfecali”, señala Garcés.

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Al respecto, El País solicitó también la información de los contratos y la información fue entregada incompleta.

Siguiendo la pista de presuntos casos de corrupción en la Empresa Municipal de Renovación Urbana (Emru), como lo advirtió una fuente, la Unidad Investigativa de El País presentó el pasado 21 de enero un derecho de petición al Gerente de la entidad, Yecid Genaro Cruz, para conocer los documentos de la totalidad de contratos realizados durante el año 2020.

En su repuesta del 12 de febrero pasado, el Gerente de la Emru responde que ha decidido “darle trámite favorable” a la solicitud y que como el archivo reposa en físico en la entidad, se debe consignar a la cuenta corriente de la Emru $4.536.000 pesos para digitalizar los 252 procesos “que en promedio tiene cada uno 120 folios”.

Mediante recurso de insistencia, el 21 de febrero El País, con apego a lo que señala el derecho de petición, le pidió simplemente “examinar”, los documentos como lo permite el Artículo 23 de la Constitución y solicitó el horario para ir a ver los soportes de los contratos y no se tuvo respuesta.

No obstante, anexaron un cuadro en excel en el que están los 252 procesos de contratación en el Secop, evidenciando que los documentos sí estaban digitalizados y que revisados algunos de esos contratos, cerca de 200 eran de prestación de servicios, que en la mayoría de los casos no tienen más de 30 folios y que ninguno de los contratos revisados llega a 120 folios, como dijo.

Lo que genera dudas sobre si aumentaron el numero real de folios para elevar el costo en dinero y que se desista de la solicitud o si la información que la entidad está subiendo a la página del Secop es incompleta.

Otro de los contratos que muestra las ventajas de los convenios interadministrativos para no revelar la manera en la que se está contratando en Cali es el del polémico alumbrado móvil.

El argumento de Emcali para negar la información a El País y a quienes han solicitado datos de ese convenio es que son una empresa industrial y comercial, que gozan de un régimen especial y se rigen por el derecho privado.

De esta manera, la Alcaldía de Cali no tendría que rendir cuentas a nadie sobre la manera en la que se gastaron los más de diez mil millones de pesos del alumbrado móvil porque según Emcali, “los actos y los contratos de la empresa son reservados” y esa información es “clasificada como reservada y confidencial” porque “compromete la estrategia competitiva de la empresa y “es información sensible para Emcali Eice ESP por cuestiones de competitividad y estrategia comercial”.

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De ese dinero, $8.423 millones los subcontrató Emcali con Megaproyectos, empresa a la que El País le pidió información sobre la manera en la que se invirtieron esos recursos públicos, pero la respuesta de su gerente, Germán Gustavo Padilla, es básicamente que no contrató con la Alcaldía de Cali, que hicieron un contrato con Emcali y que la información es privada.

“Realizada la respectiva indagación y elevada su solicitud, procedemos a informarle que aquella resulta improcedente, toda vez que la información y la documentación requerida ostenta carácter de naturaleza privada y por tanto esta compañía únicamente procederá a suministrar a la autoridad competente y habiendo de por medio una orden judicial que así lo decrete”, responde el representante legal.

Así las cosas, la única manera de saber lo que ocurrió con los dineros del alumbrado móvil, es que alguno de los organismos de control decida responder al clamor ciudadano y dé claridad sobre los presuntos actos de corrupción con las investigaciones respectivas.