Los amores y odios de la relación de Armitage con el Concejo

La elección del nuevo contralor de Cali el pasado viernes, en la que los concejales votaron por Diego Mauricio López, supuesto ungido de la gobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro, y dejó como perdedores a los supuestos amigos de la Administración Municipal para esa elección fue otro golpe a la Alcaldía de Maurice Armitage.

Además, los proyectos de acuerdo rechazados por el Cabildo muestran lo compleja, pero estable, que es la relación Alcaldía-Concejo, matrimonio indisoluble y sin opción de divorcio, por más desaveniencias que tengan.

Todos recuerdan que el funcionario llegó a su posesión muy prevenido. Con su estilo directo les advirtió: “Me elegí solo, reconozco que muchos me acompañaron, pero no les debo nada”. Al cabo de tres años la relación “se ha armonizado”, pero a veces se cae cuando los proyectos de acuerdo llegan incompletos o se nota la falta de experticia en la presentación de los mismos”, dice una fuente cercana al cabildo.

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Es el caso del Plan Integral de Movilidad Urbana, Pimu, que ha sido rechazado dos veces por el Concejo, pero también hay proyectos claves que le han aprobado, como los recursos de vigencias futuras para el Plan de Alimentación Escolar (PAE), el transporte escolar y aseo de instituciones educativas.

Fuentes cercanas a ambas instancias, dicen que hoy esa relación goza de “cabal estabilidad”, gracias a que el alcalde Armitage les mantiene las cuotas de cargos en la Administración, los contratos por prestación de servicios (PS) y de Planes de Inversión Comunitaria (PIC).

El Mandatario confirma que la relación con el Concejo actualmente es sana y de respeto porque “ellos ya me conocen y saben hasta dónde me pueden pedir y hasta dónde puedo llegar. De mí no esperan nada, les he respetado la burocracia que tienen y en esos términos, ha venido funcionando razonablemente bien”.

Recuerda que al principio le negaron proyectos como el plan de salvamento del MÍO, “pero vieron que conmigo la situación iba a ser dura y cambiaron”.

Roberto Rodríguez, aspirante a la Alcaldía por el Centro Democrático y uno de los más críticos de esta Administración, recuerda que la principal función de un concejal es el control político al Municipio y sus entes descentralizados, en planeación y contratación.

“Además, la de reclamar o denunciar los hallazgos de lo que no esté acorde con la ley, pero aquí las administraciones optan por enojarse porque a pocos les gusta que les hagan control y dicen que es porque se la montaron o no quieren al funcionario”, se queja Rodríguez.

El concejal aclara que no es opositor como lo tildan, sino que hace su labor y dice la verdad con firmeza. Por ejemplo, le pidieron liderar el proyecto de vigencias futuras para las obras de infraestructura vial del sur. Por su experiencia, desde 2016 les advirtió a funcionarios de Metrocali que la compra de predios para la Terminal Valle del Lili demoraría entre 7 y 8 meses y que pidieran más tiempo.

“Pero no, dijeron que los iban a comprar en dos meses. ¡Cómo sacan licitación y adjudican la obra y no tienen el predio! Hoy la obra está suspendida por este lío y el de la licencia ambiental y el contratista ya demandó por $14.000 millones. Lo denuncié en la Fiscalía, porque pone en riesgo al Municipio y a Metrocali por falta de previsión y de planeación en procesos contractuales. ¿Decirlo es oposición o es querer la ciudad?”, cuestiona Rodríguez.

Igual pasó, dice, con el contrato de expansión con Emcali, con el que el Municipio espera rentas para sus programas. “Hace un año le dije al gerente, Gustavo Jaramillo, están perjudicando al Municipio por beneficiar un contratista, que dejará de tributar $3500 millones a Cali por contrato de obra, como indica la ley. Tres meses antes de adjudicarla les repetí, pero no hicieron caso y confeccionaron el contrato como un sastre hace un vestido, a la medida de Siemens y Proin, que ganaron la licitación. Lo denuncié en la Contraloría, que falló en contra de Emcali y el proceso está en la Fiscalía. Y por eso, el malo soy yo”, ironiza el concejal.

Los cabildantes reclaman cuando el Alcalde no ejecuta. Por ejemplo, en la ampliación de la vía Cali-Jamundí. La obra tiene atrasos por tecnicismos, falta de permisos y de previsión en la compra de predios. El Mandatario aclara que el lío no es de predios, sino de las licencias de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, “en Bogotá le han puesto problema, pero los hemos ido venciendo y los proyectos están caminando”.

Sobre la contratación por PIC, Rodríguez dice que todos, incluidos los concejales, mandan a sus amigos a estas convocatorias públicas. Lo que le preocupa es que Rodrigo Guerrero dejó 5000 contratistas y con Armitage ya son más de 11.000. “Si la persona es buena y cumple los requisitos no hay problema, el problema es que cuestan $220.000 millones al año y la Procuraduría recomienda que el número de contratistas sea igual al número de planta, no el doble”, señala.

El Alcalde lo acepta: “No le voy a decir que no les hemos dado gusto a algunos concejales con Prestación de Servicios (PS), pero también les hemos sacado mucha gente por mala; les he dicho, ‘este señor no sirve, vamos a echarlo’. Al concejal Uriel Rojas, que me apoya desde la campaña, le sacamos un funcionario de la Subsecretaría de Obras Públicas. Estamos cambiando gente porque primero está la administración que cualquier otra cosa”.

“Mientras les den PIC, no hay problema”, dice una fuente de la Alcaldía que habla en condición de anonimato y precisa que unos concejales tienen más que otros, pero que en promedio cada uno tiene entre 50 y 100 contratos PIC.

PIC son los Planes de Inversión Comunitaria, figura con la cual la Alcaldía desarrolla obras y programas que los líderes de barrios y comunas presentan a través de un concejal. Las hay en Infraestructura, Participación Ciudadana, Bienestar Social, Salud, entre otras secretarías del Municipio.

También revela la fuente que el Alcalde les ha respetado y mantenido las cuotas de cargos por PS y que los más antiguos son los que más tienen, como Clementina Vélez, Carlos Pinilla Malo, Fernando Tamayo, y José Fernando Gil, que ya no es concejal, pero tiene su grupo allí. “Esos son los que van donde el Alcalde a que les den su PIC y cuando comienzan a apretarlo, es porque quieren algo”.

La fuente añade que el que más ‘amigos’ tiene en la Administración es José Luis Pérez, quien fue concejal de Cali, saltó a la Cámara de Representantes y ahora es Senador por Cambio Radical. Pérez tendría entre 200 a 300 puestos, aunque otros se atreven a decir que son 400. “Pérez dejó una herencia y ahora tiene a Diego Sardi y a Alexandra Hernández, más lo que dejó Oswaldo Arcos cuando era concejal, más lo que ya traía”.

Otro que también tiene su cuota política es el representante a la Cámara Juan Fernando Reyes Kuri, que maneja la Secretaría de Gobierno y una ‘nómina’ que supera 200 contratistas. “Él no fue concejal, sino miembro del Gobierno, pero todo se lo endilgan al Concejo”.

Aún así, la fuente confirmó que cada concejal tiene su secretaría y que los más nuevos tienen de 50 a 100 contratos. “El PIC es la clave para mantenerlos contentos”, dice. Duván Guerrero, director de Comunicaciones del Concejo, desmintió la versión: “Hoy ningún concejal tiene secretario titular, ni gerente ni presidente en los institutos descentralizados ni de empresas sociales del Estado”.

Guerrero aclara que las coaliciones no se hacen para negociar poder, sino para armonizar qué le conviene a la ciudad y poderle cumplir a la ciudadanía. “Hay que entender que los concejales se comprometen a hacer obras, pero estas las hacen a través del Gobierno”.

Por ejemplo, el Concejo aprobó recursos para el transporte escolar y para aseo, también aprobó el empréstito por $360.000 millones, autorizó las vigencias futuras para esos recursos y para el PAE, por solicitud del Alcalde. “Es cuando el Concejo se vuelve importante para el ciudadano, pero también para la administración”, afirma Duván Guerrero.

Otra fuente del Concejo que pidió reserva de su identidad, admite que históricamente la relación del toma y dame ha existido, pero aclara que el de este periodo y el anterior han sabido conciliar con el Gobierno independiente de las relaciones que puedan existir. Y que sí hay “acuerdos”, pero que no son grandes dádivas como se cree.

El ejemplo más claro de ello con Armitage, es que el Concejo le aceptó su solicitud de estudiar primero la reforma administrativa antes de presentar el Plan de Desarrollo, y se la aprobó sin exigirle estudios técnicos, lo que en la jerga política se llama, votos de confianza.

Duván Guerrero resalta que este Concejo le ha aportado mucho a la Alcaldía, al enriquecerle los proyectos en viabilidad técnica, financiera, jurídica y de conveniencia, “porque esta administración ha sido muy floja en la presentación técnica de los proyectos”.

A estas críticas, el Alcalde respondió que “eso es normal, algo tienen que decir, qué tal que todo pasara y en algunos aspectos tienen razón, no lo niego, pero todos los días estamos corrigiendo”.

“Del Pimu dirán que no se aprobó porque no les dieron nada. No, se archivó porque no tiene los estudios técnicos, pero el Concejo aprobó los recursos para la alimentación escolar. La gente dirá, qué se irán a ‘comer’ de allí los concejales, la respuesta es nada, solo que si es para los niños (Art. 44 de la Constitución), lo aprueban. Pero cuando el Alcalde saca la plata, hace la obra, corta la cinta, se olvidan del Concejo y no debe ser así”, reclama la fuente del cabildo.

Para los concejales, los contratistas por PS es gente que ha permanecido por años en el Gobierno por su experiencia y por memoria institucional como contratistas. “Pero el mismo Gobierno les pregunta qué concejal lo respalda, para darle el puesto. Allá te exigen estar matriculado con alguien”.

El Artículo 113 de la Constitución Nacional establece que el Concejo estudia y aprueba los proyectos que presenta la Administración local para realizar sus programas y obras. Es decir, es el que le da facultades al Alcalde para gobernar y también le hace el control político.

Así las cosas, cada Alcalde tiene derecho a gobernar en su independencia, pero el Concejo también es independiente y tiene derecho a hacer control político. Pero cuando el Concejo decide no darle facultades al Alcalde, es cuando la relación se vuelve compleja.

Hay dos temas fundamentales en los que hay que conciliar: primero, el Plan de Desarrollo, que es el punto de partida para lo que en política se llama medirle el aceite de lado y lado, y el segundo es el estudio del primer presupuesto del gobierno elegido. Esos dos temas son los que puede armonizar o complejizar las relaciones políticas del Concejo y la administración pública.