Los cuestionamientos a dos altos funcionarios del gobierno de Ospina

Si al Director de Hacienda de Cali, Fulvio Leonardo Soto, le prospera la demanda que tiene en contra del Municipio, deberá como juez y parte girar un cheque a su nombre, autorizarse el pago y sentarse al otro lado de la mesa para firmar el recibido.

Claro que antes, junto al equipo jurídico del Municipio deberán apelar la decisión con la que fue favorecido y explicarle al juez por qué no está de acuerdo como defensor de lo público con que se gire a su nombre el dinero que el tribunal ordene.

Más aún, en esta disputa legal entre Fulvio, el director de Hacienda, contra Fulvio el exfuncionario, puede ocurrir que le restablezcan el derecho como lo exige en su demanda, que sea obligado el Municipio a reintegrarlo al cargo del que fue despedido en el 2017 y en ese caso además de ser el Director de Hacienda del Municipio, también sería el encargado de Cobro Persuasivo.

Aunque Fulvio asegura que tener demandado al Municipio no es impedimento para ser Director de Hacienda y que se lo hizo saber al alcalde Jorge Iván Ospina antes de nombrarlo, lo correcto moralmente, dicen especialistas en derecho administrativo, era que retirara la demanda.

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El Director de Hacienda fue jefe de la Oficina de Cobro Persuasivo en el gobierno Armitage y fue declarado insubsistente el 6 de octubre de 2017 porque el resultado de su trabajo no fue el esperado, según una fuente.

El descontento que llevó a su retiro obedeció a que Fulvio tenía la responsabilidad de hacer el cobro persuasivo a los morosos de impuestos y pasarlo luego a la Oficina de Cobro Coactivo antes de que se vencieran los tiempos. “Por alguna razón, esas prescripciones ocurrían en su oficina más de lo normal y varios contribuyentes se libraron de los pagos”, explica un exfuncionario de la Alcaldía.

No obstante, cuando se designó su remplazo, Fulvio demandó al Municipio por esa insubsistencia, argumentando que la persona que llegó al cargo tenía menor perfil y experiencia. Es esa presunta nulidad y restablecimiento del derecho la que llevaría a que sea devuelto al cargo y se ordene que él mismo se haga un pago millonario por los salarios que dejó de percibir.

En plenaria del Cabildo, el concejal Roberto Ortiz cuestionó días atrás al Director de Hacienda por este proceso, quien reconoció que la demanda persiste y que siguen corriendo los términos judiciales.

En diálogo con El País, Soto aseguró que si el caso sale a su favor, “tengan la absoluta certeza que el fallo será apelado para que lo revise el Tribunal”.

“Se lo digo sinceramente, ojalá se pierda esa demanda porque no quisiera generar una situación como la que quieren generar terceros con suspicacias”, dijo el Jefe de Hacienda.

Agregó que “el patrimonio público se defiende como gato patas arriba” y que revisó el tema moral con su familia “pero la conclusión a la que llegamos es que fue una situación del 2017, que se dio en un contexto y un gobierno diferente, cuando no tenía ni idea de que Jorge Iván Ospina iba a ser alcalde y la decisión no la va a tomar la Administración sino un juez”.

Pero la demanda contra el Municipio no es el único señalamiento que se ha hecho contra Fulvio Leonardo Soto. Durante el primer gobierno de Ospina estuvo también como Subsecretario de Impuestos y Rentas, pero luego de que el Mandatario le dio una licencia de estudios no pudo ser retornado al cargo porque quien lo remplazó estaba en embarazo.

Estando fuera de la administración, recuerdan quienes estuvieron en su oficina, se convirtió en apoderado de empresas y empezó a demandar la ciudad por actos administrativos que él mismo profirió, conociendo las debilidades que tenían sus propios actos.

“Este es el ejemplo más claro de lo que es la ‘puerta giratoria’. Un funcionario que se va a trabajar al sector privado obteniendo beneficio de su anterior ocupación. La información que se llevó la utilizó en perjuicio del interés público y lo va a volver a hacer”, explicó un abogado administrativo que pidió omitir su nombre porque tiene procesos con la Alcaldía.

Agregó que “la estrategia del Director de Hacienda es clara; no va a retirar la demanda contra el Municipio porque sabe que la justicia en Colombia es lenta y que el proceso se puede fallar en favor suyo después de que haya dejado el cargo y de esa manera obtiene un doble beneficio”.

Sobre ese particular, Fulvio aseguró que su estrategia “es servirle a la ciudad y poder hacer una buena labor como Director de Hacienda”.

Más compleja aún es la situación que afronta Sandra Lorena Collazos, a quien el gobierno Ospina puso al frente de la Gerencia de Acueducto y Alcantarillado de Empresas Municipales.

Sandra Collazos ya había pasado por la Sociedad de Mejoras Públicas (SMP), entidad que durante el primer gobierno de Ospina realizó una serie de convenios interadministrativos bastante cuestionados. Entre ellos la administración de parqueaderos como el del barrio Calima que originó una denuncia contra Collazos por presunto hurto agravado, en concurso con falsedad en documento privado y en la modalidad de delitos continuados.

Señala la denuncia, que según conoció El País está próxima para reparto, que la hoy Gerente de Acueducto se habría apoderado de más de $90 millones de propiedad de la SMP, derivados del manejo del parqueadero de la Carrera 3 con calle 52 del Barrio Calima. Parqueadero que fue entregado por Ospina en su primer gobierno para administración a la SMP a través de la Secretaría de Tránsito, cuando Collazos era la Directora Ejecutiva.

El relato de los hechos agrega que la funcionaria “fingió entregar, de las sumas recaudadas, el cincuenta por ciento (50%) a la Alcaldía, con base en un inexistente convenio celebrado con la Secretaría de Tránsito Municipal de Cali, y presentando como constancias de las supuestas entregas, recibos firmados por un imaginario funcionario del ente administrativo municipal de nombre JUAN PALOMINO”.

Al preguntarle sobre el hecho, la funcionaria aseguró que jamás ha sido notificada de un proceso en su contra y que “después de ocho años de haber salido de la SMP nunca he sido notificada de nada ni por la Sociedad de Mejoras Públicas ni por ningún ente competente. Me estoy enterando por ustedes y no sé de qué me hablan”.

“Lo único que puedo decir de la Sociedad es que le debo agradecimientos y que fue un periplo muy importante en mi vida. Yo entregué mi informe final y si algún ente me llega a convocar, estoy presta a ir y dar la información pertinente”, dijo la Gerente de Acueducto.

El convenio entre la Alcaldía de Cali y la Sociedad de Mejoras Públicas del 9 de octubre de 2010 establecía que el dinero recaudado iría a la cuenta de la SMP. Sin embargo, señala la denuncia, fue modificado por Collazos, estando como Directora Ejecutiva, “con lo que ya a la cuenta bancaria de la SMP iba solo el 50% y el otro 50% lo entregaría ella personalmente en la Alcaldía de Cali”.

Agrega la denuncia que un funcionario “luego de hacer el cuadre, iba a la oficina de la doctora Sandra, llevaba el 50% del dinero en efectivo y se lo entregaba en un sobre de manila, quien lo guardaba en su escritorio”.

Revisados los registros de la Administración Municipal, los contratos de prestación de servicios y del Sigep, no se encontró información del funcionario Juan Palomino, a quien supuestamente se le daba el dinero.

Concluye el texto de la demanda indicando que el delito continuado “cesó cuando fue descubierta por la Junta Directiva de la Corporación”.

El apoderado de la Sociedad de Mejoras Públicas entregó a la Fiscalía los 21 recibos de la aparente entrega del dinero al funcionario de la Alcaldía de nombre Juan Palomino.

Igualmente se anexó la respuesta de la Subdirección Administrativa de Recurso Humano de la Alcaldía de Cali en la que confirman que no ha laborado ni labora un funcionario con el nombre de Juan Palomino.

Sumado a ello, se anexó el manual de funciones que tenía Collazos para demostrar que no podía modificar a título propio el sistema de recaudo.