Los enigmas que no se han aclarado a un año de la masacre de Llano Verde

Un año después del repudiable asesinato de cinco menores de edad en un cañaduzal cercano al humilde sector de Llano Verde, en el oriente de Cali, la indignación, las lágrimas y el dolor de las familias no han desaparecido. Todas claman justicia y un castigo ejemplar para los responsables.

Aunque tres personas están tras las rejas por el múltiple crimen, son varios los enigmas que todavía rodean los violentos hechos de aquel 11 de agosto del 2020.

Las víctimas, Álvaro José Caicedo, Jair Cortés, Josmar Jean Paul Cruz, Luis Fernando Montaño y Léider Cárdenas, cuyas edades oscilaban entre 14 y 16 años, fueron sorprendidos por los homicidas cuando jugaban en un predio denominado ‘Las Flores’.

Sus cadáveres fueron descubiertos en la noche de ese trágico día, horas después de que sus progenitores salieran a buscarlos porque no habían regresado a sus casas.

Como responsables se encuentran presos Yefferson Marcial Angulo, Juan Carlos Loaiza y Gabriel Alejandro Bejarano, alias ‘El mono’. Este último es señalado como el presunto autor material por haber ejecutado con tiros de gracia a los menores, tras retenerlos y golpearlos. Bejarano estuvo prófugo y las autoridades le dieron captura el 15 de enero de este año en una finca del municipio de Bolívar, Valle.

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Los detenidos, en especial Bejarano, dejaron entrever durante la preparación de la audiencia preparatoria el pasado 29 de julio, que buscarán preacuerdos con el juez de conocimiento y la Fiscalía para lograr una rebaja de penas.

Angulo trabajaba como operario en la firma AIRO, que realizaba obras en el Jarillón del río Cauca mientras Loaiza era vigilante de la empresa Control Interno y Transporte. Bejarano, quien ya había estado encarcelado por varios delitos en el pasado, también era vigilante en la zona de los hechos.

Los abogados defensores y familiares de las víctimas se han opuesto de forma tajante a cualquier preacuerdo, ya que los menores fueron torturados, antes de ser asesinados, por lo que el castigo para los homicidas debe ser hasta de 60 años sin beneficio alguno.

El abogado Elmer Montaña recalca que “la Fiscalía levantó la investigación, tras la captura de los dos primeros sospechosos (Loaiza y Angulo) y se dedicó solo a buscar a Bejarano”. Y no investigó el delito de tortura.

El abogado Jonathan Velásquez Sepúlveda, de la firma LegalGroup y apoderado de las familias de cuatro de las cinco víctimas, insistió en diálogo con El País que “los menores fueron asesinados en total indefensión, tras haber sido obligados a arrodillarse. Previamente varios de ellos fueron torturados. Eso es claro y contundente en los elementos materiales probatorios y las necropsias adelantadas”.

Sin embargo, anota, que la Fiscalía al no tener en cuenta el delito de tortura “tomó el camino más fácil al imputar a los detenidos solo el cargo de delito de homicidio agravado de los menores en concurso con el porte ilegal de armas”.

Ante esta negativa, sostiene el abogado Velásquez Sepúlveda, “este proceso ha sido un error dentro de una cadena de errores”.

Si el preacuerdo con los detenidos es aceptado, en el caso de Bejarano, alias ‘El mono’, sería condenado a 400 meses por el primer homicidio (unos 33 años) y doce meses más por cada homicidio adicional por los otros cuatro menores. Lo peor es que dicha persona tendría varias prebendas, anota Velásquez. Se estima que pagaría menos de 28 años y en 20 años podría gozar de permisos y otras gabelas judiciales.

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Por su parte, el abogado Elmer Montaña, apoderado de la familia del menor Álvaro José Caicedo, destaca que “hay muchas quejas por la manera displicente y grosera como los fiscales han tratado a las familias de las víctimas y a los abogados defensores, con los cuales nunca se reunieron para resolver sus inquietudes”.

El fiscal Ríos, uno de los primeros que llevó el caso, y que hoy está detenido por un caso de corrupción, “se negó a atenderme porque estaba muy ocupado”, denuncia el litigante, tras recalcar que “es lamentable que a los detenidos no se les haya imputado o acusado del delito de tortura”.

Es sorprendente, expresa Montaña, que “se le otorguen gabelas a Bejarano con base en las mínimas penas, ignorando que es un sociópata con antecedentes penales, dos sentencias condenatorias, y que no ha prestado ninguna colaboración con la justicia”.

En un aspecto en el cual coinciden también los abogados es que aún no se conocen los autores intelectuales o determinadores de la masacre, ya que los detenidos se han abstenido de confesar sus nombres, alegando que sus vidas corren peligro.

“Lo que se pretende es silenciar y sepultar la verdad”, resalta el abogado Velásquez, quien recordó que el propio Bejarano le manifestó de viva voz al Fiscal que “temía por su vida y que no hablaba porque había más gente implicada en el asesinato de los jóvenes”.

Hasta hoy, también es un enigma sobre cuáles fueron los verdaderos motivos o móviles. “Para asesinar a cinco adolescentes y arrodillarlos pienso que esto no fue obra de tres personas”, argumenta el jurista.

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Cabe anotar, que Gabriel Alejandro Bejarano, alias ‘El mono’ tiene un largo prontuario delictivo. En 2011 y 2012 había sido detenido por porte ilegal de armas, en 2013 le negaron la detención domiciliaria, pero luego le fue concedida. En 2016 recibió igual beneficio, el cual violó.

En ese sentido, el también jurista Elmer Montaña sostiene que “esta ha sido una investigación muy mal hecha, deficiente y muy pobre, y esa pobreza ha llevado a la Fiscalía, que por miedo a perder la etapa de juicio, haga preacuerdos a como dé lugar”.

Un hecho que llama la atención es que el día en que se descubrió la masacre en el cañaduzal ya había presencia allí de agentes de policía antes de que llegaran los familiares de las víctimas.

La institución argumenta que los uniformados estaban en el sitio porque los llamaron y que investigaban lo sucedido. El abogado Velásquez pone de presente “que eso es cierto, pero hay mucho que investigar”.

De igual manera, figura el misterio de fotografías tomadas a los menores una semana antes de ser asesinados. Bejarano puso de manifiesto ante la Fiscalía que “unos policías le enseñaron unas fotos de los niños y que él tenía una idea de quiénes eran, pero el ente investigador no le preguntó nada, lo que abre la puerta a muchas dudas” destaca el abogado Velásquez.

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En lo anterior coincide el abogado Montaña al señalar que cuando Bejarano se encontraba en calidad de indiciado luego de su captura, “nos sorprendió que tocara el tema de las fotografías, y que estaba amenazado”.

La Fiscalía, anotan los abogados Velásquez y Montaña, no indagó tampoco de qué cuadrante eran los policías que se reunieron con Bejarano. Es otro de los enigmas sin resolver.

Respecto a Loaiza y Angulo, ambos están en calidad de coautores al manifestar que sí estuvieron en el lugar y presenciaron la ejecución de los jóvenes, y que Bejarano los habría amenazado. Los dos también buscan un preacuerdo con la Fiscalía. La próxima audiencia de este sonado caso fue convocada para el 4 de octubre.

Los abogados sostienen que el múltiple crimen no fue obra de solo tres personas, sino que actuaron otras en calidad de determinadores y autores intelectuales.

Erlendy Cuero, una líder afro del sector, dice que “para nuestra comunidad continúa siendo algo muy duro por todo el dolor que nos causó la masacre de cinco adolescentes inocentes”.

Pese a la gravedad de lo sucedido, la dirigente afirma que “la Fiscalía no ha optado por una postura fuerte frente a los delitos cometidos por los asesinos, entre ellos los de tortura y secuestro” que no aparecen en el expediente.

Sostiene que ante esta situación, y la falta de condenas más ejemplares, y beneficios para autores y coautores, “otros monstruos en el futuro seguirán en el camino de asesinar a más niños, sobre todo de comunidades vulnerables y afros”.

Al igual que los abogados que representan a las familias, Erlendy pide para que los autores intelectuales también sean castigados. “Por qué no se habla de quiénes estuvieron detrás de estos hechos”, se pregunta la líder de Llano Verde.