Los 'narcos invisibles' que mueven el negocio de la droga, tras la caída de Otoniel

El asiento del avión en el que Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, fue trasladado a Estados Unidos todavía estaba caliente cuando ya las autoridades habían anunciado una ofensiva para neutralizar el accionar de Jobanis de Jesús Ávila, ‘Chiquito Malo’ y Wilmer Antonio Giraldo, ‘Siopas’, quienes son los nuevos líderes de Clan del Golfo. Pero ni ‘Otoniel’ ni sus lugartenientes son los primeros o los últimos cabecillas que están en la mira de las autoridades, solamente son los más visibles.

Lo cierto es que detrás hay un grupo de ‘narcos invisibles’ o capos en las sombras, que, pese a no estar en los titulares de prensa, tienen tanto o más poder que los delincuentes de alto perfil como alias Barbas y alias J.J., cabecillas de las disidencias de las Farc, capturados el pasado miércoles y señalados de secuestros, el cobro de extorsiones, hurto de vehículos y el control de corredores de movilidad de estupefacientes.

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Esta imposibilidad de evidenciar con claridad quién maneja los hilos de la ilegalidad es una tendencia que los investigadores de fenómenos de violencia vienen identificando desde mediados de los años 2000 porque una mutación ha venido surtiendo efecto en los capos de la droga y cabecillas de grupos ilegales, que cada vez más se alejan de la llamada cultura ‘narco’ en la que es cotidiano exhibir bienes, dinero y poder, con lujos y fiestas, para convertirse en personas discretas, muchas veces con detalladas fachadas de legalidad y transparencia.

La tendencia se inició a finales de los 90 con la desintegración de los grandes carteles de la droga que manejaban con mucha notoriedad capos como Pablo Escobar, los hermanos Rodríguez Orejuela, entre otros. Luego, en 2006, vino la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), lo que aceleró el proceso y, finalmente, en 2016, el Acuerdo de Paz entre el Estado y las extintas Farc, terminó por alterar las dinámicas de los narcos, quienes ahora se conocen para las autoridades como ‘capos invisibles’.

Para Pablo Uribe, subsecretario de seguridad de Cali en el periodo 2017 -2019, hay dos causas que explican este fenómeno, por un lado está el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas del país, que se inició a finales de los años 90 con el Plan Colombia, en el que se le inyectaron recursos, tecnología y capacitación a las autoridades nacionales de parte de Estados Unidos, llevando a que se propinaran fuertes golpes a estructuras de las drogas, una tendencia que luego siguió con la seguridad democrática de Álvaro Uribe y se extendió a los dos gobiernos de Juan Manuel Santos.

“Tras esto, y ahí viene la segunda razón, los carteles colombianos perdieron capacidad de manejo en la cadena del narcotráfico y hoy tienen menor relevancia en la cadena de distribución. Pablo Escobar y los hermanos Rodríguez controlaban todo el proceso, desde el sembrado de la coca hasta la producción del alcaloide, solamente usando intermediarios mexicanos para hacer el traslado hasta la frontera con Estados Unidos. Pero una vez allá, las líneas de venta estaban bajo su mando. A medida que fueron cayendo los grandes capos colombianos, los de México empezaron a ocupar esos lugares y a controlar cada vez más partes claves del negocio”, explica Uribe, quien dice que esta tendencia es la razón por la que cada vez hay más presencia en Colombia de ciudadanos de ese país con antecedentes penales.

Álvaro Pretel, investigador en temas de seguridad y defensa, dice que el énfasis de las autoridades en narcos visibles se da por una nueva generación de mandos medios que están asumiendo el control de los grupos ilegales cada vez que cae un cabecilla, lo que los mantiene en funcionamiento gracias a su experiencia y conocimiento, además de que gozan de cierta seguridad otorgada por el anonimato.

“Los mandos medios son personas que llevan mucho tiempo en la organización y se han consolidado en ella con el tiempo. Tienen experiencia, información y conocimiento fundamentales para su funcionamiento. Lo usual es que los líderes de las agrupaciones de narcotráfico y microtráfico se encarguen de los negocios de la distribución, así que están muy expuestos, mientras que hay personas en labores de finanzas y lavado de dinero que tienen conocimientos específicos e imprescindibles para la organización y van a continuar siendo relevantes, aunque caiga el jefe”, dice.

Un ejemplo es el de Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma, presunto exjefe paramilitar y narcotraficante que se mantuvo activo desde la década del 90 y que logró camuflarse en la sociedad colombiana evadiendo a las autoridades y creando un imperio criminal que estaba oculto detrás de una fachada de negocios legítimos.

Desde 1994 había invertido su dinero en empresas legales y en Colombia tenía vínculos con hasta 12 empresas que servirían de testaferros. Su mamá y su abuela estaban registradas en algunas de ellas. Construyó un imperio de aviación, ganadería y bienes raíces con activos en Europa y Sudamérica. En Bogotá vendió varios lotes a la empresa inmobiliaria de la familia de Marta Lucía Ramírez, actual vicepresidenta y canciller.

Sin embargo, al mismo tiempo tenía supuestos nexos con capos del narcotráfico y el paramilitarismo como Pablo Escobar, Fabio Ochoa Vasco y Diego Murillo, alias Don Berna.

Por décadas hizo honor a su apodo y fue solamente hasta el 2015 con un artículo publicado en diario El Espectador que se reveló su existencia al público y, en 2020, InSight Crime publicó una extensa investigación en la que detalló cómo Guillermo Acevedo había escapado del radar de las autoridades y creado una red criminal transnacional.

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Un detalle de la vida de ‘Memo Fantasma’ se ha vuelto común en la nueva generación de narcos: el involucramiento de la familia. Álvaro Pretel dice que cada vez más hay estructuras familiares alrededor de los mandos medios que permite que se mantengan todavía más en las sombras.

“Con el paso del tiempo se han creado nuevas dinámicas y una de las más llamativas es que cada vez más se involucran al núcleo familiar y a los allegados al sistema ilegal y se convierte en una suerte de empresa familiar. Esto porque cada vez es más complejo crear lazos de confianza con personas externas, lo que traslada la confianza de los lazos de sangre y de familiaridad, pero, además eso garantiza que, si algo ocurre dentro de la cadena, se pueda continuar con la labor sin que haya inconvenientes ni reprocesos”, señala Pretel.

La enorme producción financiera del negocio del narcotráfico permite este poder corruptor de los capos, quienes además logran captar a sus vecinos, garantizando así silencio y lealtad, a cambio de un flujo fijo de dinero. Esto es un elemento que contribuye a la fachada de legalidad ante las autoridades.

Incluso sus inversiones han cambiado. “El narcotraficante de los 80 empleaba una arquitectura ostentosa como forma de demostrar cierto poder. Sus inmuebles eran opulentos y tenían una serie de características que demostraban la ilegalidad del negocio. El narcotraficante de hoy se ocupa más por comprar toda una cadena logística que le permita estar cerca de los cultivos, de las salidas de exportación, de redes de apoyo y ocultamiento y de los canales de huida, dado el caso en que lo necesite. Las fachadas son muy sencillas y aparentan legalidad”, explica Juan Pablo Aschner, decano de la Facultad de Creación de la Universidad del Rosario.

Alias Chiquito Malo y alias Sopas serán los reemplazos de ‘Otoniel’. El primero estuvo durante 20 años junto a su exjefe y era de su máxima confianza. Fue miembro de las AUC, militando en el Bloque Bananero. Después de que ese grupo se desmovilizó, varios disidentes formaron Los Urabeños, agrupados por ‘Otoniel’, pero, principalmente por Daniel Rendón, alias Don Mario.

Uno de los golpes que han dado las autoridades a ‘Chiquito Malo’ fue la captura de su hombre de confianza Antonio Ballesteros, alias Toño, quien se dedicaba al envio de cocaína al exterior con lanchas Go Fast que zarpaban desde la Costa Occidental del Golfo del Urabá.

Wílmer Antonio Quiroz, alias Siopas está en la mira de las autoridades desde febrero de 2021. En ese entonces se anunció una recompensa de hasta $570 millones por él, señalándolo como coordinador de las subestructuras en el Chocó y en el suroeste antioqueño.