Los puntos más polémicos que tiene la reforma a la Ley de Orden Público

“Lo que dice este Gobierno es que cualquier acuerdo de paz parcial o total que se firme se vuelve política pública y por lo tanto compromete a todas las ramas del poder. Es decir, además del Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, y en ese sentido todos quedaremos obligados a cumplirlos. Ya no necesitan ‘fast track’, porque lo incorporan de manera automática a la legislación”.

De esta forma, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia explicó el punto “más grave” que, en su opinión, incluye la reforma a la Ley de Orden Público aprobada por las comisiones conjuntas de Cámara y Senado el pasado lunes.

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De hecho, durante la discusión, aseguró que “hay que tener cuidado porque, al elevar la ‘paz total’ como política de Estado, se elimina la posibilidad de que se refrende lo acordado a través del Congreso. Así que lo que se pacte tendrá carácter de ley, lo cual es evidentemente inconstitucional”.

Y aunque votó positivamente la aprobación de las modificaciones a la Ley 418, que delinearán la política de paz del Gobierno de Gustavo Petro, el también senador Humberto de la Calle estuvo de acuerdo en este punto con la congresista uribista.

“Este Congreso estaría subrogando sus competencias frente a normas y notas desconocidas que aún no han sido negociadas. En ese sentido, se puede lograr una redacción que muestre, en desarrollo del artículo 22, la manera como las demás ramas del poder tienen una línea de conducta sin perjuicio de sus competencias constitucionales, pero del tránsito de un gobierno a otro, cuando median unas elecciones, si el pueblo vota en un sentido, lo aprobado es intangible, pero sobre lo que apenas está en curso, yo sí generaría un interrogante”, explicó.

De otro lado, el representante a la Cámara por el Centro Democrático José Jaime Uscátegui hizo énfasis en la falta de un proyecto de ley que reglamente cómo se llevaría a cabo la negociación con las organizaciones criminales a las que también se quiere cobijar con la llamada ‘paz total’.

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“¿De dónde salen los términos de sometimiento por parte de esas estructuras criminales? Si estuviéramos de lado del Estado de Derecho, diríamos que de la ley, ya que ustedes olímpicamente están poniendo esos términos de sometimiento a juicio del Presidente de la República, que puede tener el mejor juicio, según ustedes, pero que estaría usurpando las funciones del Legislador cuando estamos esperando que nos presenten ese proyecto de ley para saber qué se va a negociar y en qué condiciones”, señaló.

También calificó de “desolador” lo aprobado por las comisiones, porque, en su opinión, “se va a negociar a espaldas de la Fuerza Pública. Nos negaron la posibilidad de que militares y policías sentados en el Consejo de Seguridad Nacional tengan la potestad de calificar a esos grupos de acuerdo con las categorías que incluye la ley. Se le quitaron facultades al Consejo de Seguridad Nacional y, por eso, cuando abunden las masacres y los problemas de orden público, las autoridades no sacarán pecho sino que le echarán la culpa al uniformado, diciendo que es el mal proceder o sus omisiones las que han determinado ese escenario”.

“Las Farc ya incumplieron, la mitad, y la otra mitad no quiso negociar. Creemos que para ellos no debe haber ningún tipo de negociación”, anotó la senadora Paloma Valencia con respecto a la posibilidad de que el Gobierno Nacional negocie con la Segunda Marquetalia, liderada por ‘Iván Márquez’.

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Y en este punto De la Calle también respaldó a la congresista uribista: “No a los acuerdos con desertores. Cuidado y contundencia con quienes incumplieron los Acuerdos de La Habana. El camino con ellos es la justicia ordinaria. Si hay lugar para alivios, deben ser aquellos que se tramiten a juicio de la Fiscalía”.

Con respecto al ELN, la senadora Valencia sostuvo que este “ya no es un grupo insurgente. Desde que un exguerrillero quedó presidente, Gustavo Petro los representa a ellos y, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional, son grupos paramilitares y, por lo tanto, tendrían que ser tratados como delincuentes políticos” en el marco de la ‘paz total’.

Finalmente, el también representante uribista Hernán Cadavid planteó que “nos preocupa que las ONG cercanas al Gobierno puedan tener contactos con grupos criminales. Eso no pudo ser eliminado. Nosotros propusimos que dispusieran a organizaciones reconocidas por el derecho internacional, como la ONU, la Cruz Roja o la OEA, pero el Gobierno insistió en que las ONG pudieran estar ahí incorporadas”, con relación a la facultad que permitiría que organizaciones de Derechos Humanos puedan servir para adelantar diálogos regionales de paz”.