Los retos para recomponer la complicada relación fronteriza entre Colombia y Venezuela

El anuncio de embajadores realizado por Caracas y Bogotá se convierte en el primer paso formal en la recuperación de la relación bilateral con Venezuela.

La nominación del excanciller Félix Plasencia como embajador en Colombia y de Armando Benedetti, mano derecha del presidente Gustavo Petro durante la pasada campaña, como embajador en Venezuela, es una señal inequívoca del alto tono presidencialista que tendrá la relación.

La recomposición de la relación es compleja, la cual se divide en por lo menos tres grandes bloques que se deben desarrollar paralelamente y converger en la edificación de una nueva relación bilateral entre los Estados, más allá de los gobiernos, a saber: la normalización de la relación fronteriza, la recuperación de la relación consular y la recuperación de las misiones diplomáticas y la infraestructura institucional bilateral.

En la zona de frontera urge la normalización entre Norte de Santander y el Táchira. El paso de mercancías y transporte público tendría un impacto positivo en el intercambio comercial de los dos países. Algunas de las proyecciones aseguran que podría llegar a los mil millones de dólares si la frontera se abre antes del último trimestre del presente año.

El intercambio comercial cerró el 2021 con 391 millones de dólares y en el primer semestre de 2022 ya se superó esa cifra. Si se normaliza la relación, se puede aprovechar la alta demanda de las fiestas de fin de año.

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Pero más allá de los beneficios comerciales, el verdadero impacto será sobre las personas. Por ejemplo, hay 4765 niños, niñas y adolescentes venezolanos que estudian en instituciones educativas colombianas y la reapertura de los puentes para el paso de vehículos, los resguardaría de las redes de trata de personas y tráfico de migrantes a las quedan expuestos al cruzar a pie.

Pero existen retos: la coordinación de las autoridades migratorias y aduaneras, el establecimiento de protocolos de salud pública, las inversiones en mantenimiento de la infraestructura binacional y los planes para la distribución de combustibles y la administración de transporte.

En materia de relaciones consulares, el reto es más grande. El hoy designado embajador venezolano cuando ejercía como canciller negaba la crisis migratoria, incluso llegó a afirmar que era una estrategia de Colombia para quedarse con recursos de la cooperación internacional.

Los consulados son los principales responsables de la atención a la población migrante, de proteger a los ciudadanos y garantizar el acceso a pasaportes y documentación, pero no es muy probable que la atención a los venezolanos mejore con la retoma de relaciones, lo cual pasaría por el reconocimiento de la diáspora, algo que el Gobierno de Maduro no está muy interesado en hacer.

Además, hay 1,8 millones de venezolanos mayores de 18 años en Colombia, los cuales tendrían derecho a participar en las elecciones presidenciales. De ser reconocidos por los consulados, su participación prácticamente definiría al ganador de la elección. Un riesgo que muy seguramente no correrá Nicolás Maduro.

Del lado colombiano la cosa no es mejor. La crisis venezolana ha significado el retorno de más de 980.000 compatriotas en los últimos años, según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, R4V, y el desplazamiento interno en el vecino país de otro tanto.

La recuperación de los quince consulados en Venezuela pasaría por saber dónde están y cuántos son los colombianos que aún residen en el hermano país, sin la posibilidad de poder contar con información demográfica del Estado venezolano que desde hace años no es pública.

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Podemos encontrarnos con una alta demanda de solicitudes de reconocimiento de nacionalidad, pasaportes y documentos que demandarán un plan de choque escalonado para atender un alto número de requerimientos.

Se calcula que la recuperación de la relación podría costar unos $26.000 millones y se corre el riesgo de que se convierta en una torta burocrática que quedaría en manos del nominado embajador Benedetti.

En el caso de la misión diplomática y se la infraestructura bilateral será problemático. Los espacios de diálogo creados a lo largo de casi dos siglos de relacionamiento mutuo, especialmente entre los años ochenta y noventa del siglo pasado, se encuentran completamente inoperantes, incluso desde antes de que se rompiera la relación bilateral en 2019.

Nicolás Maduro, como canciller de Hugo Chávez, se encargó de derruir las instancias institucionales entre los dos Estados, y la relación se volvió extremadamente dependiente de los presidentes; ellos imponían la agenda y las prioridades. La relación quedo subordinada a los temperamentos de los gobernantes, y fue la principal causa de la ruptura que se presentó entre Maduro y entonces mandatario colombiano, Iván Duque Márquez.

Ahora la relación parece que se reinicia con una alta dependencia presidencial, como evidencia el nombramiento de los embajadores. No obstante, es necesario reconocer que el presidente Gustavo Petro es enfático en sus declaraciones en la necesidad de recuperar la institucionalidad entre Colombia y Venezuela.

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Un punto aparte será la negociación con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, la cual no solamente pasa por Venezuela, sino que tendrá que incluir al hermano país como una de las contra partes de la negociación.

En los últimos tres años la presencia del ELN no solo se limita a la retaguardia estratégica o el uso del territorio como abrevadero. Hoy este grupo tiene integrantes venezolanos, mantiene control territorial y desarrolla operaciones armadas en Venezuela, pero sobre todo, como parte de su estrategia, ha logrado penetrar la sociedad y hasta los cuerpos de seguridad.

La “paz total” del presidente Petro implica una negociación tripartita entre Colombia, Venezuela y el ELN, para garantizar que se dé una efectiva reinserción de dicho grupo a las sociedades colombiana y venezolana.

No se puede pasar por alto la responsabilidad que tiene el nuevo Mandatario colombiano de proteger a líderes políticos, defensores de Derechos Humanos y periodistas perseguidos por el régimen de Maduro, la recuperación de relaciones no puede poner en riesgo a los refugiados reconocidos o de facto que se encuentran en nuestro país.