Luces y sombras de la implementación del Acuerdo de Paz, a cinco años de su firma

“Este aniversario brinda una oportunidad para celebrar logros de la implementación del Acuerdo Final de Paz, reconocer los desafíos que enfrenta y renovar nuestro compromiso colectivo para hacer realidad su promesa de construir una paz estable y duradera”.

Así se expresó Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, durante el acto conmemorativo de los cinco años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las Farc.

Agregó que después de más de cinco décadas de conflicto y conscientes del sufrimiento que causó, “tenemos la obligación moral de garantizar que este proceso de paz tenga éxito. El Acuerdo Final de Paz no solo buscaba silenciar las armas, también estableció una hoja de ruta destinada a transformar las causas profundas del conflicto y comenzar a curar las heridas para que las atrocidades cometidas por todas partes no vuelvan a ocurrir”.

El acto tuvo lugar en la sede de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, en donde coincidieron el presidente Iván Duque y el exmandatario nacional Juan Manuel Santos, quienes se saludaron de manera cordial.

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“La paz no es de nadie en particular, sino de todos los colombianos y del mundo entero y por ella debemos trabajar hasta el fin de nuestros días”, dijo al tomar la palabra el Premio Nobel de Paz firmante del Acuerdo, y reconoció que Rodrigo Londoño, entonces comandante de las Farc, ha cumplido con su palabra, cuando asumió el compromiso de trabajar para consolidar lo convenido en La Habana.

A su turno, el actual Jefe de Estado hizo un balance de la implementación del Acuerdo y precisó que el anhelo de los colombianos es que la verdad sea total, “que no sea una verdad adaptada, que sea una verdad oportuna y que se entienda por parte de los victimarios que, si no la comparten en el momento debido, la sanción también estará presente, como un mecanismo para mostrar que nadie está por encima del Estado ni lo puede manipular”.

Duque señaló que si bien se habla del concepto restaurativo “también hay un anhelo de las víctimas al ver la sanciones porque de ellas también dependerá la reconformación en el alma de quienes en el fondo de su corazón portan un terrible dolor”.

A su turno, Londoño, hoy jefe del Partido Comunes, sostuvo que “no han sido fáciles estos años por cuenta de los incesantes ataques contra el Acuerdo y la falta de voluntad del Estado para su implementación integral, aun así, manifestamos que nada ni nadie podrán minar nuestra convicción de que el camino emprendido es el correcto”.

Tras volverle a pedir perdón a las víctimas de sus acciones durante el conflicto armado en el país, le dijo a Santos que fue un acierto “haber conformado el componente especial de la Policía que nos ha venido acompañando en este proceso de reincorporación a la sociedad colombiana, resalto su profesionalismo y compromiso con la paz, y gracias, presidente Duque, por haber extendido su misión”.

De su lado, el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, otro de los intervinientes en el acto conmemorativo señaló que, a pesar de las críticas de algún sector, la JEP ha sido efectiva.

Y el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, mostró su preocupación por la situación de los líderes sociales y los excombatientes: “Son más de mil líderes asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz (…). Cada mes, desde el día que hicieron la dejación de armas, hemos tenido en promedio cinco excombatientes de las Farc asesinados”.

Agregó que la ausencia del Estado en algunas zonas, tras la firma en el Teatro Colón, “permitió que la guerra de la coca y la minería ilegal penetraran en los territorios que dejaron las Farc y que volvieran las minas antipersonales en las playas de los ríos, la destrucción con la deforestación del Amazonas y el terror de las comunidades”.
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A todos ellos, Débora Vargas, víctima del conflicto armado, les dijo que “la paz verdadera no es la sangre, sino que tengamos trabajo en nuestros territorios, que tengamos tranquilidad, que las nuevas generaciones vean otra mejor Colombia”.

Y en la tarde, tras reunirse con Duque en la Casa de Nariño, Guterrez se despidió del país: “Colombia seguirá contando con la ONU en este esfuerzo histórico hacia la paz y la justicia. Hoy termina una visita muy enriquecedora, que me ha permitido conocer de primera mano tanto los avances como los desafíos que enfrenta el proceso”.
“Estuve con miembros del Gobierno, con excombatientes, con víctimas, líderes de comunidades locales, nadie me dice que no quiere aplicar los Acuerdos de Paz, nadie me dice que quería la paz con ilegalidad”, concluyó.

Uno de los temas en los que se ha avanzado es en la participación política de los excombatientes, ya que miembros del Partido Comunes recibieron diez curules en el Congreso.

De igual forma, tras una batalla jurídica de cerca de dos años, en marzo próximo se elegirán 16 víctimas como representantes a la Cámara, luego de que, tras una batalla jurídica, se reglamentarán las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.

A su vez, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, avanza en siete macrocasos de investigación de los delitos cometidos por diferentes actores en el marco del conflicto armado. A la fecha, 13.295 personas que se han sometido al alto tribunal: 9819 exmiembros de las Farc, 3313 de la Fuerza Pública y 151 agentes del Estado.

De su lado, la Comisión de la Verdad ha escuchado a 26.000 personas, entre líderes de la extinta guerrilla, víctimas y expresidentes de la República y a mediados del próximo año deberá entregar su informe final.

En cuanto a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, se indicó que ha hallado con vida a cinco personas.

Por otra parte, se prorrogó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras hasta el 2031, y se ha avanzado en términos de reparación individual y colectiva, y retornos y reubicaciones.

Uno de los aspectos más desarrollados es el de la reincorporación: el 95% de las personas que se mantienen en este proceso tienen acceso a seguridad social y a otros servicios del Estado, como apoyos educativos y formación para el empleo.

Según el Gobierno Nacional, están en ejecución más de tres mil proyectos productivos individuales y se ha logrado concretar catorce Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.

De acuerdo con varios analistas, uno de los factores que más ha afectado la implementación del Acuerdo de Paz han sido los constantes ataques a los reincorporados y a los líderes sociales residentes en las zonas rurales más golpeadas por el conflicto armado.

De igual forma, las comunidades que habitan esas regiones del país también siguen padeciendo la presencia de grupos ilegales, entre las que se cuentan las llamadas disidencias de las Farc.

“Tristemente nos encontramos ante una crisis profunda de seguridad territorial y de falta de implementación del Acuerdo, que nos tienen de cara a perder esta inmensa oportunidad. Durante el Gobierno Duque han crecido los homicidios contra líderes y excombatientes, las masacres, también ha crecido el confinamiento y el desplazamiento”, afirmó al respecto la representante a la Cámara Juanita Goebertus, quien fuera asesora de las negociaciones en La Habana.

Ella, junto con los también congresistas Angélica Lozano, Antonio Sanguino, Wilmer Leal, Luis Fernando Velasco, Guillermo García Realpe, Carlos Ardila, Temístocles Ortega, José Daniel López, John Jairo Hoyos, John Jairo Cárdenas, Angela María Robledo, Iván Cepeda y Roy Barreras publicaron un balance del Acuerdo según el cual el 50 % de las normas necesarias para sacar adelante el punto de Participación Política siguen sin ser tramitadas en el Congreso.

“Del total de excombatientes, el 48,9% no tiene aún un proyecto productivo financiado por el Gobierno y, de las 82.240 familias que firmaron el acuerdo voluntario de erradicación, solo el 8,6 % ha tenido acceso al proyecto productivo del plan de sustitución de cultivos ilícitos”, puntualizó la representante a la Cámara.

Para el presidente firmante de la Paz Juan Manuel Santos, en la medida que la reforma agraria convenida en La Habana entre el Estado colombiano y las Farc no se concrete, “las expectativas que existían en la gente que vivían en esas zonas, combinado con la falta de ejecución de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet, produce un desánimo y falta de oportunidades, y los jóvenes que viven ahí, que no tienen las oportunidades que deberían tener, se vuelven más susceptibles de ser vinculados en bandas criminales”.

A propósito de los Pdet, la representante a la Cámara Juanita Goubertus señala que “al año se está invirtiendo tan solo el 2% de lo que tendría que invertir en los Pdet, para poder transformar estos territorios en un periodo de quince años. De las hectáreas que han ingresado al Fondo de Tierras, solo el 17 % se han entregado y unícamente el 1,5 % se han entregado a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente”.

De otro lado, algunos analistas sostienen que uno de los aspectos del contenido del Acuerdo del Teatro Colón, firmado el 24 de noviembre del 2016, que todavía están pendientes de implementar es la entrega de los bienes por parte de las extintas Farc.

Según declaraciones del alto consejero para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, el monto se había fijado en alrededor de un billón de pesos, pero hasta ahora solamente se ha podido monetizar seis mil millones de pesos.

Otro de los pendientes tiene que ver con la reparación a la totalidad de las víctimas. Se ha establecido que el Estado colombiano tardaría varias décadas en indemnizar a todas las víctimas del conflicto armado.

En el último informe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas sobre la implementación del Acuerdo se recalca que quedan faltando diez años para cumplir lo consignado también en cuanto al desmantelamiento de las estructuras armadas en el país.

En carta al Secretario de la ONU, Álvaro Uribe dijo que “Acuerdo de Paz no ha habido. Simplemente se fracturó la legislación nacional y se desafió la internacional al dar impunidad total y elegibilidad política a personas responsables de delitos atroces”.

Y continuó: “Más aún, no se quiso aceptar por el Gobierno de entonces la alternativa que propuso la oposición para que estas personas cumplieran una sanción razonable antes de ejercer la actividad legislativa”.