¿Mal manejo? Expertos dicen que decisiones de Petro afectan moral de la Policía y el Ejército

No han sido pocas las decisiones del presidente Gustavo Petro que han generado polémica en el país. Sin embargo, casi todas las que han tenido que ver con la seguridad nacional han sido objeto de sendos debates por las implicaciones que tienen.

Hechos como el nombramiento de un Ministro de Defensa antagónico de las Fuerzas Militares, dos severas barridas en la cúpula militar y de la Policía, así como un timonazo en políticas como la erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito y los bombardeos a los campamentos de grupos ilegales lo han puesto en ojo del huracán y en los titulares de prensa.

Estas determinaciones han llevado a que se planteen interrogantes, no solo sobre la viabilidad de estos cambios sino del impacto que van a tener. Una de esas preguntas gira alrededor de las consecuencias sobre las tropas de las Fuerzas Militares y los uniformados de la Policía y si van a afectar su moral.

Algunos expertos coinciden en que las órdenes que se han dado desde la Casa de Nariño —así como los mensajes entre líneas que estos envían— dejan entrever que hay altas dosis de improvisación y falta de comunicación efectiva, lo que sí genera ruido entre la administración y los uniformados.

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“Desde la campaña ya se había planteado que vendrían cambios en términos de la defensa del país y se anticipó que eso implicaría la salida de algunos de los oficiales; sin embargo, cuando eso se dio pasó de manera más rápida y con cambios más radicales de lo esperado. Para empezar, Petro hizo cambios en la cúpula apenas a los cinco días de su posesión y, segundo, en la barrida salieron muchos más altos mandos de los que se había calculado. Pero no solo eso, apenas quince días después hace cambios en las líneas de mando de cada una de las fuerzas que llevan a más salidas”, explica Erich Saumeth, analista e investigador sobre temas de defensa, seguridad y convivencia.

El experto calcula que en ambos remezones salieron alrededor de 50 coroneles, brigadieres generales y mayores generales, lo que crea un ambiente interno de incertidumbre. Pero no solo eso, agrega que con las movidas que hizo la semana pasada, hubo oficiales que duraron menos de 15 días en sus nuevos cargos, antes de nombrar sus reemplazos.

Saumeth dice que otra prueba de la improvisación y de que hay una alteración en las tradiciones en cuanto a las relaciones entre el Gobierno central y los distintos comandantes es el caso en el que Petro reversó la designación del coronel Juan Miguel Thiriat en la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) y en su lugar hizo la histórica promoción de la coronel Olga Patricia Salazar Sánchez, quien se desempeñaba como directora del Hospital Central de la Institución en Bogotá y quien es la primera mujer en llegar a ese cargo.

El Jefe de Estado hizo lo mismo en la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) en la que tumbó el nombramiento de coronel Jhon Alzate en favor del coronel Arnulfo Rosemberg Novoa, que es administrador policial con especialización en seguridad, Gobierno y Políticas Públicas, y se venía desempeñando como director de Incorporación de la entidad castrense.

Los nuevos nombramientos se hicieron “tras la revisión de la trayectoria y las hojas de vida de los oficiales de la Institución por el señor Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y el señor Ministro de Defensa Nacional, Iván Velásquez Gómez”, aseguraron desde la Casa de Nariño, algo que rompe las tradiciones de permitir autonomía al comandante de cada fuerza para conformar su equipo de trabajo.

Para Saumeth, parte de lo que afecta la relación entre el Gobierno y la tropa es que hay desconocimiento del funcionamiento interno de las Fuerzas Armadas y eso quedó al desnudo después de que se había planteado que habría un recorte al presupuesto de defensa, algo que tuvo que echar para atrás el ministro Velásquez que dijo que se van a analizar las compras de nuevos sistemas y equipos para la Fuerza Pública.

“Esto genera zozobra, lo que debería hacer el Gobierno es guardar prudente silencio, estudiar los temas y hacer anuncios definitivos”, manifiesta el experto en seguridad y defensa.

Por su parte, Juan Carlos Ruiz, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, dice que en la manera de comunicar las decisiones gubernamentales, incluida la versión de que la Primera Línea hará parte de la mesa que avanza en la reforma al Esmad —algo que fue desmentido por el senador Gustavo Bolívar— ha sido irregular y basada en enviar mensajes de que hay un nuevo comandante en jefe y que se van a hacer las cosas diferente de como eran antes.

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“El estamento militar tiene un lenguaje y hay maneras de comunicarse con quienes lo componen. Ya ha habido momentos en los que los roces entre la clase política y la cúpula han provocado ruido de sables y ha habido pronunciamientos sobre algunos temas. En el pasado ha habido casos de tensiones como los de los generales Álvaro Valencia Tovar, Fernando Landazábal o Rafael Zamudio. En el país hubo roces e incluso intentos de golpe de Estado porque el estamento militar hay que saberlo manejar, creo que Petro no está sabiendo hacer”.

De acuerdo con John Marulanda, el coronel (r) y presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, Acore, hay algunos anuncios que generan preocupación, como el que hizo el fiscal general Francisco Barbosa de que al interior del búnker se plantea revisar la justicia penal militar, con el fin de que sea desmantelada, una idea que -según dijo Barbosa- ya se le presentó al Ministerio de Defensa.

Otra crítica de Marulanda es que la orden pública de responsabilizar a los comandantes regionales de la protección de líderes sociales bajo pena de anotación en la hoja de vida es algo que desestimula, porque cree que se está restando acceso al derecho y al debido proceso a los uniformados.

El presidente de Acore asegura, sin embargo, que en el interior de las Fuerzas Armadas hay códigos de conducta y pese a que haya algunos temas que generan ruido, como los desplantes a los que sometió Petro a los oficiales en el reconocimiento a las tropas cuando, al parecer estuvo enfermo del estómago, hay disciplina y respeto por el comandante en jefe.

Por ahora no ha trascendido públicamente que haya un descontento generalizado en la tropa que genere preocupación; sin embargo, todos los expertos coinciden en que lo más sano que pueden hacer desde la Casa de Nariño es entregar las directrices sobre defensa sin demoras y dejar de hacerlo a cuenta gotas, además plantean que esto debe de manejarse de manera directa con la cúpula y no a través de redes sociales, como ha ocurrido en otras oportunidades.

Muchas de las decisiones que ha tomado Gustavo Petro con respecto a las Fuerzas Armadas tienen que ver con la aplicación de la llamada seguridad humana y con la búsqueda de la paz total, en la que hay acercamientos con los distintos grupos armados del país.

Parte de esto son los consejos de seguridad, que de acuerdo con Petro se van a hacer en los territorios más vulnerables y afectados del país. El primero lo hizo en Chocó.

“Seguridad humana implica que estos consejos de seguridad no solo sean de la Fuerza Pública, sino también de una serie de instituciones que pueden ser claves sin estar armadas en la solución de la violencia en el Chocó, por ejemplo, la universidad, la institución pública de educación, de salud”, explicó Petro.

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Además manifestó la importancia de que haya cooperación de la sociedad, que se generen espacios en donde se puedan crear alternativas para todos los colombianos, hasta para quienes están en la ilegalidad y que vean oportunidades en la legalidad, así se reduciría la violencia en Colombia.

“Que identifique que las causas del crimen son múltiples, no es una; muchísimas tienen que ver con las circunstancias sociales en las que se desarrolla una población”, añadió y propuso a la población presentar un plan de minería artesanal.

En cuanto a la paz total, se conoció el proyecto de ley en el que se plantea que el Presidente podrá constituir regiones de paz y dar poder especial a los alcaldes para tomar acciones en favor de la protección de los reincorporados y los líderes sociales.