Más de 3300 delincuentes reincidieron el año pasado en el Valle, ¿por qué estaban libres?

A pesar de que tenía tres procesos penales pendientes, entre ellos uno por tentativa de homicidio, un juez le dio casa por cárcel. Y volvió a delinquir, aprovechándose de las garantías que le otorgó la justicia colombiana.

Este es uno de las decenas de casos que a diario se presentan cuando las autoridades capturan a delincuentes, en flagrancia o no, y se topan con la sorpresa de que era un reincidente con un extenso prontuario. Y lo peor, que tenía detención domiciliaria, es decir, que no podía salir a la calle sin el permiso de un juez.

Tan preocupante es este fenómeno, que según cifras entregadas a El País por el Instituto Nacional Penitenciario, Inpec, solo en el 2019 en el Valle del Cauca se logró la recaptura de 3336 personas que estaban incursas en delitos como narcotráfico, extorsión, hurto, porte de armas, concierto para delinquir y hasta por homicidio. La mayoría eran reincidentes.

De ellos, 671 tenían detención domiciliaria, 2642 detención intramural, mientras 23 permanecían bajo vigilancia especial.

¿Por qué quedan libres?, este es el interrogante que se hacen los ciudadanos cuando se enteran que un antisocial fue enviado a su casa por un juez en vez de ir directo a prisión, pese a la gravedad de su falta.

Todo obedece a que la Corte Constitucional en un fallo reciente determinó que el pasado penal de una persona no es un elemento determinante para conducirla a prisión por delitos anteriores, sin haber sido condenada.

El Alto Tribunal expuso, en esa misma línea, que frente al peligro futuro que un capturado representa para la sociedad, “la detención preventiva debe valorarse en concreto y en relación con las características específicas del caso, más no con circunstancias ocurridas y valoradas en procesos judiciales anteriores”.

Por eso muchos delincuentes vuelven a las calles.

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La providencia de la Corte Constitucional agitó de nuevo el debate sobre el aumento de personas reincidentes en delitos, ya sea porque no se rehabilitaron, y otras que al ser recapturadas tienen todas las posibilidades de quedar libres otra vez.

Uno de los más críticos frente a ese marco jurídico es Hernando Herrera, presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia, quien define el actual sistema como “una puerta giratoria donde los delincuentes entran y salen frecuentemente, sin ninguna repercusión social”, en especial cuando se trata de delitos de alto impacto como el hurto callejero, entre otros.

Un ejemplo de ello es que cada vez que un raponero o un atracador lo atrapa la Policía queda libre a los pocos días.

“Parece que el Código Penal está hecho como un trampolín para la delincuencia y no como una barrera para la contención del delito”, subraya el jurista.

De igual manera, Herrera estima que el fallo de la Corte y la “respuesta del Estado no puede ser simplemente omisiva, porque eso va en contra del ciudadano y de un elemento fundamental como es la seguridad”.

Anota, asimismo, que cuando un criminal queda libre —pese a que ha sido capturado cinco, diez o veinte veces— la gente se siente defraudada, así él mismo haya sido objeto de denuncia al ser sorprendido cometiendo un delito.

“Nosotros pensamos que si esa persona ha estado detenida muchas veces, con toda seguridad es un verdadero delincuente”, destaca el jurista.

En ese mismo sentido opina José Fredy Restrepo, fiscal y presidente de Asonal Judicial de Cali, al señalar que “la casa por cárcel se volvió algo complicado, eso sería bueno si funcionaran perfectamente las ramas del Poder Público en verdadera colaboración con la justicia”.

Recalca que la culpa no es de los jueces ni de los fiscales, sino del mismo sistema que es garantista, pues “si una persona no está condenada no se le puede procesar por otros actos anteriores, pues se le presume como inocente”.

Allí —agrega— hay un enfrentamiento de dos posturas: una que tiene que ver con los derechos del procesado y otra que son los derechos del Estado, la sociedad y las víctimas.

La Corporación para la Excelencia en la Justicia estableció que solo entre los años 2017 y 2018, el 18% de personas capturadas en flagrancia, ya habían sido arrestadas previamente.

Como una manera de enfrentar la impunidad en estos casos, los analistas y expertos estiman que es necesaria una reforma al Código Penal.

Y como complemento a ese ajuste, que se construyan más cárceles, ya que en el país hace una década no se cuenta con nuevas prisiones. Se calcula que los cupos faltantes para frenar el hacinamiento supera los 40.000 en el país.

De allí que de alguna manera los jueces prefieran enviar a detención domiciliaria a muchos delincuentes.

“Más que una reforma, debe haber un ajuste en el sistema judicial para reducir la reincidencia, ya que muchas de estas personas las envían a sus casas, que están localizadas en un entorno violento, lo que las lleva nuevamente a delinquir”, destaca Álvaro Pretel, exdirector del Observatorio de Seguridad del municipio de Cali.

Recuerda el académico que durante su gestión se estableció que de las personas enviadas a detención domiciliaria por delitos como microtráfico, hurto, porte ilegal de armas y hasta por homicidio en algunos casos, al menos el 92% eran reincidentes.

Pretel pone de presente que ese fenómeno se origina también porque no existe suficiente personal del Inpec y la Policía para vigilar esas personas con ese tipo de medida.

“Pudimos verificar que en doce casos solo dos personas estaban en sus casas sin violar la norma en el momento de nuestra visita”, anotó.

El experto, al igual que los juristas Herrera y Restrepo, estiman que en el caso de Cali deben construirse o ampliarse más pabellones para albergar a la población carcelaria.

El general Manuel Vásquez, comandante de la Policía de Cali, dice que "la resocialización es clave para que el delincuente no reincida y salga de su mundo de oscuridad".

Y para ello se requiere no solo el apoyo del Gobierno local, sino del Estado, con lo cual se reduciría el hacinamiento existente en la cárcel de Villahermosa.

De paso, se debe establecer una reforma integral al Código Penal que incluya una verdadera resocialización y rehabilitación de los procesados, ya que las mismas prisiones se han convertido en escuelas del delito, que empujan a esas personas a repetir su carrera delictiva tras quedar en libertad.

“Los jueces cumplen su tarea de juzgar y condenar, pero el sistema se rompe cuando el procesado no se resocializa. Y cuando no hay suficientes pruebas, el fiscal se queda sin nada y toca dejar libre al delincuente”, puntualiza Restrepo.

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Han sido varios los casos de homicidas en Cali que tras su captura se estableció que tenían la casa por cárcel y que se paseaban libremente por la ciudad al mando de peligrosas bandas criminales.

Precisamente, uno de los hechos más sonados fue el asesinato del fiscal Alcibiades Libreros, ocurrido a finales del 2019 en esta capital.

Uno de los cuatro delincuentes, que fueron condenados esta semana a penas de prisión (hasta de 27 años), por ese crimen, tenía detención domiciliaria. Y además, registraba dos condenas por hurto y porte ilegal de armas.

El grupo de antisociales fue imputado por los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego; y hurto calificado y agravado.

Otro caso que causó gran repudio ciudadano fue el asesinato del teniente Dúver Orlando Daza Gil, jefe del esquema de seguridad de la entonces gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. El hecho ocurrió en octubre del 2018.

Uno de los capturados registraba antecedentes por hurto y porte ilegal de armas. Además, tenía una medida de detención domiciliaria vigente en ese momento.

El hombre que le disparó a Daza en un intento de hurto en el barrio Colseguros de Cali, no tenía por qué haber estado en la calle, sino cumpliendo su pena en casa.

“De nada sirven los esfuerzos y recursos de la Policía, porque cuando capturan a los delincuentes, los jueces les otorgan medidas de casa por cárcel”, declaró en su momento Andrés Villamizar, el entonces secretario de Seguridad de Cali.

Problema social

Adalberto Sánchez, director del Instituto de Investigación y Desarrollo en Prevención de la Violencia y Promoción de la Convivencia, Cisalva, de Univalle, tiene otra visión.

En su concepto, la legislación debe ajustarse, pero detrás de ello hay un trasfondo de carácter social.

”No hay una rehabilitación verdadera de esas personas en las cárceles para que puedan regresar con oportunidades de trabajo, salud y estudio a la sociedad, y no vuelvan a delinquir”.

Sánchez anota que de alguna manera “el sistema patrocina las condiciones del crimen, que precipita a esas personas a reincidir porque no cuenta con verdaderas garantías sociales para que puedan satisfacer sus necesidades básicas y de calidad de vida”.