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CALI
Más de 9000 vehículos siguen abandonados por líos con los patios de la 66
El CDAV no está de acuerdo con las acusaciones.
El lío por el funcionamiento de los antiguos patios de tránsito, ubicados en la carrera 66 con calle 13, aún no se ha podido solucionar. Esta semana, el arrendatario de este predio, la empresa Yolagir S.A.S, sacó algunos de los más de 9000 vehículos, que siguen en el lugar, a la calle.
La situación se da porque un inspector de la Policía de la Comuna 17, Camilo José Bonilla, declaró como perturbadores del espacio a la Secretaría de Movilidad y el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle (CDAV) y ordenó a estas dependencias que reubiquen los 9919 carros y motos que hay en este predio de 17.000 metros cuadrados.
Allí funcionó hasta agosto del año pasado un patio oficial de tránsito, pero desde esa fecha dejó de operar, sin embargo, los vehículos no fueron retirados.
“Aquí lo preocupante es que la Secretaría de Movilidad y el CDAV dejaron abandonados esos automotores a merced de cualquier situación que suceda, entonces hay una responsabilidad patrimonial porque el municipio tendrá que responder, y en resumidas cuentas eso lo pagarán todos los caleños”, dijo Mario Ospina, abogado de la empresa Yolagir S.A.S, actual arrendataria del predio en el que se encuentran las motos y carros.
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De acuerdo con las declaraciones del abogado, este terreno es de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, y desde agosto del año pasado está arrendado por la empresa Yolagir, por lo que se ordenó sacar los vehículos o pagar el concepto de arrendamiento, pero ninguno de los dos aspectos se cumplió.
“Ni han pagado los derechos por concepto de parqueo ni hacen la restitución física del inmueble, es decir que en estos momentos tienen una deuda multimillonaria porque desde el mes de agosto ellos vienen beneficiándose del predio sin pagarle a Yolagir, pero la cifra exacta no se puede entregar porque obedece a una situación contable y secreta de la empresa”, precisó Ospina.
Por lo anterior, el abogado de la empresa Yolagir indicó que la omisión de la Secretaría de Movilidad y el CDAV harán que se tomen acciones de carácter legal.
Cálculos realizados por el concejal Fernando Tamayo indican que el detrimento patrimonial para la ciudad, por este concepto, rondaría los $ 10.000 millones.
“Preocupa es que el administrador del lote, en este momento, está sacando carros y motos a la calle, sin presencia de las autoridades, lo que deja al Distrito como responsable de una omisión en el cuidado que debía hacer cuando esos vehículos fueron inmovilizados y pasaron a tener tutela del Estado”, comentó Tamayo.
¿Qué responde la Administración ?
Hasta el momento, la Secretaría de Movilidad no ha dado una declaración exacta sobre cuándo estarían retirando la totalidad de los vehículos y motocicletas que hay en el predio de la carrera 66 con calle 13. Tampoco se ha referido al pago del dinero que presuntamente le adeudan a la empresa Yolagir S.A.S.
Pero, desde la Secretaría de Movilidad aclararon que “este tema corresponde a un contrato de patios y grúas que está bajo la administración del CDAV, que actualmente están llevando los vehículos a otro patio en Yumbo”.
Además, según datos de esta dependencia, en ese predio hay un total de 9919 vehículos y motocicletas, de los cuales 9319 llevan más de un año en ese lugar, lo que quiere decir que el municipio puede disponer de ellos para desintegrarlos.
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Por su parte, el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle, CDAV, en un comunicado, calificó la actuación del inspector de la Policía, que los declaró como perturbadores, como temeraria ya que, de acuerdo con la entidad, solicitaron hace dos meses apoyo en el retiro de los vehículos del predio y no obtuvieron respuesta.
“Esa empresa (Yolagir S.A.S) ha pretendido de manera irregular obtener un pago al cual no tiene derecho alguno, en medio del silencio de la SAE, que sí tiene la administración del predio”, afirmó Jaime Cárdenas, gerente del CDAV, en el comunicado.
Anunciaron también que entre las acciones jurídicas que serán desarrolladas figuran la solicitud de nulidad por violación al debido proceso, derecho a la defensa, “así como las respectivas denuncias al inspector”. Es decir que seguirá la polémica.
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