Narcotráfico, el 'monstruo de mil cabezas' que sigue siendo tan rentable como en los años 80

En la época de los 80 y 90 el narcotráfico tenía una cara visible. La mafia era liderada por el máximo jefe del Cartel de Medellín, Pablo Escobar, quien causó revuelo político y puso contra la pared a las autoridades, por cuenta de todos los actos terroristas que cometió en su momento. Si bien actualmente sigue siendo un dolor de cabeza para el Estado colombiano, este fenómeno es diferente al que se vivió años atrás, porque ahora no tiene un rostro definido.

Los reportes de las autoridades, e incluso del alto Gobierno, dan cuenta de que las estructuras al margen de la ley se han apropiado de la actividad ilícita que, prácticamente, es la que más renta genera en todo el país. Primero fueron las extintas Farc que tenían este negocio en su poder, pero al desmovilizarse, quedó en manos del ‘Clan del Golfo’ y del ELN, aunque nieguen estar en esas actividades, y de ‘Los Caparros’, que hacen presencia en el Bajo Cauca, por mencionar algunos.

El narcotráfico, que prácticamente es una herencia que tiene el país y que día a día se convierte en una deuda que el Gobierno debe saldar, toma más fuerza. Incluso desde las alertas tempranas que ha hecho durante 2019 la Defensoría del Pueblo se pone de presente, y su experiencia y testimonios recogidos en terreno, dicen que hay carteles mexicanos haciendo presencia en el país.

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La situación no es desconocida para las autoridades. En junio, el general Jorge Hoyos, entonces comandante de la Fuerza de Tarea Hércules, que hace presencia en Tumaco, Nariño, confirmó que durante 2018 capturaron 23 personas que hacían parte del ‘Cartel de Sinaloa’, mientras en los primeros seis meses se registraron ocho capturas a miembros de la misma organización.

Lo que explicó, en ese momento el General, es que los mexicanos no hacen presencia permanentemente en Colombia, sino que vienen de paso para ajustar negocios sobre la comercialización y el tráfico de droga en algunas zonas específicas del país, como el municipio nariñense.

Tumaco es de los más afectados por la producción y comercialización de droga. Sus espesas selvas y el mar Pacífico se han convertido en los corredores de droga más grande que tiene el país. Precisamente, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, señaló que en Nariño se han logrado incautar más de 123 toneladas de cocaína.

La misma suerte corren el Cauca y el Bajo Cauca que, si bien no tienen grandes hectáreas de producción de hoja de coca, tanto el ‘Clan del Golfo’ como los ‘Caparros’ se disputan su control. Cáceres, Antioquia, por ejemplo, cuando fue visitado por una comisión de la Defensoría en marzo, casi es declarado ‘Pueblo Fantasma’.

El narcotráfico en esa zona ha hecho de las suyas. Ha involucrado desde menores de edad hasta adultos. El defensor Carlos Alfonso Negret, en su momento, recibió denuncias de un profesor de una escuela, en la que mencionaba que las estructuras al margen de la ley estaban reclutando a los menores para meterlos en el mundo del crimen.

Además, los habitantes de Cáceres denunciaron que llegaban panfletos a sus viviendas aduciendo que debían abandonar el pueblo. En la periferia del lugar que da al río Cauca, la mayoría de casas están desocupadas, debido a que los del ‘Clan’ y los ‘Caparros’ han generado desplazamiento forzado para movilizar la droga por los solares de dichas residencias.

En el Cauca también han denunciado la presencia de carteles mexicanos, pero los grupos armados que lideran las acciones ilegales son las disidencias de las Farc y el ELN.

Un informe de inteligencia da cuenta de que el ELN controla prácticamente los eslabones del narcotráfico, como son ingreso de insumos, producción y procesamiento, distribución y trafico de cocaína y heroína en los municipios de Bolívar, Mercaderes, Sucre, Florencia, El Patía, Argelia, Balboa y El Tambo. Estos lugares, así como Tumaco, son corredores fluviales hacia el Pacífico, por lo que se facilita el tráfico de drogas que pretenden llegar a norte y Centroamérica.

Inteligencia militar ha señalado que en Argelia, Cauca, se presentan algunas confrontaciones entre grupos armados para asumir el control de esta economía criminal. El reporte da cuenta que los dividendos que deja este negocio son elevados, por lo que permiten sostener a la estructura ilegal.

En el centro, norte y oriente del Cauca el narcotráfico es controlado por los disidentes de las Farc, autodenominados como los frentes Dagoberto Ramos Ortiz y Jaime Martínez, y también señalados disidentes del EPL, conocidos como ‘Los Pelusos’. Estos últimos llegaron desde los departamentos de Norte de Santander y Santander.

Lo que preocupa a las autoridades es que alias Mayimbú, disidente de las Farc, está a cargo de la economía ilegal, así como también están en las filas alias Marlon y ‘Barbas’, quienes controlan los invernaderos donde germinan la marihuana tipo creepy.

Esta zona del país es conocida por tener los denominados cristalizaderos donde se elabora la cocaína. Según información de la Sijín, estos se encuentran ubicados en la parte alta de municipios de Corinto, Miranda, Caloto, Toribio y Jambaló.

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Según el reporte de las autoridades, el narcotráfico, además de generar altas rentas ilegales, es el responsable de extorsiones, secuestros y homicidios, como el caso de la excandidata a la alcaldía del municipio de Suárez (Cauca) Karina García y otras cinco personas que fueron asesinadas en septiembre 1.

Es así como entonces el narcotráfico también hace de las suyas, no solo en la economía de los lugares marginados por el conflicto, la afectación a la población civil, con el desplazamiento forzado y el reclutamiento de menores, sino que también llegó al escenario político.

Prueba de ello son los comicios que se adelantaron este año para elegir alcaldes y gobernadores en el territorio nacional. En octubre pasado, la Misión de Observación Electoral (MOE) cuestionó el origen de dinero que ingresó a las campañas.

Alejandra Barrios, directora de la MOE, aseguró que no existe en el país un control para prevenir el ingreso de dineros ilícitos en las campañas de elecciones locales, como las que se llevaron a cabo en octubre pasado.

Lo que expone Barrios es que dado que no hay un sistema que regule tales ingresos, se puede prestar para que en algunas campañas haya dinero proveniente de la minería ilegal y el narcotráfico, por lo que tal situación se puede convertir en un lavado de activos.

Si bien el Gobierno Nacional ha aunado esfuerzos para erradicar el flagelo del narcotráfico, imponiéndose metas de erradicación de cultivos ilícitos e implementado mecanismos de lucha contra la droga, esto no parece poner en riesgo esta actividad.

El ministro Carlos Holmes Trujillo aseguró que en el mandato del presidente Iván Duque cumplieron la meta de erradicar más de 80.000 hectáreas que se habían fijado para este año.

Un reporte oficial da cuenta que entre el primero de enero del año en curso hasta el 5 de diciembre se erradicaron 83.787 hectáreas, con relación al mismo periodo del año 2018, en el que se obtuvo un resultado de 57.037 cultivos ilícitos erradicados.

Pese a alcanzar las metas propuestas, lo que preocupa a expertos como Néstor Rosania, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, es que por cada hectárea que erradican se siembran dos o más en otra parte del país.

Rosania aseguró que así el Gobierno acelere los mecanismos para erradicar el narcotráfico del país, esta es una renta criminal “redonda”, dado que en el gramaje las disidencias de las Farc cobran 150.000 pesos. Es decir, que si les compran una tonelada de droga estarían, redondeando finanzas sobre los 150 millones de pesos.

“Uno ve que eso pasa por un proceso que inicialmente es vender la hoja, convertirla en pasta base, que esta termina valiendo en los cristalizaderos alrededor de 1.800.000 pesos el kilo. Después de eso, lo convierten en clorhidrato de cocaína, que deja ventas desde 4.500.000 a 7.000.000 millones de pesos el kilo”, dijo Rosania.

Bajo ese entendido, dejó claro que así el “Gobierno intente quitar el eslabón de tráfico de droga, no puede acabar con un negocio que genera tanta renta”. Lo que añadió es que desde que se sigan manteniendo en pie los consumidores, la droga seguirá existiendo en el país. Por último, aclaró que si bien no hay un rostro del narcotráfico en este momento, el negocio “ha sido tan rentable ahora como lo fue en la época de Pablo Escobar”.

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La zona alta de Jamundí es uno de los puntos claves en la lucha contra el narcotráfico en el suroccidente colombiano, dado que aparte de permitir un acceso directo al Cauca, hay presencia armada de la disidencia de las Farc Jaime Martínez.

A esto se suman las 1200 hectáreas de coca que hay en la zona, según la Gobernación del Valle, con los corregimientos de Villacolombia, San Antonio, La Liberia y La Meseta como los más afectados.

De hecho, a inicios de diciembre se anunciaron medidas para controlar esta situación tras una reunión entre la Administración departamental y el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.

"Se van a hacer unas operaciones fundamentadas en inteligencia. Tenemos que lograr el control territorial, quitárselo a la ‘Jaime Martínez’ y cuidar a los habitantes de Jamundí", indicó Toro.