No cesa la polémica por la suspensión de la Ley de Garantías, ¿qué pasará ahora?

"Con el propósito de promover la reactivación económica y la generación de empleo en las regiones, a partir de la publicación de la presente ley, y durante la vigencia fiscal 2022, la Nación podrá celebrar convenios interadministrativos con las entidades territoriales para ejecutar programas y proyectos correspondientes al Presupuesto General de la Nación".

Este es el inciso del Artículo 38 de la Ley 996 de 2005 que el Congreso de la República modificó la noche del martes y que en la práctica implica la suspensión de la Ley de Garantías de cara a la campaña electoral del 2022, lo que generó una ola de críticas en el país, al punto que miembros de la oposición demandarán esa decisión.

Es así como Luis Fernando Velasco, uno de los 30 senadores que votó en contra del cambio, mientras que 54 lo avalaron, escribió en Twitter: “Demandaré artículo de Ley de Presupuesto que suspende Ley de Garantías por inconstitucional y solicitaré al presidente del Senado que envíe esa ley a la Corte Constitucional”.

Según él y los demás congresistas que se mostraron contrarios a lo aprobado (39 representantes a la Cámara frente a 98 que dijeron sí), “es ilegal reformar una ley estatutaria a través de una ley de menor categoría”.

Lea además: Fallo de la Corte sobre Nuevo Liberalismo reviviría otros dos partidos políticos

“Contradice varias sentencias de la Corte que ordenan no incluir asuntos ajenos a la ley de presupuesto”, dijo en la misma red social el senador Roy Barreras y agregó: “Advertencia a Gobierno Nacional, gobernadores y alcaldes. Prevarican si la aplican”.

Sin embargo, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, se mostró de acuerdo con que la nueva ley sea revisada por el alto tribunal.

“Yo incluso acompañaría que se tome la decisión de hacer la revisión lo más rápidamente posible. Nosotros tenemos la convicción y el Congreso tiene la convicción de que el propósito superior tiene que ser los más necesitados del país y los que perdieron el empleo”, dijo el funcionario resaltando que el propósito de la suspensión es incentivar la reactivación económica, a través de una ejecución más eficiente la ejecución del Presupuesto General de la Nación.

En declaraciones a La W Radio, Restrepo explicó que, mediante convenios administrativos entre la Administración central y los entes territoriales, se harán inversiones por cuatro billones de pesos.

Sin embargo, la organización no gubernamental Transparencia por Colombia, dijo que lo aprobado por el Congreso de la República es “un grave error” en este momento “porque incrementaría los riesgos de desvío de recursos públicos hacia propósitos electorales”.

En un comunicado, indicó que los convenios interadministrativos son uno de los mecanismos de contratación pública que implica mayor discrecionalidad en la ejecución de recursos públicos, “es decir, permite ejecutar este dinero sin otro tipo de controles que establece el estatuto de contratación pública”.

Y agrega: “Si se pretende contribuir a reactivar la economía a través de contratación de grandes obras de infraestructura, ¿por qué no poner en marcha procesos licitatorios que son menos discrecionales y que mantienen más controles para el uso de recurso públicos, en lugar de abrir la llave de los convenios interadministrativos?”.

Según la ONG, esta modificación a la Ley de Garantías podría servir de incentivo para que intereses particulares busquen capturar esos fondos públicos y desviarlos hacia gastos de campañas, y considera que “este no es el momento oportuno para hacer este tipo de modificaciones, teniendo en cuenta que el contexto electoral prácticamente ya se ha iniciado”.

Lea también: ¡Dio el salto! Caterine Ibargüen será candidata al Senado y encabezará la lista de 'La U'

En ese mismo sentido, el representante a la Cámara Juan Fernando Reyes Kuri sostuvo que suspender la vigencia de la norma “fue un error. No se pueden cambiar las reglas de juego a mitad de camino, faltando cinco meses para las elecciones, sin un debate profundo e integral”.

Para él, lo actuado por el Legislativo en estos momento “contribuye a acabar la confianza en las instituciones, y eso es muy peligroso”.
No obstante, el también representante Gabriel Vallejo, quien votó la suspensión de la Ley de Garantías, escribió en Twitter: “A ustedes les parece justo que durante seis meses, la Nación (entiéndase ministerios y entidades descentralizadas del orden nacional) no puedan celebrar convenios con gobernaciones y municipios para la construcción de carreteras, vías terciarias, colegios, hospitales?”.

Y añadió: “Si le parece injusto, ayer el Congreso de la República suspendió temporalmente un parágrafo de la Ley de Garantías que inexplicablemente y de manera absurda prohíbe celebrar estos convenios durante la campaña presidencial, que permiten inversión social en nuestras regiones”.

De igual forma, el ministro Restrepo aseguró que se garantizará la transparencia en la realización de los convenios interadministrativos entre la Nación y las gobernaciones y los municipios con tres mecanismos.

Estos son: que la entidad publique previamente el proceso de selección que adelante en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), que se contrate únicamente con pliegos tipo y que haya vigilancia especial por parte de la Contraloría General.

Con un monto de $350,4 billones, en la noche del martes también fue aprobado por las plenarias del Senado y la Cámara el Presupuesto General de la Nación para el 2022.

Según el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, dicho presupuesto tiene la inversión pública más alta de la historia de Colombia.

Se fijó un aumento en la inversión de $11 billones con respecto a 2021, para un total de $69,6 billones, lo que representa un crecimiento del 18,8 %. Para gastos de funcionamiento, se destinaron $209,1 billones.