¿Otro intento para saltarse las normas de contratación? Las dudas que genera el proyecto de cambio a la Emru

Por cuarta vez se presentó ante el Concejo de Cali el proyecto para ampliar el objeto social de la Empresa Municipal de Renovación Urbana, Emru. La Administración busca convertir esta compañía en un agente inmobiliario, constructor que, incluso, pueda participar en licitaciones nacionales e internacionales.

Pero, para algunos concejales lo que busca el gobierno local es “tener una empresa de bolsillo para evadir los procesos de contratación pública”, dijo, por ejemplo, el cabildante Roberto Rodríguez, en una constancia, luego de dar apertura al estudio de este proyecto en la Comisión de Entidades Descentralizadas.

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Pero ¿cuáles son los cuestionamientos? La concejal Diana Rojas argumentó que “la Emru es una empresa dedicada exclusivamente a la renovación, sin embargo, ha sido usada por la Alcaldía como un comodín para la contratación directa”.

Rojas afirmó que esta compañía ha servido para realizar contratos “a dedo”, y que ahora se buscaría hacerlo “con nuevas unidades de negocio como contratar obras y mobiliario urbano”. Lo que permitiría, según la cabildante, convertir a la Emru en una gran empresa para la contratación directa, haciendo “lo que quiera el Alcalde” y evitando, de esta manera, realizar licitaciones públicas.

Ampliar el objeto social no solo permitiría a la entidad cambiar su nombre, de Emru a Edru, o sea, Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana, sino que también buscan que el organismo genere más ingresos al Distrito y que se adapte a una nueva realidad de expansión urbana, en especial a apostarle a la construcción en altura, según dijo Yecid Cruz, gerente de esta compañía.

Ahora bien, con dicho cambio, la entidad podría contratar bajo las condiciones y reglas del derecho privado, es decir, no realizar ningún concurso público, licitación, ni adherirse a la Ley 80 de contratación para cerrar acuerdos, dicen expertos.

Es decir, como entidad descentralizada del Estado, puede firmar contratos con la Alcaldía o cualquier dependencia de la Administración bajo ese modelo, y después, gracias a las facilidades con empresas del sector privado, subcontratar.

Al respecto, el concejal Roberto Ortiz comentó: “Yo he sido una de las personas que ha rechazado esa modificación, sobre todo porque me produce mucha desconfianza que la Administración de Jorge Iván Ospina vaya a hacer más convenios interadministrativos. Ya han sido denunciados muchos de ellos y se han encontrado irregularidades, como sucedió con la Feria Virtual del año 2020”.

Ante estas declaraciones, el gerente de la Emru aseguró que no desea evadir la ley de contratación y que lo que realmente espera es “poder dar un impulso, entrar y ayudar a dejar todo montado y que sea el empresariado privado (a través de sus propios concursos de licitación) el que siga el desarrollo de los proyectos. Nosotros no queremos sustituir al empresariado”.

Otra crítica provino del Laboratorio Mi Cali Contrata Bien, que recordó que en el 2021 la Emru apenas cumplió con el 34,06 % de sus metas del Plan Distrital de Desarrollo. A esto se suma el aumento en el presupuesto anual; en 2019 era de $ 3027 millones, cifra que se ha multiplicado seis veces en la actual Administración, con $ 17.384 de presupuesto en 2022.

La vocera de este laboratorio de investigación, María Isabel Alvarado, cuestionó: “Otorgar funciones adicionales a la Emru es incrementar escenarios de contratación directa que tienden a favorecer la opacidad. ¿Por qué no primero fortalecer técnicamente la entidad para que cumpla con sus funciones y objetivos actuales, brindándole a Cali la oportunidad de concretar los proyectos de renovación urbana que tiene hoy a su cargo?”.

El gerente de la Emru, Yecid Cruz, explicó que no planea, ni él ni la Alcaldía, apropiarse de los contratos públicos para repartirlos a dedo, sino abrirle los caminos a las empresas para que inviertan y se apropien de los proyectos de la ciudad.

También enfatizó en que no se está buscando ningún tipo de favorecimiento propio, sino el de la ciudad, y lo explicó por medio de tres frentes. “Uno, para dar respuestas a las necesidades de Cali. Con todo el tema ambiental y ecológico, como lo que ha pasado con las inundaciones. Es muy importante que las ciudades se piensen en materia de sostenibilidad. Dos, en materia social. Acabamos de salir de un proceso de recomposición social grande y hay que pensar en darle respuesta a la comunidad, donde puedan tener buenos parques, buenos andenes, ciclorrutas”, argumentó Cruz.

En el tercer eje, Cruz mencionó que se planea que la Emru le aporte a la ciudad todo el conocimiento recogido de las obras y trabajos que ha realizado a lo largo de sus 20 años. Algunos polémicos en su momento, como el hundimiento de la Avenida Colombia, y otros muy favorables para la población, como el Colegio Nuevo Latir. Cruz indicó que hay que “darles respuesta a las necesidades de la Cali del futuro, a la Cali del 2050”.

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Sin embargo, según el Laboratorio Mi Cali Contrata Bien, la Emru ha hecho convenios interadministrativos como el suscrito en noviembre del 2021 con Planeación Municipal para elaborar los estudios técnicos del proyecto del bulevar de San Antonio, pero al final subcontrató con otras entidades, es decir que no ejecutó de manera directa el contrato.

Pie de foto: En enero del 2022 iniciaron las primeras obras de Ciudad Paraíso, que consisten en la construcción del proyecto habitacional en El Calvario. Esta iniciativa, que fue planteada por primera vez hace más de 10 años, es liderada por la Emru.