Piden reforzar seguridad en la zona rural de Cali

Habitantes de los corregimientos y veredas de Cali le pidieron a las autoridades locales mejorar la seguridad en estos sectores, ya que se han estado presentando varios delitos, entre ellos, hurtos y homicidios.

La zona rural de la capital del Valle está conformada por 103 veredas y 15 corregimientos: El Hormiguero, El Saladito, Felidia, Golondrinas, La Buitrera, La Castilla, La Elvira, La Leonera, La Paz, Los Andes, Montebelllo, Pance, Pichindé, Villacarmelo, ubicados al norte de la ciudad, y Navarro, al oriente.

De acuerdo con el Observatorio de Seguridad de Cali, en la zona rural, en lo que va corrido del año, se han registrado 26 asesinatos, 13 % más que el mismo lapso del año anterior.

Dos de los homicidios registrados en la parte rural tuvieron lugar en el corregimiento Villacarmelo y fueron cometidos contra líderes sociales. Uno de ellos fue el caso de Jorge Enrique Oramas, un líder ambiental que lideraba el proyecto ‘Biocanto del Milenio’, y fue asesinado el pasado mes de mayo.

El segundo caso fue la muerte violenta de Jaime Monge Hamman, el líder ambiental y creador del proyecto la ‘Pacha Mama’, que fue asesinado el pasado 18 de agosto en su casa.

Los dos líderes se oponían a la minería ilegal en el parque natural Los Farallones.

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Frente a ello, Alberto Sánchez, investigador en seguridad ciudadana, manifestó que los delitos que se han presentado en la zona rural “pueden estar ligados con las mal llamadas invasiones, que desde hace unos años tienen un repertorio de incidentes como quemas, amenazas e incluso homicidios, sobre todo a los líderes que están tratando de evitar que eso ocurra en sus territorios”.

Otro de los casos de homicidios que se han presentado en la zona rural de Cali este año fue el de Diego Delgado, un joven de 22 años que había sido reportado como desaparecido y días después su cuerpo fue encontrado semienterrado en una cueva ubicada en un callejón conocido como La Florida, en el kilómetro 8 de la vereda Anchicayá, de la Buitrera.

Con relación a ello, el director del Instituto Cisalva de la Universidad del Valle, Adalberto Sánchez, argumentó que “generalmente los asesinatos en zonas rurales están asociados a personas que viven en esos territorios, es raro que se presente un caso de homicidio de una persona de la zona urbana en estas zonas. Por eso hay que trabajar directamente con esas comunidades”.

Frente a los hurtos, el Observatorio de Seguridad indicó que entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año, se reportaron 15 casos de hurto a fincas, un hecho que según los expertos, estaría ligado directamente a la zona rural de la ciudad, que es donde se encuentran este tipo de viviendas.

Al respecto, el director de Cisalva recalcó que “geográficamente sí, las fincas son viviendas de zona rural, y el problema es que en la mayoría de los casos las que son hurtadas son lugares de paseo que se visitan poco, tal vez solo los fines de semana y eso es algo que facilita el delito”.

Asimismo, Andrés Nieto, analista en seguridad de la Universidad Central, explicó que “las zonas rurales tienen afectación delictiva diferente y el hurto a fincas no es la excepción. Los delincuentes hacen recorridos para encontrar horas y fechas en las que los predios son más vulnerables por ausencia de los cuidadores o dueños”.

Por otra parte, con relación a lo que las autoridades deberían hacer en materia de seguridad en las zonas rurales de Cali, los expertos manifestaron que es importante que se trabaje con la comunidad, pero también, que se implementen estrategias acordes con la situación de los territorios.

“Los procesos sociales son fundamentales, la presencia institucional de todos los sectores es clave y sobre todo entender que los proyectos y acciones en seguridad deben ser diferenciales porque sin duda alguna, las zonas con dinámicas rurales tienen una forma distinta de afectación delictiva”, dijo Andrés Nieto.

De igual manera, Alberto Sánchez afirmó que para analizar la situación de homicidios y hurtos que está aquejando a la comunidad, es necesario que la Administración Municipal comparta y evalúe los datos de los sectores rurales detalladamente.

“El problema es que solo se tienen los datos generales de cómo está la afectación de la zona y ese es un problema grave. Es difícil hacer una aseveración cuando no se conoce exactamente dónde se están presentando los casos, sino que solo se sabe que hay un aumento de delitos en la zona rural”, puntualizó Sánchez.

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