Preocupación por nuevo asentamiento de migrantes venezolanos en el norte de Cali

Robert Ramírez es oriundo del estado Aragua, en Venezuela. Tiene 28 años y es la segunda vez que está viviendo en un cambuche en el separador de la Calle 25.

Afirma que le tocó volver a ese lugar porque lo que gana vendiendo dulces en las vías, no le alcanza para pagar un arriendo en la ciudad y, al mismo tiempo, sostener a sus nueve hijos, que residen en el vecino país.

“En Cali llevo viviendo un año y medio y aquí (en el corredor férreo) estoy hace dos meses y medio con mi señora, mi mamá, un hermano y un primo. Yo fabricaba jabones artesanales en Venezuela, pero por la crisis me tocó irme”, cuenta Ramírez.

Él es uno de los cerca de 200 migrantes que actualmente están viviendo en el campamento de venezolanos de la Calle 25, cerca a la Terminal de Transportes, un espacio que fue desalojado por la Alcaldía de Cali en enero de este año pero que, una vez más, volvió a ser ocupado.

“Yo estoy aquí hace 20 días. Llegué con mi esposa y con mis cinco hijos pero, a diferencia de ellos, soy caleño. A Venezuela migré en el año 1979 cuando el país era un paraíso. Allí trabajaba vendiendo productos medicinales naturales, pero tuve que devolverme a Colombia porque no teníamos qué comer. Ahora, gracias a Dios, aquí no nos faltan los alimentos ni a mí ni a mis hijos”, relata Gabriel Cardona, de 68 años y quien viste un disfraz de Papá Noel que utiliza para pedir limosna en los semáforos.

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Entre tanto, Yurany (*), de 32 años y oriunda de la ciudad de San Cristóbal, en Venezuela, manifiesta que es la segunda vez que habita en el campamento de la Calle 25. Allí vive con su esposo y sus tres hijos.

“Después de que en enero nos desalojaron de este lugar, me fui para una residencia con mi familia, pero nos tocó volver aquí porque mi esposo, que trabaja en construcción, se quedó sin trabajo y al final ya no le pagaban. Ahora subsisto vendiendo caramelos y quiero quedarme viviendo en Cali, pero me negaron el Permiso Especial de Permanencia (PEP) y a mí esposo no se lo han querido renovar”, asegura la mujer.

Yanira González, coordinadora de la Corporación Colvenz, que agrupa a la colonia de venezolanos radicados en el Valle del Cauca, asevera que el corredor férreo de la Calle 25, nunca estuvo realmente desocupado.

“Allí hay personas que habían estado antes y que en ningún momento se fueron sino que, por el contrario, se han prestado para que nuevos migrantes lleguen a ocupar esa zona. Pero, lo que más preocupa, es que no se ha hecho un seguimiento de las autoridades para impedir que ese espacio sea tomado nuevamente”, dice.

Para el concejal Roberto Rodríguez, el asentamiento de los migrantes en la zona es un tema crítico porque está generando inseguridad en el entorno.

“A los venezolanos les ha dado por pedir limosna y limpiar parabrisas en grupitos, pero a los que no quieren que les limpien el parabrisas, los roban. Entonces, pasar por los alrededores de la terminal en horas de la noche da un susto terrible. Pero, además, el campamento se volvió un sitio de consumo y expendio de drogas”, manifiesta Rodríguez.

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Entre tanto, el cabildante Fernando Tamayo afirma que esta situación se volvió a repetir en Cali por la falta de control y autoridad por parte de la Administración Municipal.

“Maurice Armitage ha sido un alcalde demasiado paternalista y sensiblero, y está permitiendo que muchos migrantes que no están de manera legal lleguen a la ciudad y los contraten como si fueran esclavos y, además, le quiten trabajo a los caleños. Hay que acabar esa sinvergüencería. En Cali y en Colombia las personas que estén de manera ilegal y que no tengan permiso de trabajo deben ser deportadas”, sostiene Tamayo.

Frente a este tema, el País intentó contactarse con Carolina Campo, secretaria de Bienestar Social de Cali y vocera del mismo, pero no fue posible.

Vale la pena precisar que según la Administración, en Cali hay cerca de 50.000 venezolanos.

(*) Nombre cambiado.

Hasta la fecha, la Alcaldía de Cali ya ha realizado 2 desalojos de zonas públicas en la ciudad, cerca a la Terminal de Transportes, que estuvieron ocupadas por venezolanos.

Cerca de 1000 migrantes venezolanos se benefician a diario de la red de los 475 comedores que hay en toda la ciudad.

Los niños migrantes también pueden tener acceso a los Centros de Desarrollo Infantil, CDI. Para ser beneficiarios de estas instituciones, los padres deben dirigirse al CDI más cercano a su lugar de residencia.

En los CDI se les informará qué documentos necesitan para poder ingresar a sus hijos a estos lugares. En caso de que la familia no cuente con la documentación, se aplica la orientación establecida por Icbf. En ningún caso la falta de cualquier documento impide la asignación del cupo en los CDI.