Proponen crear Secretaría para recuperación de tierras por invasiones en Cali

En la carta, que en realidad es un chat de WhatsApp, se la envió el exalcalde Ricardo Cobo al actual mandatario de la ciudad, Jorge Iván Ospina. Allí, palabras más, palabras menos, le propone que en Cali se cree una secretaría de recuperación de tierras, para enfrentar una problemática a la que no se le puso atención durante los últimos 50 años y que en los días de la pandemia por el coronavirus pareciera estar haciendo metástasis: las invasiones.

“Son muchísimas, con solo mencionar algunas, queda uno más que preocupado: Altos de Santa Helena, Pízamos, el corredor férreo. En El Saladito la situación adquiere ribetes de alerta mayor porque se están contaminando las fuentes hídricas. También está comprometida la estabilidad del Bosque de Niebla en la vereda de San Antonio, a donde llegan visitantes del mundo entero al avistamiento de aves. La situación es dramática”, escribe Cobo.

En la carta, agrega: “Las invasiones en Cali no se controlan y menos se erradican con buenas intenciones, sino con acciones de Gobierno. La preocupación que me asiste tiene fundamento no solo en la situación que vivimos sino en el modelo que se aplica. Considero que la Secretaría de Seguridad y Justicia tiene demasiados frentes qué atender. Por eso considero que se debe dar un ajuste que permita consolidar una secretaría para la vigilancia y la recuperación de tierras, con los instrumentos, los funcionarios y los ‘dientes’ necesarios para que cumpla efectivamente con esa labor tan importante. Cali ha sido una ciudad que, como dijo el exalcalde Germán Villegas, no crece, sino que se hincha”.

Lea además: El reto de la financiación del plan de desarrollo de Cali

Las invasiones hinchan a Cali en silencio, durante la noche, aunque a veces es posible avistar el movimiento de quienes invaden a la luz del día Esta semana habitantes del barrio Cristales denunciaron a dos muchachos que, escalera en mano, recorrieron la parte baja de la montaña para tender postes y redes eléctricas. No es la primera vez que lo intentan. Según el abogado César Lemus, quien lidera la Unidad contra Invasiones, hace dos meses fueron capturadas dos personas mientras hacían lo mismo. Un investigador de este grupo explicó que detrás de la instalación de esas redes estaría un funcionario de la Rama Judicial. — Después de las denuncias de la comunidad, recorrí la zona y constaté que están intentando instalar, de nuevo, redes eléctricas. Lo que descarto son las quemas de bosque. No ocurrieron. Lo más probable es que se tratara de quema de basuras dentro de la invasión. Pero con la comunidad de Los Cristales acordamos que cualquier movimiento será denunciado para actuar rápido –dijo Lemus, mientras hacía un operativo en otra invasión de Cali: Las Minas, en Altos de Normandía, donde las construcciones proliferan.

Si se hiciera un mapa para ubicar las invasiones, habría que rellenarlo de 223 puntos rojos. Corresponden a las invasiones que tiene identificadas la Alcaldía. Pero se requerirían muchos más. Parte del problema es ese: no existe un sistema de información que permita determinar cuántas invasiones hay en Cali, y en qué estado se encuentran los procesos jurídicos para hacerles seguimiento.

Una de las invasiones que crece con más rapidez es la ubicada en el corredor férreo, justo atrás del Cementerio Metropolitano del Sur, en la vía que de Cali conduce a Jamundí; el punto por donde pasará el Tren de Cercanías.

En un recorrido que realizó este diario se constató que 40 familias ya habitan allí, y se siguen levantando nuevas casas. Más adelante hay empresas que corrieron el cerco e invadieron el corredor donde otrora pasaba el tren. Y al final, tras una reja, como si se tratara de un terreno privado, hay una caballeriza.

También continúa la invasión de La Viga, en Pance, donde habitan 22 familias entre campesinas e indígenas, así como las múltiples invasiones de El Saladito, La Betulia y Altos de Menga, en el Cerro de Golondrinas, a tres minutos de Chipichape, donde se levantan edificios de apartaestudios en terrenos del Municipio, las casas de lujo que alguien está haciendo en el corregimiento de Montebello en predios que son considerados de conservación, o las viviendas que se están levantando entre los árboles del Ecoparque Bataclán, a dos minutos de la Avenida Sexta.

— El de las invasiones es un deterioro sistémico de Cali. Yo entré al Concejo en 1990. En 1991, hace ya 29 años, tenía que estar escoltado después de las denuncias del robo de predios que hice. Estamos ante mafias cada vez más especializadas –reitera Ricardo Cobo.

Lea además: El reto de la financiación del plan de desarrollo de Cali

Sobre la propuesta de crear una secretaría para la recuperación de tierras, la concejala Diana Rojas -quien ha venido denunciando la aparición de nuevas invasiones– considera que es un debate que Cali debe dar.

– No sé si la solución sea crear una secretaría, porque entonces todos los problemas requerirían una dependencia distinta, pero sí considero que debe estar constituida una estructura contra las invasiones dentro del esquema organizacional de la Administración Municipal. La Unidad Contra Invasiones surge en la Alcaldía de Maurice Armitage con unos recursos destinados desde el Dagma y la Secretaría de Seguridad, pero es algo que nace de la voluntad del alcalde, y no debe ser así. La planeación organizada de la ciudad debe ser responsabilidad de la Administración y no puede quedar en manos de la voluntad de una Secretaría de Seguridad y Justicia para hacer los operativos. Cali, es cierto, se está enfrentando a grandes mafias, los responsables de la mayoría de las invasiones.

Uno de los casos donde se comprobó la actuación de estas mafias sucedió en 2018 y resultó doloroso: el incendio de 118 hectáreas de bosque en Cristo Rey. Quienes iniciaron el fuego pretendían limpiar la zona para lotearla.

Diana Rojas advierte además de una realidad que puede terminar en una gran tragedia: 39 % de las invasiones están ubicadas en sectores considerados de alto riesgo no mitigable; al lado de los ríos o en pendientes donde no hay manera de hacer construcciones que soporten un sismo.

— Tenemos una responsabilidad como ciudad: no nos puede parecer normal que tantas familias vivan en esas condiciones.

El concejal Fernando Tamayo, por su parte, comenta que la propuesta de crear una secretaría para la recuperación de las tierras en estos días de pandemia por el coronavirus “sería imposible en términos presupuestales”.

— Considero, en cambio, que si la Secretaría de Seguridad y Justicia asumiera a cabalidad su responsabilidad, no sería necesario llegar a esas instancias. Lo que se requiere es una decisión política de darle prelación al control. El problema que se debe reconocer es que desde la institucionalidad se mira con paternalismo el actuar de la autoridad en el tema de las invasiones. Y aquí se debe actuar rápido, en las primeras 48 horas en que inicia una invasión. De lo contrario, comienza a dilatarse el proceso mientras la invasión crece. Es lo que ha venido pasando. La gran pregunta que hay qué hacer es cuántos invasores profesionales de tierras han sido judicializados.

Este diario le consultó a la Fiscalía dicha información, pero hasta el cierre de esta edición los datos no fueron suministrados.

El abogado César Lemus, asesor del alcalde Ospina y quien lidera la Unidad contra Invasiones, considera de otro lado que, más allá de una secretaría de recuperación de tierras, lo que Cali debe hacer es reestructurar el sistema actual para combatir la problemática.

— No hay que olvidar que las invasiones las contienen fundamentalmente los corregidores, los inspectores y las autoridades ambientales, llámese Dagma, CVC o Parques Nacionales, porque tienen jurisdicción en porciones importantes del territorio. Sin embargo, los corregidores en muchos casos están solos en el área rural, sin herramientas para trabajar, o maniatados por diferentes circunstancias para tomar decisiones contra los invasores. Si esas decisiones no se toman, ¿qué puede hacer una secretaría? Sin embargo, también hay que reconocer que desde hace dos años la Administración está abordando el tema con una visión integral. Además de la Unidad contra Invasiones, se montó un comité de planificación para la acción.

Dicho comité está en revisión. Una de las entidades fundamentales que debe tener asiento allí, no está: la Policía. También se le propuso al Gobierno Nacional ampliar el plazo para desalojar las invasiones sin requerir orden judicial: 48 horas es poco tiempo para actuar, en una ciudad de la complejidad de Cali.

— Sin embargo, si tenemos una Policía articulada para que en las primeras 48 horas se puedan prevenir las invasiones, se evita que el problema crezca y nos podemos dedicar a resolver los conflictos complejos, que son los que terminan en un despacho judicial. La apuesta de esta Alcaldía es evitar que continúen naciendo nuevas invasiones e intervenir los asentamientos que llevan décadas y que son un polvorín al estar en zonas de alto riesgo. Un polvorín social y ambiental. Dios no lo quiera, pero la mayoría están en zonas de alta sismicidad y podría ocurrir una tragedia de proporciones incalculables –dice Lemus.

Lea además: El reto de la financiación del plan de desarrollo de Cali

Este viernes la Unidad contra Invasiones, junto con la Policía y Emcali, desmontó las redes eléctricas que se estaban tendiendo en la zona baja de Los Cristales.

De otro lado, informaron que los predios ubicados en la vuelta de El Cerezo, en zonas de invasión, ya tienen orden de demolición.

En la invasión de La Viga, en Pance, se constató que no hay nuevas construcciones. El proceso con este asentamiento continúa, al igual que el de las invasiones ubicadas en El Saladito, como los asentamientos de Montañuelas.